Prostitutas en una calle de Barcelona
Barcelona aprueba multas de hasta 30.000 euros a 'puteros', pero solo impone tres denuncias en cuatro meses
El Ayuntamiento admite la falta de control territorial en la prostitución callejera mientras que la plataforma abolicionista CATAB denuncia que "es imposible multar a quien consuma prostitución" con la actual redacción de la Ordenanza de Convivencia
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En febrero entró en vigor la reforma de la Ordenanza de Convivencia de Barcelona. Entre sus medidas más anunciadas destacaba un endurecimiento del régimen sancionador contra los demandantes de prostitución en la vía pública, previendo multas de entre 601 y 30.000 euros para los clientes.
Sin embargo, el balance de esta supuesta aplicación revela una efectividad prácticamente nula en las calles de la capital catalana.
Uno de los tantos condones desperdigados fruto de la prostitución en una calle de Barcelona
Tres multas en cuatro meses
Según datos oficiales facilitados por el propio Ayuntamiento de Barcelona a Metrópoli, entre mediados de febrero y junio de 2026 la Guardia Urbana solo ha interpuesto tres denuncias en toda la ciudad por demanda de servicios sexuales retribuidos en el espacio público (aplicando los artículos 39.2 y 40.1).
Además, el consistorio reconoce en su respuesta que "no se tiene desglose territorial" de estas escasas sanciones, lo que visibiliza la falta de seguimiento específico en puntos críticos de acumulación histórica como la calle Robadors, en el corazón del Raval.
La rectificación que nunca llegó
El origen del colapso normativo no toma por sorpresa a los colectivos jurídicos. La propia regidora de Feminismos e Igualdad, Raquel Gil, ya tuvo que reconocer públicamente en febrero --tras las críticas del movimiento abolicionista-- un "error" en la redacción del texto por haber incluido el concepto "trabajo sexual", comprometiéndose a eliminarlo del redactado.
Raquel Gil, regidora de Feminismos e Igualdad
Sin embargo, desde la plataforma Catalunya Abolicionista (CATAB) aseguran que la rectificación ha quedado en papel mojado. "En febrero presentamos un primer requerimiento al Ayuntamiento advirtiendo que la ordenanza estaba mal estructurada y que los requisitos para sancionar eran tan estrictos que nunca se podrían aplicar", explica a este medio Núria González, abogada y miembro de CATAB.
"Raquel Gil dijo públicamente que había sido un error y que lo solucionarían, pero nadie del Ayuntamiento se ha puesto en contacto con nosotras jamás", asegura González.
"Es imposible multar a un 'putero' en Barcelona"
La jurista cuestiona incluso las escasas cifras oficiales ofrecidas por la administración local: "Hay cero multas reales mediante esta ordenanza; para poder actuar casi se tiene que aplicar antes la Ley Mordaza estatal que esta norma municipal. Es imposible multar a un 'putero' en Barcelona con la redacción actual".
La abogada denuncia además la contradicción jurídica que supone mantener el redactado municipal: "Es absolutamente infumable que una norma municipal reconozca un término que el propio Tribunal Supremo ha dictaminado que está fuera de la ley. No puede ser que Jaume Collboni venda que Barcelona forma parte de las ciudades libres de trata cuando en esta ciudad es peor y está más perseguido ir sin camiseta por la calle que consumir prostitución", denuncia González.
La abogada Núria González en un programa de RTVE
"Lo único que se consigue es afianzar a Barcelona como la capital del turismo sexual del sur de Europa", sentencia la abogada.
La "trampa" del redactado
Y es que la razón de esta parálisis sancionadora se encuentra en la propia letra pequeña de la norma. Según el Artículo 39.2 de la ordenanza, para que la Guardia Urbana pueda multar a un cliente no basta con sorprenderlo solicitando o aceptando prostitución en la calle; la norma exige que la conducta se produzca obligatoriamente "en las proximidades de lugares destinados al uso por parte de personas menores, como centros educativos, parques infantiles o espacios de ocio accesibles a menores de edad", o bien cuando cree un "riesgo para la seguridad vial".
En la práctica, esta acumulación de condiciones convierte la sanción en un laberinto burocrático: en calles estrechas del Raval que no colinden directamente con un colegio o una arteria de gran tráfico, la Guardia Urbana carece de cobertura legal directa en la ordenanza para sancionar in fraganti al comprador.
Una prostituta en la calle esperando a un cliente
Rumbo a los tribunales
Ante el silencio institucional, el conflicto escalará en las próximas semanas a la vía penal y administrativa. "En agosto les volvimos a mandar un segundo requerimiento formal advirtiendo que, si no respondían, interpondríamos una querella. El próximo paso es ir directamente a los tribunales", sentencia Núria González.
