Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo

Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo LUIS MIGUEL AÑÓN (MA)

El pulso de la ciudad

Ya es oficial: el Senado da luz verde a la nueva ley de multirreincidencia con más controles para los migrantes

La iniciativa impulsada por Junts sale del Senado con enmiendas del PP que condicionan el permiso de residencia al historial policial, una medida que el PSOE promete tumbar en el Congreso

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La batalla política y judicial para frenar a los delincuentes reincidentes, una de las mayores preocupaciones de seguridad en grandes ciudades como Barcelona, ha dado este miércoles, 18 de marzo, un paso clave.

El Senado ha dado luz verde a la ley contra la multirreincidencia, una iniciativa nacida originalmente de las filas de Junts per Catalunya, pero que ha salido de la Cámara Alta profundamente modificada.

Aprovechando su mayoría, el Partido Popular ha introducido varias enmiendas que suponen un endurecimiento directo de la ley de extranjería, vinculando el control migratorio a la seguridad ciudadana.

A partir de estas modificaciones, la normativa establece como requisito indispensable que todas las personas migrantes que soliciten o deseen mantener una autorización de residencia carezcan de antecedentes penales, tanto en España como en sus países de residencia previos. Esta condición elimina la validez de la simple declaración responsable.

El senador popular Juan Bautista Milián ha defendido este nuevo artículo, asegurando que exigir controles menos rigurosos convierte al país en "el mayor coladero de delincuentes de toda Europa" y facilita el trabajo a las mafias. Además, el texto exige ahora un informe policial completo para tramitar estas autorizaciones.

Cárcel por robar móviles y cerco a la marihuana 'indoor'

Más allá de la controversia migratoria, el corazón de la iniciativa impulsada por Junts modifica de forma sustancial el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Entre sus medidas estrella, el nuevo marco legal penaliza con hasta tres años de cárcel el robo de teléfonos móviles, un delito que asola el transporte público y las zonas turísticas.

Agente de los Mossos d'Esquadra

Agente de los Mossos d'Esquadra MOSSOS D'ESQUADRA

También se tipifica como delito el denominado 'petaqueo' --el suministro de combustible en alta mar a las narcolanchas-- y se endurecen los castigos para los robos de herramientas y material agrícola en las zonas rurales.

Durante el trámite en el Senado, el texto también ha sumado aportaciones de otras formaciones.

A instancias del PSOE, se ha incluido un subtipo agravado para el fraude de fluido eléctrico, contemplando penas de prisión de 6 a 18 meses para aquellos delitos vinculados a los cultivos 'indoor' de marihuana, una práctica muy extendida que suele ir de la mano de peligrosos enganches ilegales a la luz.

Finalmente, se ha incorporado una propuesta de Vox que permitirá a los ayuntamientos y entidades del sector público local ejercer la acción penal directa en los delitos de hurto, y otra del PP que obligará a ampliar las fiscalías territoriales en un plazo máximo de dos años.

Un vehículo de Mossos d'Esquadra durante un operativo

Un vehículo de Mossos d'Esquadra durante un operativo LUIS MIGUEL AÑÓN

Choque político

Este endurecimiento ha provocado un choque frontal con las bancadas de la izquierda. Desde el PSOE, el senador José María Oleaga ha acusado a los populares de "comprar la agenda ultra" de Vox y de criminalizar la inmigración, advirtiendo de que lo aprobado hoy en el Senado "será corregido" en cuanto la ley regrese al Congreso de los Diputados.

Por su parte, Esquerra Republicana (ERC) ha optado por la abstención, tal y como hizo en la Cámara Baja, argumentando que el punitivismo y el incremento de penas resultan inútiles, crueles y solo empujan a los infractores hacia la "violencia delincuencial".

En la otra cara de la moneda, Junts ha celebrado la aprobación de la ley, lamentando que el texto llevara más de dos años bloqueado en los cajones del Congreso. El senador Eduard Pujol ha remarcado que la multirreincidencia se ha convertido en una "auténtica pesadilla" que ha fracturado la convivencia en las calles, plazas y barrios de numerosos municipios.