En el club cannábico Tierra Verde de Gràcia el problema no son los porros de marihuana, sino el humo. Antes de las 11 de la mañana, varias personas esperan frente al número 70 de la calle D'en Grassot para pillar yerba. Ninguno de ellos se imagina que la asociación cannábica podría estar viviendo sus últimas semanas tras un largo rifirrafe –durante sus cuatro años de vida, ni más ni menos– con los vecinos del edificio.
Para adecuar el espacio a la normativa actual, la asociación tenía que llevar a cabo unas obras que facilitaran la ventilación y la salida del humo. Pero, pese a tener la licencia correspondiente, el asunto se complicó. Los vecinos del edificio se negaron desde un principio a autorizar la actividad y terminaron zanjando el caso en los tribunales.
EL JUEZ DA LA RAZÓN A LA ASOCIACIÓN
Un juez dio la razón a la asociación cannábica, y la comunidad de vecinos –por mucho que se negara– tenía que aceptar la situación. Aunque ya era demasiado tarde: habían transcurrido los 18 meses que disponían de plazo para realizar las obras en el local, según han informado fuentes municipales a Metrópoli Abierta. La semana pasada, el Distrito de Gràcia, encabezado por Eloi Badia, mandó una orden de cese al club que ya se había ganado la confianza de sus clientes.
Ajena a la notificación, a las 11 horas la encargada sube la persiana, y los fumadores se apresuran a entrar. Como en cualquier otro club legal, hay ciertas reglas. Los clientes deben de tener como mínimo 21 años, no llevar nada de alcohol con ellos y, además, para acceder al local tienen que ir avalados por otro miembro de la asociación. Y, entonces sí, pueden hacerse socios. Una vez superada la “prueba”, la persona obtiene un código para pasar a la sala a pedir y a fumar.
NIEGAN EL CIERRE INMINENTE
Las encargadas –de origen italiano– comentan a este medio que no tienen conocimiento de dicho cese. “Sabemos que hay un juicio y que lo hemos ganado”, desvían. “Los vecinos nos tienen que dejar subir el tubo de ventilación para el humo hasta arriba”, reclaman. Pero, según el Ayuntamiento de Barcelona, pese a reunir las condiciones necesarias para poder abrir, “ya no pueden continuar con su actividad”.
Imagen de la entrada de la asociación cannábica en Gràcia / P. B.
“Se encuentran en un callejón sin salida porque por mucho que los vecinos cedan y permitan las obras ya no están a tiempo”, explican las fuentes del consistorio. “Su licencia ha caducado y no podrán pedir otra porque el período ha finalizado”, zanjan las mismas. De este modo, como “no cumple con los requisitos”, se verá abocada al cierre definitivo.
LOS VECINOS PRESIONAN Y PRESIONAN
Los vecinos comprobaron que Tierra Verde todavía sigue con su actividad y acudieron al último consejo de barrio (Camp d'en Grassot i Gràcia Nova) para exigirle al distrito que agilice el proceso. En estos momentos, la asociación ha presentado un recurso que el Ayuntamiento debe de resolver en las próximas semanas.
Más allá de este caso en concreto, la regulación de las asociaciones cannábicas se encuentra en un estado “alegal”. Hay vacíos en la legislación española –tal como ha reconocido el Tribunal Supremo– que permiten su actividad. Por un lado, por el “derecho de las personas a asociarse” y, por el otro, “la legalidad del consumo de cannabis en el ámbito exclusivamente privado y su posesión para el autoconsumo”. Cabe recordar que cada asociación –para cumplir con la ley– puede producir un máximo de 150 kilogramos al año.
TAPAR LOS VACÍOS DE LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA
Por su parte, el gobierno municipal aprobó un Plan Espacial Urbanístico –que establecía una serie de requisitos– el 27 de mayo de 2016. Además, el equipo de la actual alcaldesa Ada Colau pretende incorporar “otros criterios desde la óptica de la salud pública, ya que el consumo de cannabis puede tener repercusiones negativas para la salud”, según publica en su web de transparencia.
En Barcelona, la proliferación de asociaciones ilegales enfocadas al turismo en zonas como Ciutat Vella –con captadores en La Rambla– han mancillado la reputación de otros espacios con buen rollo que abogan por la legalización. Desde 2010 que nació la primera en España, han ido brotando nuevos clubes cannábicos y, solo en Cataluña, ya hay registrados un millar. La ganja –como dicen– atrapa.