Catalunya y, en particular Barcelona, lideran las estadísticas de okupación ilegal de vivienda a nivel estatal. Entre 2015 y 2022 las denuncias por este delito han aumentado más de un 77% en la comunidad autónoma, según un estudio reciente del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada. Los datos del Ministerio del Interior también indican que Catalunya es la comunidad autónoma con mayor número de infracciones penales conocidas de okupación de inmuebles. Según el organismo público, se produjeron un total de 3.770 okupaciones ilegales entre enero y junio de 2022. Según datos de la conselleria de Interior, las denuncias por okupaciones de inmuebles en Catalunya se situaron en 2022 en 7.168, un registro parecido a las 7.345 que se contabilizaron en 2021.
El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) suele concentrar gran parte de estas cifras. De hecho, en los últimos años la capital catalana ha protagonizado algunos de los casos más sonados del panorama okupa. Barcelona se ha coronado como la provincia con más okupaciones de toda España. Además, ha sido escenario de la aparición de nuevos perfiles que no están en riesgo de exclusión y que, pese a disponer de ingresos y empleo estables, no aceptan el fin de sus contratos de alquiler y permanecen en las viviendas.
Más allá de las diferentes casuísticas, algunos expertos acusan al Ayuntamiento de Barcelona de haber sido tibio con el fenómeno okupa, lo que ha propiciado su expansión, salpicando el mapa de la ciudad de distintos casos que afectan a casi todos los distritos.
Casa Orsola, 'inquiokupas' de alquiler
Una de las situaciones de okupación ilegal más recientes es la de Casa Orsola, en el cruce de las calles Consell de Cent y Calabria. Este coqueto edificio modernista del Eixample, conocido por la rebelión de varios inquilinos no vulnerables que se niegan a abandonar las viviendas pese a la finalización de sus contratos, sufrió dos okupaciones ilegales a finales de junio de 2022. Varias personas accedieron por la fuerza a dos inmuebles con el apoyo de algunos vecinos y del Sindicat de Llogaters, según denunció la propiedad.
Imagen de la Casa Orsola, en la calle de Consell de Cent
Tras la celebración de juicio oral por uno de estos casos, una jueza del Juzgado de Primera Instancia núm. 22 de Barcelona condenó a uno de los okupas al desalojo de la vivienda y al pago de las costas derivadas del procedimiento. Asimismo, en la sentencia lamentaba la “mala fe” y “temeridad” del ocupante ilegal por reclamar un alquiler social a la propiedad pese a no tener derecho a ello y haber accedido al inmueble vulnerando el sistema de seguridad.
El distrito del Eixample también ha registrado en los últimos meses otros casos de okupación ilegal. En la calle Muntaner se han dado varias peleas y robos vinculados a una finca con presencia de okupas, lo que ha generado importantes molestias entre comerciantes y vecinos de los edificios colindantes. Denuncian que la finca en cuestión, cercana a Gran Via de Les Corts Catalanes y plaza Universitat, contribuye a un aumento de la inseguridad en la zona.
Ciutat Vella, epicentro de narcopisos
La proliferación de los casos de okupación en Barcelona también ha dado pie a otros delitos que perjudican especialmente al distrito de Ciutat Vella y, en concreto, al barrio de El Raval: el tráfico y consumo de estupefacientes en inmuebles okupados. Asociaciones de vecinos de esta zona llevan meses denunciando la presencia de decenas de narcopisos que enturbian la convivencia y producen grandes problemas entre la comunidad.
A finales de 2022, la Xarxa Veïnal del Raval y Acció Raval denunciaban la presencia de más de 60 narcopisos en El Raval, y reclamaban medidas urgentes al Ayuntamiento de Barcelona y a la Generalitat de Catalunya para poner coto a este fenómeno promovido, en ocasiones, por mafias. Los narcopisos se han reducido en el centro de la ciudad, pero no han desaparecido, según lamentan fuentes vecinales a este medio.
Sin embargo, este no es el único modelo de okupación que afecta a Ciutat Vella. Desde mediados de 2020, la antigua escuela Massana de la plaza de la Gardunya se encuentra okupada por varias entidades que exigen al consistorio barcelonés la cesión definitiva de este espacio que, por otro lado, exigen los propios profesores de la nueva sede de la escuela de arte y de diseño Massana para contar de nuevo con las antiguas instalaciones y ahorrarse el alquiler de otros espacios.
No obstante, el gobierno local de Ada Colau no tiene previsto acceder a esta petición y, por el momento, prosigue la okupación de estas dependencias. De hecho, las entidades okupas de la antigua escuela Massana han amenazado con sabotear la campaña electoral de Barcelona En Comú previa a las elecciones municipales del 28 de mayo y exigen al Ayuntamiento que les ceda el espacio durante 50 años.
Gràcia: Casal Tres Lliris
El tejido asociativo en Barcelona es muy amplio y diverso, y entre las muchas organizaciones sociales que se mantienen activas en la ciudad hay un importante número de ellas que han okupado ilegalmente inmuebles. Este es también el caso del local Tres Lliris de Gràcia, que llevó a la imputación del concejal de distrito, Eloi Badia, aunque recientemente el juez dictó el archivo de la querella al no ver indicios de delito.
Una comunidad de propietarios acusó al edil de un delito de prevaricación y otro de malversación por haber cedido el local a una asociación de okupas que allanó el inmueble en 2015. Según los querellantes, Badia lo había cedido de forma fraudulenta en 2017 a la Associació de Joves de Gràcia, ya que la cesión se había hecho a dedo y sin concurso público. No obstante, el juez desestimó la querella debido a que la concesión de locales de uso social, como el de este caso, es de libre designación por el ayuntamiento y no requiere concurso público.
Amenazas en La Bonanova
La zona alta de Barcelona tampoco se libra del problema de la okupación. El distrito de Sarrià - Sant Gervasi tiene en El Kubo un bastión okupa que los Mossos d’Esquadra no han conseguido desalojar. La calle Joan de la Salle cuenta con este espacio completamente fortificado que los ocupantes rodearon de vallas durante el último intento de desalojo por parte de las autoridades, que se vio frustrado. Los propios miembros de El Kubo y de La Ruïna, otro espacio okupa de la zona, anunciaron en sus redes sociales que, si eran expulsados de ambos espacios, Sant Gervasi “ardería”.
Ada Colau en un fotomontaje del edificio okupado en la Bonanova
La zona de Poble-Sec también ha vivido momentos de tensión. La calle Blesa fue testigo del trasiego delincuencial en el entorno de un local ‘okupa’ que, tras numerosas quejas de los vecinos, fue desalojado en el mes de abril. Los gritos, las peleas y un apuñalamiento desataron la intervención de los Mossos, que detuvieron a un total de 19 personas; entre todas sumaban más de 100 antecedentes policiales.
En la calle Salvà del mismo distrito también se ha registrado un narcopiso que ha sembrado el miedo entre los vecinos del bloque, quienes incluso han solicitado formalmente al Ayuntamiento de Barcelona que intervenga para poner fin a una situación que genera incertidumbre e intranquilidad y que, en general, parece no tener fin en la ciudad.