Uno de los puntos verdes de Sant Andreu / Zarateman - CREATIVE COMMONS 2.0
Nuevo pulso sindical en una filial de Tersa: el comité de empresa de Siresa denuncia falta de manos por "ahorrarse cuatro duros"
El sindicato CTTR reclama medidas para garantizar "la excelencia y transparencia que se espera de una empresa pública"
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Ruido en el seno de Siresa, empresa filial de Tersa encargada de los Punts Verds de Barcelona y el área metropolitana. El comité de empresa de la compañía ha puesto el grito en el cielo por una tendencia a la "precarización del empleo" que afecta, en esta ocasión, directamente a los supervisores.
Según han explicado fuentes del comité a Metrópoli, la empresa ha presionado a uno de los cuatro supervisores para que solicite la baja voluntaria de su empleo al no ser compatible compaginar sus funciones con un segundo trabajo en una empresa externa.
Sin embargo, la cuestión es que, antes de su contratación, dicho trabajador anunció su situación laboral. Por ello, empresa y empleado alcanzaron un acuerdo por el que no se requeriría que, de forma habitual, se presenciara en su puesto de trabajo y que pudiera gestionar urgencias por vía telemática o telefónica, siempre que no fuera un caso de extrema necesidad.
Esas situaciones de emergencia sucedieron y, lógicamente, el trabajador se acogió a lo pactado e hizo gestiones telefónicas. Ahora, tras varios meses, la empresa ha pedido a dicho empleado que se acoja a una baja voluntaria, a lo que este se ha negado, según ha podido saber este digital.
Contratos dignos
Un trabajador que no puede compaginar sus funciones y horarios, una empresa que se desdice de condiciones pactadas y, todo ello, "por querer ahorrarse cuatro duros en una empresa pública", critica el sindicato.
Y es que el problema "se hubiera resuelto ofreciendo, en vez de un contrato de sustitución en fijo-discontinuo a 18 horas semanales, uno a jornada completa, con su sueldo íntegro y sus condiciones bien definidas", consideran.
Nuevo Punt Verd del Poblenou
El sindicato CTTR, en conversación con este digital, asegura que la dirección estaba al tanto de la situación en que se incurrió en "una falta muy grave y abuso de la buena fe contractual al dar luz verde a que un trabajador contratado para, precisamente, ir visitando centros de forma presencial, pudiera hacerlo de forma telemática".
Ahorro en salarios
En este sentido, desde el comité acusan a la empresa de "querer ahorrarse cuatro duros" en salarios. "Con cuatro o cinco contrataciones clave bien hechas se resolverían gran cantidad de los problemas de la empresa", ponderan.
Imagen de uno de los puntos verdes móviles de Barcelona / SIRESA
Tras haber elevado la cuestión a las altas instancias en el seno de la empresa, solicitando que se abriera un expediente y se depuraran responsabilidades a raíz de los hechos, aseguran que la respuesta ha sido negativa. "No se pueden consentir este tipo de situaciones y, menos, en una empresa pública". Aseguran. A pesar de ello, lamentan que "desde la dirección nos han comunicado que no se van a abrir expedientes".
Excelencia y transparencia
En una carta abierta a la dirección y la plantilla, CTTR denuncia y cataloga el caso de "una contratación irregular que, además de vulnerar la normativa vigente, habría sido permitida y encubierta por la dirección", lo que "compromete la legalidad de los procedimientos internos y afecta a los principios de transparencia y buena gestión que han de regir la organización".
Asimismo, concluyen que "esta situación está generando un impacto directo en la salud mental de las personas trabajadoras, generando un entorno de trabajo que dista mucho de los estándares mínimos en materia de bienestar laboral".
El punto verde de la plaza de la Gal·la Placídia, una de las instalaciones en las que se notará una mayor presencia de la policía.
Y, por tanto, piden "una actuación diligente y transparente por parte de la gerencia con la finalidad de preservar la legalidad, la integridad institucional y los derechos fundamentales de la plantilla".
Por el momento, la intención del sindicato, según explican a este digital, es dar cierto margen prudencial para que la empresa actúe. De no hacerlo, "estudiarán las actuaciones oportunas", aseguran.
A la edición de este artículo, Siresa no ha contestado a las solicitudes de contacto ni las consultas formuladas por Metrópoli.