Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en imagen de archivo
Un juzgado investiga la infiltración de dos mossas en una asamblea de docentes durante la huelga educativa
Tres sindicatos han denunciado una posible vulneración de derechos fundamentales por la presencia de las agentes en una reunión celebrada el pasado mes de mayo
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Un juzgado de lo contencioso-administrativo de Barcelona investiga tres denuncias presentadas por sindicatos por una posible vulneración de derechos fundamentales tras la infiltración de dos agentes de los Mossos d'Esquadra en una asamblea de docentes celebrada el pasado mes de mayo, en el marco de la huelga del sector educativo.
Como consecuencia de la judicialización del caso, la investigación reservada que había abierto la Generalitat para esclarecer los hechos ha quedado en suspenso, según ha explicado este martes la consellera de Interior, Núria Parlon.
Comparecencia en el Parlament
Parlon y el director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, han comparecido este martes en la comisión del Parlament que investiga las infiltraciones de agentes de la Policía Nacional en movimientos sociales e independentistas y el espionaje político.
Audiencia Provincial de Barcelona en imagen de archivo
Ambos han evitado dar más explicaciones sobre la actuación de las dos agentes infiltradas o sobre las medidas anunciadas tras conocerse los hechos, al considerar que el caso no forma parte del objeto de investigación de la comisión.
"Un error garrafal"
Durante su intervención, Parlon ha reiterado que la infiltración "no fue una instrucción política, sino una decisión operativa" y ha insistido en que se trató de un "error garrafal" cometido en un "momento delicado" por las movilizaciones del sector educativo.
Por su parte, Trapero ha calificado la presencia de las dos agentes en la asamblea de "inoportuna", aunque ha defendido que respondió a una "cuestión operativa" y no a una actuación de "mala fe" ni a una "injerencia de los derechos o libertades de nadie". Además, ha recordado que la figura del agente encubierto está regulada para casos como el crimen organizado o el terrorismo y requiere autorización judicial.
