Arranca el juicio por un asesinato a las puertas de la discoteca Capitol en Cornellà

Este lunes 9 de septiembre arranca en la Audiencia Provincial de Barcelona el juicio con jurado popular a las dos acusadas de asesinar a la joven de 18 años Kristen Y. P. frente a la discoteca Capitol, ubicada en el polígono de Can Famades de Cornellà de Llobregat, durante la madrugada del 28 de junio de 2020.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Kristen intervino "en un altercado violento previo", por lo que, a las 06:05 horas de la mañana, las dos acusadas la agredieron, causándole hematomas y una herida en una oreja. Además, una de ellas le asestó dos puñaladas, alcanzándole el pulmón izquierdo, lo que le causó un shock hemorrágico que le produjo la muerte.

Huyeron del lugar

El Ministerio Público sostiene que las acusadas actuaron de común acuerdo y con la intención de acabar con su vida, pues se abalanzaron sobre ella "de forma sorpresiva e inopinada, de manera que ésta no pudo prever el ataque mortal ni oponer defensa eficaz alguna".

Tras el crimen, las acusadas huyeron del lugar y no fue hasta el 16 de septiembre cuando una de ellas, la que la Fiscalía considera cómplice, fue localizada en Canyelles. Un hecho que motivó a que la otra mujer, la presunta autora material de los hechos, se presentara al día siguiente en la comisaría de Cornellà junto a su abogado y se entregara.

En la actualidad ambas se encuentran en libertad con cargos y una de ellas ha depositado en la cuenta del juzgado la cantidad de 62.000 euros en concepto de responsabilidad civil que ya ha sido entregada a los padres de la víctima, pues en el momento de su muerte convivía con ellos y con su hermano y contribuía económicamente al sustento de la unidad familiar.

Piden 16 y ocho años

La Fiscalía pide 16 años de prisión para la presunta autora del crimen y ocho para la presunta cómplice, además de cinco y tres años de libertad vigilada, respectivamente, una vez cumplida la pena privativa de libertad.

También pide imponerles la prohibición de acercarse a menos de 1.000 metros del domicilio de los padres y del hermano de la víctima, así como de sus puestos de trabajo, o que puedan comunicarse con ellos de forma verbal, telefónica o telemática durante los 10 años y cinco años posteriores, respectivamente, a su salida de prisión.

Solicita que indemnicen a cada uno de los padres de la víctima en la cantidad de 100.000 euros por los daños morales causados y al hermano con 40.000.