Bus de Hazte Oír en plaza de España / HAZTE OÍR
Varapalo judicial a Hazte Oír: confirmada la multa de 20.000 euros por el autobús tránsfobo que recorrió Barcelona
Una jueza desestima el recurso de la organización ultra y ratifica la sanción de la Generalitat, sentenciando que la libertad de expresión tiene límites cuando atenta contra la dignidad de las personas trans y no binarias
El caso: Los Mossos paran el bus de Hazte Oír en su llegada a Barcelona
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La justicia ha cerrado el cerco sobre la campaña de odio desplegada por la organización ultracatólica Hazte Oír en las calles de Barcelona. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha confirmado la multa de 20.000 euros que la Generalitat impuso a la entidad en 2023, avalando así la actuación del Govern ante la circulación del polémico autobús que difundía mensajes contra el colectivo trans y la Ley Trans estatal.
En una sentencia a la que ha tenido acceso EFE y que no admite recurso por vía ordinaria, la magistrada Montserrat Fernández Cabezas ha rechazado íntegramente la petición de la organización de anular la sanción, considerando que los lemas exhibidos en el vehículo constituían una infracción grave al estigmatizar a las personas transexuales, intersexuales y no binarias.
"Les niñes no existen"
Los hechos se remontan a noviembre de 2022, cuando Hazte Oír puso en circulación un autobús rotulado con frases como "les 'niñes' no existen", "no a la mutilación infantil" o "#StopLeyTrans". El vehículo, que formaba parte de una caravana que recorrió las principales ciudades españolas, fue interceptado y detenido por los Mossos d'Esquadra a su paso por Barcelona, tras la apertura de un expediente sancionador por parte de la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación.
Imagen de archivo del bus de Hazte Oír / EUROPA PRESS
Cinco meses después de la inmovilización, el departamento de Igualdad y Feminismos —entonces liderado por ERC— convirtió el expediente en una sanción administrativa de 20.000 euros. Además de la multa económica, la resolución incluía la prohibición de recibir ayudas o subvenciones públicas en Catalunya y la inhabilitación para contratar con la Generalitat durante un periodo de cinco meses.
La libertad de expresión no ampara el odio
El núcleo del fallo judicial se centra en el debate entre la libertad de expresión y los derechos fundamentales. Hazte Oír recurrió la multa alegando que la actuación de la administración era "arbitraria" y "discriminatoria", y que vulneraba su derecho a expresarse libremente. Sin embargo, la jueza ha sido contundente al desmontar estos argumentos.
En su resolución, la magistrada recuerda que la Constitución Española establece que la libertad de expresión "tiene su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título", citando específicamente el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, así como la protección de la juventud y la infancia.
La sentencia subraya que los mensajes del autobús no eran opiniones inocuas, sino que "pretendían atentar contra la dignidad" de un colectivo vulnerable. El texto judicial califica las consignas de "expresiones de carácter y naturaleza discriminatoria por motivos de sexo, género y orientación sexual", respaldando la aplicación de la ley catalana de igualdad de trato y no discriminación de 2020, cuyo objetivo es erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia.
Los Mossos paran el bus de Hazte Oír en plaza de Espanya / MOSSOS D'ESQUADRA
"No se ha producido una lesión del contenido del derecho a la libertad de expresión por cuanto el impedimento no es injustificado", concluye la jueza, que ha impuesto además a la organización ultra el pago de las costas procesales, fijadas en 500 euros.
Un historial de sanciones en la capital catalana
Esta no es la primera vez que Hazte Oír choca con las instituciones catalanas por sus campañas publicitarias móviles. El fallo judicial consolida una política de tolerancia cero ante discursos discriminatorios en el espacio público de Barcelona.
Ya en marzo de 2019, el Ayuntamiento de Barcelona interpuso dos denuncias contra la misma asociación que sumaban más de 61.000 euros. En aquella ocasión, el motivo fue un autobús con mensajes antifeministas y contra las leyes LGTBI que circuló brevemente por la ciudad.
A pesar de que la Fiscalía solicitó medidas cautelares para inmovilizar aquel vehículo, el autobús logró abandonar la ciudad horas después de su llegada.
