El Ayuntamiento de Barcelona no quiere sorpresas en los edificios de promoción municipal. En febrero pasado, encargó la elaboración de un informe urgente para preservar la seguridad y vigilar que los edificios de promoción, gestión y administración del Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) no sean okupados ilegalmente. Este mes de septiembre acaba de firmar con la empresa Security Services Kuo un contrato por 2.158.833 euros para velar por la vigilancia y seguridad de los edificios del instituto. El contrato tiene una duración de ocho meses, pero podrá ser prorrogado por otros seis meses. El presupuesto por esa prórroga está previsto en algo más de 1,6 millones, por lo que el monto total se sitúa en casi 3,8 millones durante los 14 meses. Además, prevé que podría haber un incremento de 380.563 euros por diversos motivos (un 10% del total) y un encarecimiento del 20% (761.126 euros) por modificación de contrato (por ejemplo, si se suman nuevos edificios que se han de preservar).
En el informe encargado en febrero pasado se especifica claramente que este gasto del Ayuntamiento “es necesario para el desarrollo de la actividad y las competencias municipales y tiene como finalidad evitar las okupaciones ilegales y/o echadas a perder de las viviendas, locales y aparcamientos propiedad o administrados por el IMHAB, así como los elementos comunes o instalaciones de los edificios”. En otras palabras, el Ayuntamiento se blinda contra las redes de okupas que podrían haber puesto su ojo en los edificios municipales. “El elevado aumento de okupaciones ilegales actual hace que el IMHAB deba aumentar las medidas de vigilancia en sus promociones para contrarrestar el elevado riesgo de ocupación”, dice el informe.
AUMENTO DE LAS OKUPACIONES
En esos momentos, según los datos del propio Ayuntamiento, se producían entre 8 y 10 okupaciones ilegales de fincas cada mes, una cifra de récord histórico, “que han requerido la intervención de servicios jurídicos, inspectores, cuerpos policiales y otros técnicos municipales para evitar estas situaciones y poder recuperar los inmuebles en las 72 horas iniciales”.
El tema no es baladí: la alarma municipal se origina exactamente dos meses antes de que estallase el conflicto con las casas okupadas en la Bonanova, El Kubo y La Ruïna, por lo que en la cúpula municipal, entonces dominada por los comunes, ya existía constancia de que el asunto se iba a recrudecer. Y, efectivamente, en abril estalló la violencia en todo su esplendor, con vecinos manifestándose y partidos de la oposición sacando tajada del asunto.
La Ruïna y El Kubo, los dos edificios okupados en la Bonanova / METRÓPOLI
En los últimos meses de 2022 y los primeros de 2023, el Ayuntamiento, a través del IMHAB, se había hecho con muchos inmuebles a través del “derecho de tanteo y retracto”, así como por expropiación, “lo que hizo aumentar en los últimos meses, de forma muy rápida, el parque de vivienda pública sin poder hacer una previsión inicial y requiere activar la seguridad necesaria. De ahí que el procedimiento municipal para blindar las propiedades públicas se tuviese que realizar por vía de urgencia al no haberse previsto el vertiginoso aumento de inmuebles comprados.
43 EDIFICIOS BAJO VIGILANCIA
Con el contrato encargado este septiembre el Ayuntamiento pone bajo estricta vigilancia a 43 edificios municipales, la mayoría de ellos con vigilancia las 24 horas, aunque nueve de ellos tendrán una ronda de vigilancia, uno tendrá dos rondas y otros cinco dispondrán de vigilancia permanente durante seis horas en horario nocturno. Los vigilantes tienen la orden de “evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto protegido”. Es decir, evitar la ocupación ilegal de los espacios públicos por parte de colectivos antisistema. Y añade: “En caso de producirse una ocupación ilegal de los inmuebles o la comisión de hechos delictivos, los vigilantes lo pondrán en conocimiento inmediato y urgente de las autoridades pertinentes (Guardia Urbana, Mossos d’Esquadra, bomberos) y del IMHAB”, dicen las cláusulas del contrato.
Además, recoge textualmente que deben “poner inmediatamente a disposición de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad a las personas que hayan cometido o hayan querido cometer delitos o infracciones contra los bienes materiales o las personas objeto de la protección (…) En ningún caso y bajo ninguna circunstancia podrán proceder al interrogatorio de las personas implicadas”.
Cartel en una casa okupa de Barcelona
UNA EMPRESA CON PEDIGRÍ
La empresa Security Services Kuo está dirigida por Begoña Jausas y tiene una dilatada experiencia en el sector de la vigilancia. De hecho, esta empresa es la que hace servir la Delegación del Gobierno en Catalunya para preservar sus edificios de okupaciones ilegales. También se ocupa de la vigilancia y protección de la oficina de los servicios centrales de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, que depende del Ministerio del Interior, por ejemplo. La compañía está acogida al Esquema Nacional de Seguridad (ENS), lo que la capacita para trabajar en cualquier lugar del Estado con plenas garantías.
Por este motivo, es una de las pocas compañías que tiene abierto permanentemente un canal de denuncias internas que pueden utilizar desde los empleados hasta los directivos, pasando por los colaboradores externos, los proveedores, los clientes o los ciudadanos en general. A través de ese canal, se pueden denunciar conductas relacionadas con la corrupción política, la publicidad engañosa, la estafa, la corrupción en los negocios, los delitos bursátiles, los delitos informáticos, la facturación fraudulenta, el fraude contra Hacienda o la Seguridad Social, el delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros o contra la salud pública, los delitos contra el medio ambiente, los delitos contra los derechos de los trabajadores o el blanqueo de capitales, entre otros.