Tersa adjudica la gestión de sus cenizas tóxicas de la zona del Fòrum por 7 millones

Las cenizas de la polémica Tersa ya tienen quien las controle: la compañía Atlas Gestión Medioambiental se acaba de hacer a finales de marzo con el millonario contrato para “el transporte y la gestión de las cenizas volantes de la planta de Valorización Energética de Sant Adrià de Besòs”. El primer tramo de ese trabajo se desarrollará durante los dos próximos años, cuyo contrato ya está otorgado: 3.475.725 euros. Las cláusulas prevén que pueda haber una prórroga por otros dos años, lo que eleva el importe de la adjudicación a prácticamente 7 millones de euros.

Tersa está presidida por el concejal Eloi Badia, responsable de Emergencia Climática y Transición Ecológica. Badia está imputado en el juzgado de instrucción número 5 de Badalona tras una denuncia de la Fiscalía que acusa a TERSA de emitir al ambiente sustancias cancerígenas, hasta el punto de que los residentes en la zona de la incineradora que está entre Sant Adrià y Barcelona son, entre tres y cuatro veces, más propensos a desarrollar cáncer a lo largo de su vida que los habitantes de otras zonas, al menos entre 2015 y 2019.

DESPRECIO A LOS VECINOS

Durante años, TERSA y los responsables municipales hicieron oídos sordos a las denuncias que les llegaban desde asociaciones de vecinos y desde plataformas cívicas sobre los peligros de las emisiones de la factoría. El año pasado, tras la imputación de Badia, el Ayuntamiento anunció la puesta en marcha de un Observatorio Ambiental Ciudadano. Hasta ese momento, ni Badia ni la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, habían querido recibir a los protestantes.

Precisamente el juzgado citó a declarar a Badia el próximo día 11 de abril, juntamente con el exresponsable de explotación de la compañía, Francesc R. Según la Fiscalía, la planta de Tersa ubicada en el litoral estaba funcionando con “prácticas irregulares” y controles deficientes, lo que ha provocado “la emisión a la atmósfera desde la planta de compuestos contaminantes con unas concentraciones superiores a las permitidas y que causarían un riesgo grave para la salud de las personas que viven en el entorno de la incineradora, así como para el medio ambiente”.

UNA ‘RESCISIÓN’ SOSPECHOSA

A pocos días de esa comparecencia, Badia ha otorgado el contrato citado a Atlas Gestión Medioambiental. Una memoria justificativa interna de Tersa señala que Atlas ha de gestionar unas “12.500 toneladas anuales de cenizas volantes de incineración que contienen sustancias peligrosas”. Este informe resalta que “la retirada de este residuo es esencial para garantizar el funcionamiento de la planta. La posible interrupción del servicio de retirada y gestión, por cualquier causa, por un periodo superior a dos días, supondría una parada total de la instalación. El potencial perjuicio ocasionado por esta posible eventualidad, tendría una gran afectación en la gestión de los residuos municipales del Área Metropolitana de Barcelona”.

Planta de la compañía Tersa / TERSA

Según se recoge en ese informe, en diciembre pasado, a pocos meses de la imputación de Badia, el Ayuntamiento decidió rescindir el contrato en vigor con la empresa que lo llevaba hasta ese momento. “La necesidad de contratación viene dada por la próxima finalización del anterior contrato a causa de la actual situación de inestabilidad del mercado, decidiendo rescindir el contrato las dos partes de mutuo acuerdo hasta disponer de nuevo adjudicatario, y ejecutando un procedimiento concorde a la situación actual de mercado de una duración más decidida sobre las bases de ésta”.

UNA CUESTIÓN DE DINERO

¿Qué ha pasado para romper el contrato y hacer uno nuevo? Simplemente, no era una cuestión de seguridad, sino de dinero: el anterior contrato, del que Metrópoli tiene una copia, fue firmado en noviembre de 2020. Los dos primeros años costaron al Ayuntamiento 2.610.960 euros, que debían prorrogarse a finales de 2022 por otro monto similar. Por tanto, el importe de los 4 años ascendía a 5,2 millones de euros. Pero con la rescisión de los dos últimos años del anterior contrato, el precio se ha disparado prácticamente el 21%: ha pasado de 5.220.000 a 6.950.000 euros. Lo más curioso es que la empresa a la que se rescindió el contrato era… Atlas Gestión Medioambiental. Es decir, la misma empresa a la que se vuelve a otorgar un contrato de 4 años convenientemente blindado con 7 millones.

Es más, los pliegos de prescripciones son similares a los del anterior contrato y se exigen las mismas condiciones. Incluso se detalla que, para realizar ese cometido, el contrato dispone que las cisternas “serán estancas y dispondrán de bocas de carga que se ajusten de forma hermética a la manga de descarga”. Asociaciones ecologistas, no obstante, habían distribuido fotografías realizadas en el interior de la planta conforme las bocas estaban rotas y podían verter al aire sustancias tóxicas mientras se vertían en las cubas de los camiones. También se exige el cierre hermético de las conexiones y, además, que los vehículos adscritos al servicio dispongan de la etiqueta ambiental de la DGT. Lo único que cambia, pues, son los número en los cheques.

UNA EMPRESA DE LAS KOPLOWITZ

Atlas, la empresa beneficiaria, es de la órbita de FCC, la compañía de las hermanas Koplowitz. De hecho, la presidencia está ocupada por la empresa Enviland Medio Ambiente y en su consejo se sientan FCC Ámbito, International Services Inc (de la órbita FCC) y Limpiezas Urbanas de Mallorca (también vinculada a FCC). Pero en un 50% está controlada por el grupo Tradebe a través de las empresas Magma Tratamientos y Tradebe Gestión España, de la familia Creixell, especialista en gestión de residuos.

Fotomontaje donde aparecen Eloi Badia y la incineradora Tersa

Atlas forma parte del subsector de residuos industriales de FCC, lo que se conoce como FCC Ámbito, que presta su servicio en 50 instalaciones. En Catalunya, Atlas Gestión Medioambiental explota el Depósito de Residuos Peligrosos, una actividad declarada servicio público por la Generalitat. La compañía tiene un depósito de residuos industriales en Castellolí, con una superficie de 222.162 metros cuadrados, según consta en la última memoria de declaración ambiental de Atlas, correspondiente al año 2021. Es el único depósito de residuos de estas características que existe en Catalunya y lleva funcionando unos 17 años. Ese depósito es de acceso restringido y sólo puede accederse a él por una puerta controlada desde las oficinas.