Una vivienda de alquiler en Barcelona
Nueve de cada diez inquilinos en Barcelona tienen contrato de alquiler temporal
- Las políticas públicas de alquiler han favorecido los intereses inmobiliarios por encima de la estabilidad de la población, según los resultados de un informe del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona
- Fuga de propietarios hacia el alquiler temporal en Barcelona: “No hay barreras jurídicas que lo impidan”
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El 90 % de los inquilinos en Barcelona se encuentran bajo contratos de alquiler temporal, según el informe Vivir de alquiler: inseguridad garantizada por ley, elaborado por el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA).
Esta situación, compartida también por Madrid, refleja una tendencia creciente de alquileres de temporada y precios de mercado, que a su vez genera un contexto de inseguridad residencial y precariedad económica para la población arrendataria. Algunas de las principales razones por la que muchos barceloneses se manifestaron el pasado 23 de noviembre.
Prioridad a los intereses inmobiliarios
El informe destaca que las políticas públicas de alquiler en las últimas décadas han favorecido los intereses inmobiliarios por encima de la estabilidad de la población. Desde la promulgación del Decreto Boyer en 1985, que eliminó la prórroga forzosa de los contratos de alquiler, las reformas legislativas han permitido una mayor flexibilidad para los propietarios, pero a costa de una mayor incertidumbre para los inquilinos. "Las leyes han priorizado la rentabilidad del sector inmobiliario, lo que ha incrementado la inestabilidad residencial", señala el informe.
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El documento también apunta que, aunque las reformas se justificaron bajo la premisa de que los alquileres indefinidos reducen la oferta, la realidad ha sido muy diferente. La oferta de viviendas en alquiler ha seguido cayendo durante décadas, hasta que la crisis económica de 2008 cambió la tendencia.
Según el IDRA, la duración del contrato, ya sea temporal o indefinida, no ha tenido un impacto significativo en la cantidad de viviendas disponibles, sino que ha sido la política pública la que ha condicionado la oferta de alquiler.
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Subida de precios y pobreza severa
La investigación también revela una escalada de los precios de los alquileres en Barcelona, especialmente en los contratos temporales. De acuerdo con un estudio reciente de EsadeEcPol, entre 2019 y 2023, la oferta de alquileres temporales en la ciudad se multiplicó por siete, pasando del 2 % al 14 % del total de los contratos.
Esta tendencia ha sido favorecida por la regulación de alquileres de temporada en Catalunya, que ha dejado un vacío legal que permite aumentos rápidos de los precios.
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El aumento de los precios ha provocado que muchos inquilinos enfrenten una situación económica difícil. El informe apunta que, tras el pago del alquiler, más de la mitad de los inquilinos en Barcelona se encuentran en situación de pobreza severa relativa, destinando menos de 561 euros por unidad de consumo al resto de sus necesidades.
Además, dos de cada tres inquilinos dedican más de lo recomendado al pago del alquiler, con el 64,8 % de los inquilinos barceloneses destinando más del 30 % de sus ingresos al alquiler y suministros, y un tercio de los hogares gastando más del 50 % de sus ingresos solo en la vivienda.
Movilidad y precariedad
El informe también revela que la movilidad residencial ha aumentado de manera significativa. En Barcelona, el 80 % de los inquilinos han tenido que mudarse al menos una vez en los últimos cinco años, debido principalmente a los altos precios y la inestabilidad de los contratos. Esta situación refleja la precariedad del mercado de alquiler y la falta de un marco normativo que garantice la estabilidad en el acceso a la vivienda.
Por una regulación más equitativa
Ante este panorama, el IDRA recomienda una serie de medidas para mejorar la situación de los inquilinos. Entre ellas se incluyen la adopción de contratos renovables automáticamente, como ocurre en países como Francia y Alemania, salvo en casos excepcionales de necesidad del propietario o incumplimiento grave por parte del inquilino.
Asimismo, se sugiere establecer un índice de precios de alquiler que tenga en cuenta variables como el valor catastral, la renta familiar disponible y la tasa de desempleo en cada zona, con un régimen sancionador para aquellos propietarios que incumplan los límites establecidos.