Esplugues detiene el cobro de facturas de agua y gas en varias viviendas sociales

El Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat se planta contra el incremento de la energía. El consistorio espluguense ha ordenado a la empresa gestora de viviendas de protección oficial Visoren y a su filial Sermavi suspender cautelarmente el cobro de las facturas de agua caliente sanitaria y gas, tras las denuncias de los vecinos por subidas "abusivas".

Unos sesenta vecinos de Esplugues de tres bloques de pisos que Visoren gestiona en régimen de alquiler protegido han denunciado que la compañía les quiere cobrar con carácter retroactivo una subida "abusiva" de la factura del gas y el agua caliente del periodo entre febrero y diciembre del 2022.

En concreto, les reclama un incremento del 277,89 % en el precio de la calefacción y del agua caliente sanitaria, así como del 6,5 % -correspondiente al IPC- en la tarifa fija mensual (concepto que incluye el alquiler del contador o mantenimiento de las instalaciones), lo que repercute en importes que oscilan entre los 1.000 y los 3.500 euros.

Los vecinos han denunciado que no recibieron ninguna comunicación previa sobre estos incrementos, aunque así figura en el contrato, y que en años anteriores, cuando las actualizaciones favorecían a los inquilinos, no se había aplicado esta revisión.

Ante esta situación, el consistorio ha ordenado, por decreto de la alcaldesa, la suspensión cautelar, por un periodo de tres meses, del cobro de las facturas, y ha requerido a las compañías la justificación técnica y económica, así como la fundamentación jurídica de estas actualizaciones de precio, así como la pretendida aplicación retroactiva de estos precios y la aplicación de forma individualizada a cada inquilino.

DOCUMENTACIÓN DESGLOSADA

Se requiere así a las dos empresas que faciliten de forma desglosada y detallada la formulación que sustenta las subidas de suministros trasladadas a los vecinos, tanto en 2022 como en el nuevo precio de 2023.

"El Ayuntamiento de Esplugues quiere evaluar así las subidas de precios y estudiar con los servicios jurídicos si se trata de incrementos abusivos, como denuncian los vecinos", ha detallado el consistorio.

En esta línea, el informe jurídico solicitado por el Ayuntamiento ya apunta a que las empresas no podrían haber aplicado el cobro con carácter retroactivo de los suministros de agua sanitaria y calefacción.

La alcaldesa de Esplugues, Pilar Díaz, posa para Metrópoli en el Espacio Corberó / METRÓPOLI - RUBÉN PACHECO

Más allá de las cuestiones referentes al cobro de suministros, técnicos del ayuntamiento llevaron a cabo la semana pasada una inspección de las tres fincas para realizar un informe su estado, que también ha sido motivo de queja por parte de los inquilinos por distintas deficiencias.

"El Ayuntamiento de Esplugues se mantendrá vigilando para que la empresa concesionaria de los tres edificios dotacionales cumpla con sus obligaciones contractuales", ha agregado el consistorio.