Ahmed Tommouhi en una imagen de archivo
El Supremo indemniza con 2,5 millones de euros al hombre que pasó 15 años en prisión por una violación que no cometió en Barcelona
El Alto Tribunal reconoce el "error inequívoco y cualificado" de la justicia al condenar a Ahmed Tommouhi en 1992 ignorando unas pruebas de ADN que demostraban su inocencia
El Tribunal Supremo ha ordenado al Estado compensar con 2,5 millones de euros a Ahmed Tommouhi, un ciudadano marroquí que actualmente tiene 75 años y que pasó más de 15 años entre rejas tras ser confundido con un violador.
La resolución pone fin a un largo y doloroso calvario judicial, reconociendo oficialmente el fallo del sistema que le arrebató quince años de su vida. El tribunal reconoce un "error inequívoco y cualificado" por unas pruebas de ADN que demostraban su inocencia.
Con esta sentencia, la justicia española acaba de dictar la indemnización más alta de su historia por un caso de prisión indebida.
Una "falla estructural" en la valoración de las pruebas
El origen de esta historia se remonta a 1991, cuando Tommouhi fue detenido en Terrassa acusado de cometer diversas agresiones sexuales y robos.
Ahmed Tommouhi en una imagen de archivo
Un año después, la Audiencia Provincial de Barcelona lo condenó a 24 años de cárcel. Los magistrados tomaron esta decisión obviando por completo los informes periciales biológicos que demostraban que el semen encontrado en la ropa íntima de una de las víctimas no coincidía en absoluto con los marcadores genéticos del acusado.
El Tribunal Supremo apunta ahora a la Audiencia Provincial como responsable, señalando que la decisión de no dar relevancia a la prueba de ADN exculpatoria "no constituye una mera discrepancia valorativa, sino una falla estructural en la apreciación del material probatorio, puede ser calificada como error judicial en el sentido técnico exigido por nuestra jurisprudencia".
A pesar de la existencia de esta prueba, Tommouhi fue ingresado en la prisión de Can Brians (Barcelona). Allí permaneció privado de libertad hasta el 18 de septiembre de 2006, fecha en la que logró salir en libertad condicional tras haber cumplido más de las tres cuartas partes de su injusta condena.
El drama fue aún mayor para el otro detenido por el mismo caso, quien también fue demostrado inocente a posteriori gracias a las pruebas de ADN, pero que falleció mientras cumplía condena en prisión.
Fachada del Tribunal Supremo
La batalla legal por el resarcimiento
La reparación oficial ha tardado décadas en llegar. No fue hasta el año 2023 cuando el propio Tribunal Supremo anuló definitivamente aquella sentencia condenatoria de 1992. Tras conseguir limpiar su nombre, Tommouhi, que reclamaba inicialmente 3,6 millones de euros, inició la vía para ser compensado económicamente.
En este proceso se topó primero con la negativa rotunda del Ministerio de Justicia y, posteriormente, con el rechazo de la Audiencia Nacional. Este último tribunal argumentó el año pasado que no existía un error judicial indemnizable porque los magistrados de Barcelona habían descartado las pruebas genéticas "de manera motivada".
Un error "determinante"
Ahora, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha corregido esa situación y ha constatado que el error que los tribunales cometieron con Tommouhi "fue determinante" para que pasara más de una década entre rejas.
Fachada de la sede del Tribunal Supremo de Madrid
"Un periodo extraordinariamente prolongado en ejecución de una condena que ha quedado sin efecto por declararse su inocencia, lo que constituye una afectación de máxima intensidad del derecho fundamental a la libertad personal", dictamina el fallo.
Los jueces subrayan en su sentencia que el tiempo que pasó entre rejas por crímenes que no había cometido "determina una intensificación progresiva del sufrimiento moral, de la pérdida de oportunidades vitales y del impacto en la personalidad del afectado, que excede con mucho los parámetros ordinarios de los supuestos de prisión indebida de corta o media duración".
Con la concesión de estos 2,5 millones de euros, se supera con gran margen el que hasta ahora era el resarcimiento económico más alto reconocido en España a un preso declarado finalmente inocente, el cual estaba fijado en medio millón de euros para un matrimonio que fue encarcelado erróneamente bajo acusaciones de yihadismo.
