Vigilantes municipales en formación
Los vigilantes municipales, un "agujero negro" en la seguridad de Catalunya: "Cuando interesa somos policías y cuando no, simples alguaciles"
Unos 500 agentes dan cobertura a 350.000 habitantes en municipios sin Policía Local, denunciando desprotección, falta de formación y precariedad extrema
Relacionado: Policías locales "low cost" en Catalunya: el riesgo de la figura del interino en la seguridad local
En la arquitectura de la seguridad catalana existe una pieza que chirría: la de los guardias o vigilantes municipales. Se trata de unos 500 agentes repartidos en 150 municipios pequeños (y no tan pequeños) que asumen funciones policiales sin las garantías, el sueldo ni la protección de una Policía Local.
"Somos la guardia pretoriana de los alcaldes. Nos usan como policías cuando les interesa, pero nos tratan como alguaciles", denuncian a Metrópoli desde la Associació de Guàrdies, Agents i Vigilants Municipals de Catalunya.
Vigilantes municipales en el ISPC
El "truco" de los ayuntamientos
La ley establece que los municipios que no pueden costear una Policía Local --que requiere un mínimo de 12 agentes, servicio 24 horas y base operativa-- pueden tener guardias municipales. Sin embargo, el colectivo denuncia que ciudades de hasta 8.000 habitantes, como Centelles, mantienen esta figura por dos motivos: ahorro presupuestario y control político.
Un vehículo de la Guàrdia Municipal de La Canonja
"A un Policía Local no le vas a pedir que haga funciones que no le tocan, pero a un guardia municipal sí, porque los alcaldes los tienen más cogidos", explican representantes de la asociación. "Damos cobertura a unos 350.000 habitantes en cuerpos que a veces son de un solo agente y otros de 12. Estamos en pueblos como Viladrau, que en verano multiplica su población pero no puede cumplir los requisitos de la Generalitat para ser Policía Local", añaden.
Esta falta de estructura profesional se traduce en salarios que, en algunos casos, apenas alcanzan los 1.100 euros por jornadas de martes a domingo. "Cuando interesa somos policías y cuando no, simples alguaciles".
Contrataciones irregulares
A esta precariedad se suma la irregularidad en la contratación. "Muchos ayuntamientos contratan a vigilantes como personal laboral y eso es ilegal; para ser agente de la autoridad y poder denunciar, debes ser funcionario de carrera o interino", denuncian los vigilantes municipales.
Esta falta de estatus administrativo se traduce en condiciones pésimas: sedes precarias, sin vestuarios ni taquillas, y una clasificación como "personal no cualificado" que les impide acceder a la jubilación anticipada. Un derecho que la Seguridad Social les deniega sistemáticamente pese a realizar funciones de riesgo.
Dos vigilantes municipales en el ISPC
Inseguridad física y jurídica
La paradoja es total: estos vigilantes están regulados por la Ley de Policías Locales --artículo 13 de la Ley 16/1991, de 10 de julio-- y se les aplica su régimen disciplinario, pero se les niega el acceso a bases de datos de seguridad y, desde 1991, no pueden ir armados.
A menudo operan solos en pueblos donde la población se multiplica en verano, enfrentándose a peleas, robos o accidentes en patrullas unipersonales. Al no ser reconocidos en ocasiones como agentes de la autoridad por algunas comisarías, las agresiones que sufren no siempre terminan con el agresor detenido.
Vigilantes municipales en formación en el municipio de El Catllar, en Tarragona
En cuanto a la formación, esta es mínima: mientras un mosso o un policía local pasa un año formándose en el Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), un vigilante municipal recibe un curso de apenas 103 horas. "Es una incongruencia. Incluso la nueva ley de pueblos rurales de 2024 dice que en municipios de menos de 3.000 habitantes la seguridad la llevan Mossos d'Esquadra, pero donde hay vigilantes, estos deben actuar con su apoyo. ¿Cómo lo hacemos sin recursos ni seguridad jurídica?", se preguntan.
Un modelo en vías de extinción
Catalunya es, junto a Andalucía y Galicia, de las pocas comunidades que aún mantienen esta figura. El colectivo pide una solución definitiva: la reconversión total a Policía Local o su desaparición. "No podemos dar un servicio de policía a medias tintas", sentencian desde el colectivo.
Vigilantes municipales durante la DANA de Valencia
Esta frustración profesional es "brutal". Los vigilantes denuncian que se les exige una responsabilidad extrema bajo la amenaza de incurrir en un delito de omisión del deber si no acuden a una llamada de mossos, pero se les mantiene como la "policía low cost" del sistema catalán. "Catalunya se está quedando atrás; mientras otras comunidades ya han abolido esta figura, aquí los ayuntamientos no paran de crear cuerpos de guardias municipales por puro control político", concluyen.
