Un informe de la Guardia Urbana refuerza las acusaciones de terrorismo contra Tsunami

La Guardia Urbana le ha dado una alegría al juez de la audiencia Nacional Manuel García-Castellón, el instructor de casos tan mediáticos como la investigación sobre Tsunami Democràtic, el intento de creación de un comando terrorista por parte de activistas de los Comités de Defensa de la República (CDR) o el espionaje ilegal a líderes independentistas por parte del Ministerio del Interior durante la etapa en que el PP gobernaba en España, siendo presidente Mariano Rajoy.

Este jueves, García-Castellón dictaba un auto judicial rechazando la pretensión de la Fiscalía de no imputar al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a otros dirigentes soberanistas por terrorismo, en el marco de la investigación de la plataforma Tsunami Democràtic. La Fiscalía, siguiendo órdenes del Gobierno español, quiere retirar las acusaciones contra dirigentes independentistas para facilitar el mandato de Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo español.

Pero el magistrado sostiene en su auto que desde el mes de noviembre, cuando resolvió por primera vez imputar por terrorismo a una docena de altos dirigentes políticos en ese caso, las informaciones y los documentos sobre el caso “consolidan la hipótesis de calificación inicial, apreciando la existencia de hechos delictivos que, desde la calificación inicial, revisten carácter de delito de terrorismo”.

DOS ACONTECIMIENTOS JUNTOS

Uno de los principales documentos que tiene en cuenta el magistrado es un reciente informe de la Guardia Urbana de Barcelona que lleva fecha de 17 de enero de 2024. En él, el cuerpo policial municipal detalla las acciones que se realizaron en Barcelona durante el día 9 de noviembre de 2019, la jornada de reflexión previa a las elecciones generales que se celebraron el día 10 de ese mes. La intención de Tsunami Democràtic era boicotear las elecciones y, para ello, recurrió a la movilización popular con el fin de dejar en evidencia al Estado español y provocar la atención internacional sobre el llamado conflicto catalán.

Zona de primeros auxilios en la acampada de plaza Universitat

El informe de la Guardia Urbana explica que en esa jornada se produjeron dos acontecimientos a tener en cuenta: por un lado, “una acampada no comunicada en la plaza Universitat de Barcelona”. Por otro lado, hubo “una concentración no comunicada en Gran Via de les Corts Catalanes número 585, organizada por Tsunami Democràtic, a la que asistieron 7.000 personas”. En Gran Via, los responsables de Tsunami ordenaron construir un escenario desde el que ofrecer al público concentrado actuaciones musicales y mítines políticos en contra del sistema democrático español. La instalación de este escenario corrió a cargo de la empresa Iniciatives Events, que también montó el escenario con el que dos días más tarde se cortó la autopista AP-7 en La Jonquera y que por ese motivo está siendo investigada por el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona.

SE ALTERÓ LA PAZ PÚBLICA

De hecho, Tsunami había emitido un comunicado el 8 de noviembre, es decir, el día anterior, en el que afirmaba que “el día de hoy, hay centenares de acciones programadas en más de 300 municipios durante la jornada de reflexión. Esta convocatoria, además de tener el objetivo de desobedecer a la Junta Electoral Central, supondrá la primera vez que se utilice la App de Tsunami”. Esa herramienta digital serviría para ensayar las movilizaciones a través de las redes sociales, mediante un estricto control: sólo se podía conseguir de alguien de dentro de la organización que avalase al que la instalaba de nuevo. Se trataba de “probarla técnicamente” para utilizarla en futuras acciones y, especialmente, para intentar boicotear al partido entre el FC Barcelona que iba a tener lugar en el Camp Nou el 17 de diciembre de 2019.

Un manifestante levantando un cartel de Tsunami Democràtic en un partido del Barça

Las aglomeraciones en el centro de la ciudad produjeron un caos enorme. En la acampada de la plaza Catalunya, alguien robó la caja de resistencia de los amotinados mientras los dirigentes de Tsunami organizaban el envío de grupos de personas a la zona para crear aún un mayor caos y colapsar la ciudad. El juez es taxativo al afirmar que los delitos de que acusa a Tsunami incluían el intento de “subvertir el orden constitucional o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas, económicas o sociales del Estado” y “alterar gravemente la paz pública”.

PIEDRA ANUGLAR DE LA ACUSACIÓN

Tras el informe de la Guardia Urbana de Barcelona explicando la situación de la capital catalana el 9 de noviembre, García Castellón ve reforzada su percepción de que esos delitos se consolidan, por lo que su calificación en el Código Penal es la de delitos de terrorismo. Por ese motivo, mantiene su decisión de enviar al Tribunal Supremo el caso para que juzgue a la docena de acusados. El envío al alto tribunal se debe a que dos de los imputados son aforados: Carles Puigdemont, como eurodiputado de JxCat, y Ruben Wagensberg, como diputado de ERC en el Parlament de Catalunya.

Con el escrito de la Policía Local barcelonesa, además, la ocupación de Gran Via se convierte en una de las piedras angulares de la acusación contra la cúpula de Tsunami, poniéndose al mismo nivel que el asalto a las instalaciones del aeropuerto de El Prat el 14 de octubre de ese mismo año. “El informe de la Guardia Urbana permite comprobar que el día de la jornada de reflexión previo a las elecciones generales de 10 de noviembre de 2019 hubo movilizaciones de Tsunami Democràtic, pese a la prohibición general de realizar actuación política alguna ese día”, sostiene el magistrado. Por ello, rechaza la pretensión de la Fiscalía de archivar el asunto y mantiene su petición de que el Supremo siga adelante con el juicio.