El consejero delegado de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Xavier Flores, ha comparecido este martes, 10 de febrero, ante la titular del juzgado de instrucción número 10 de Barcelona para responder a las acusaciones de represalias laborales dentro de la cúpula de la empresa pública.
En su declaración como investigado, Flores ha negado tajantemente que el despido de la antigua responsable de cumplimiento normativo en 2024 fuera un castigo por su labor de fiscalización interna.
Una defensa basada en el protocolo
El máximo ejecutivo de TMB ha rechazado la tesis de la querellante, quien sostiene que fue apartada por investigar un presunto caso de acoso que salpicaba a la directora de Recursos Humanos.
Por el contrario, Flores ha argumentado que la decisión de despedir a la jefa de compliance respondió a una causa objetiva y urgente: la recepción de una denuncia "muy grave" por acoso laboral presentada contra ella misma.
La Audiencia de Barcelona en una imagen de archivo
Flores ha subrayado ante la magistrada que la dirección actuó cumpliendo escrupulosamente el protocolo de la compañía para estos casos, lo que obligaba a apartar temporalmente de sus funciones a la denunciada para proteger a la supuesta víctima y garantizar la investigación interna. Con este argumento, la defensa busca desmontar la idea de una venganza por parte de la dirección.
El origen del conflicto: denuncias cruzadas
El caso que ha llevado a la cúpula de TMB a los juzgados tiene su origen en una querella presentada por la exresponsable de cumplimiento normativo. Según su versión, los problemas comenzaron cuando abrió un expediente para investigar un presunto acoso laboral a una empleada en el que estaba implicada la directora de Recursos Humanos.
La querellante asegura que sufrió presiones directas para que no elevara esa denuncia a la Fiscalía, tal y como era su intención. Al negarse a frenar el proceso, sostiene que la empresa fabricó una excusa para despedirla poco después.
Junto a Flores, también han declarado hoy como investigados la propia jefa de Recursos Humanos y el responsable del área jurídica de TMB, cerrando así la ronda de interrogatorios a la cúpula directiva señalada en la querella