El Ayuntamiento de Barcelona ha abierto un expediente sancionador muy grave -hasta 600.000 euros- a un multiinfractor que lidera una red organizada de alquiler de pisos turísticos sin licencia en la ciudad desde 2016 detectada por los servicios de inspección municipales.
El consistorio municipal explica que este multiinfractor gestiona "unos 37 pisos que han dividido en más de 70 apartamentos más pequeños que actualmente alquilan a través de Airbnb. Suman más de 2.800 comentarios de huéspedes".
Hasta la fecha de hoy, el consistorio ha emitido 73 órdenes de cese en curso por pisos turísticos ilegales, que pueden derivar también en los precintos correspondientes.
SANCIÓN DE 600.000 EUROS
Las sanciones se han agrupado en un único expediente sancionador que se ha incoado por infracción muy grave que ya ha notificado al infractor y el importe final, que puede llegar hasta los 600.000 euros, el importe máximo establecido por la Ley catalana de Turismo, se definirá una vez analizadas las alegaciones y finalizado el proceso administrativo.
"La principal característica de esta red es que compran pisos, e incluso fincas enteras, mediante un entramado de sociedades (11 empresas detectadas) y personas vinculadas entre sí, donde este multiinfractor tiene una presencia destacada y, según las investigaciones realizadas, se encarga de la gestión de los alojamientos y turistas", según el consistorio.
SIN LICENCIA DE PISO TURÍSTICO
Posteriormente, explican las mismas fuentes, segregan los pisos en dos o más apartamentos, realizando obras sin permiso o sin el permiso adecuado, y los alquilan enteros a turistas por menos de 31 días sin tener la licencia de vivienda de uso turístico. Hasta ahora la inspección municipal ha detectado que gestionan unos 37 pisos que han dividido en 71 entidades que actualmente se encuentran en alquiler turístico.
Para evitar las sanciones, los responsables de esta red hacen cambios de titularidad de las viviendas entre las personas físicas y las empresas de la trama y presentan contratos de alquiler de larga duración legales, aunque, en verdad, la persona inquilina no vive en el piso.
Así lo han constatado las inspecciones presenciales, que señalan que "nunca se ha encontrado ningún inquilino, sino siempre a turistas", y las notificaciones a los inquilinos "suelen ser siempre infructuosas porque es imposible localizarlos", indica el Ayuntamiento.
Turistas con maletas en la Rambla de Barcelona
"Se da el caso de que una misma persona consta como inquilina al mismo tiempo en hasta seis pisos de la trama y otra consta en tres pisos" precisan.
Desde el ayuntamiento se explica también que últimamente esta organización ha pasado de comprar pisos aislados a comprar fincas enteras en el barrio de Sant Pere, Santa Caterina y la Ribera, donde han hecho o están haciendo obras ilegales, incluso de ascensores sin licencia.
POSIBLE DELITO DE ACOSO INMOBILIARIO
La última adquisición detectada por el Ayuntamiento ha sido toda la finca de Giralt el Pellisser 16, donde hay 14 pisos y donde viven algunos inquilinos antiguos que han presentado varias quejas en el consistorio y que "se han constatado hechos que podrían encajar con un delito de acoso inmobiliario, causa que se está cursando en el juzgado de lo penal correspondiente".
También se ha detectado que han abierto una oficina para la gestión de los pisos turísticos en unos bajos de la calle Carders, que tampoco dispone de licencia de actividad correspondiente, por lo que el ayuntamiento ya la ha inspeccionado y ha abierto el correspondiente expediente.
Por lo que respecta al impuesto de construcciones, instalaciones y obras, se ha revisado que no han presentado ninguna licencia por las segregaciones de los pisos ejecutadas y el Instituto Municipal de Hacienda está revisando que se hayan abonado las plusvalías en las transmisiones de los pisos y que las empresas de la trama estén dadas de alta en la AEAT y si deben abonar o no el impuesto de actividades económicas.
Además, el Ayuntamiento de Barcelona ha traslado a la Agencia Estatal Tributaria, a la Unidad de Investigación de la Guardia Urbana y a los Mossos para analizar los posibles delitos tributarios y penales.