Un hombre lleva un brazalete GPS en una imagen de archivo / EFE
La Generalitat publica por error los DNI de trabajadores en una licitación penitenciaria abierta al público
El sindicato ADN Sindical seguridad y servicios de Cataluña ha catalogado de "escandalosa" la exposición sufrida por la plantilla, mientras que el Govern ya ha comenzado la retirada de los datos
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Un "escándalo". Así ha definido el sindicato ADN Sindical, seguridad y servicios de Cataluña la última licitación publicada por el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Se trata de un contrato para la vigilancia remota de las personas penadas. Dicho de otra manera, se trata de una adjudicación para monitorear aquellos dispositivos de rastreo de personas condenadas que no están en prisión, como las pulseras telemáticas.
Pero no es por el precio de la licitación, ni por cualquier elemento técnico derivado del contrato. La cuestión es que, en el pliego de Cláusulas Administrativas, de consulta pública, figura nada menos que los DNI de los trabajadores encargados de llevar a cabo este servicio.
Dicho documento incluye, según ha podido comprobar Metrópoli, una tabla en la que se especifica el documento de identificación de trabajadores, así como el convenio al que están adscritos, la antigüedad, la tipología de contratación e incluso la cifra específica de los complementos percibidos en los casos en los que lo hay.
Una información, a ojos del sindicato, "innecesaria" y que expone por completo a los trabajadores subrogados, en tanto que se trata de un pliego que puede consultarse de forma pública.
Un error subsanado
"Suponemos que han incluido esta información por error, pero es escandaloso que se exponga de esta manera a los trabajadores", sentencia el sindicato en declaraciones a este digital, quienes ya han solicitado una retirada inmediata.
Un error que fuentes del Departament confirman en declaraciones a este medio. Añaden, en este sentido, que ya se han hecho los retoques pertinentes a la licitación para retirar esos datos. ADN lamenta, no obstante, los casi tres días que ha durado la filtración.
Un contrato de casi seis millones
Más allá de este hecho, la Administración autonómica ha licitado, con un valor de 5.741.300,52 euros, un contrato para el "servicio de monitorización, seguimiento y vigilancia remota mediante el suministro de dispositivos para el control de personas sometidas a medidas penales y al control de centros penitenciarios", según se desgrana del pliego técnico.
Tabla con datos revelados del contrato
Esto se hará a través de tres tipos de dispositivos: GPS, de presencia/ausencia como, por ejemplo, las pulseras características de arrestos domiciliarios y, por último, dispositivos de presencia/ausencia que llevan alcoholímetro incorporado.
Los citados dispositivos se destinarán a la vigilancia, por su parte, de dos tipos de perfiles: personas sometidas a medidas penales a la comunidad y población sometida a medidas penales privativas de libertad.
