La "chapuza" del concejal Eloi Badia con las casitas de la calle de la Encarnació -situadas en los números 13, 15 y 17 de la popular vía de la Vila de Gràcia- y la protección de una encina bicentenaria costarán un ojo de la cara a los barceloneses, una millonada. La palabra "chapuza" es de la regidora de JuntsxCat, Francina Vila. No se ha puesto ni un ladrillo y el Ayuntamiento ya se ha gastado 7,4 millones en expropiar las viviendas y en indemnizar al promotor al que había concedido la licencia para levantar en el emplazamiento 28 pisos y 42 plazas de aparcamiento. A este importe hay que añadirle el IVA, lo que eleva el gasto a unos 8,8 millones.
Corría finales de 2018 y las máquinas iban a entrar en los solares para el derribo de dos de las icónicas viviendas de la Vila de Gràcia. Los promotores, Encarnacion Invest SL, tenían todos los permisos concedidos por el consistorio en regla. Hasta entonces, ni las casas ni el árbol estaban protegidos y el distrito de Gràcia había dado la licencia con total normalidad. El día señalado, un numeroso grupo de vecinos entró en los solares para impedir la demolición y la tala de la encina. Lo consiguieron.
EL ÁRBOL SE PROTEGIÓ EN MARZO DE 2019
Para parar el proyecto, el Ayuntamiento promovió la protección de la encina, que mide 22 metros, como "árbol de interés local". La inclusión en el catálogo se formalizó en el pleno municipal de marzo de 2019, poco antes de las elecciones de mayo. Fuentes municipales que vivieron muy de cerca aquel proyecto recuerdan que el informe de justificación de la catalogación costó otros 5.347,73 euros. El contrato menor fue otorgado por Parques y Jardines, un instituto municipal presidido por Badia. El hecho de catalogar el árbol para anular una licencia de obras dada por el mismo consistorio poco antes "podría tener una lectura penal prevaricadora", sostienen fuentes jurídicas conocedoras de la operación.
La promotora interpuso un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento, aunque finalmente ambas partes llegaron a un acuerdo para que el municipio se quedara las casas y la empresa retirara la denuncia. Fuentes municipales concretan que la expropiación cuesta seis millones de euros, a los que hay que sumar 1,4 millones por responsabilidad patrimonial, es decir, de indemnización. De estos 1,4 millones, algo más de un millón son por lucro cesante y otros 404.000 euros son por daño emergente. El gasto total es de 8,8 millones con IVA. Al menos, la ciudad se habría podido ahorrar la indemnización si la catalogación de la encina se hubiera hecho con anterioridad y no se hubiera concedido la licencia de obras. También aquí consta otro contrato menor municipal para la valoración del lucro cesante, esta vez por valor de 4.840 euros.
Una de las casitas de Encarnació, en Gràcia
LA COMPRA, IDEA DE TRIAS
A nivel municipal, la idea de que el Ayuntamiento comprara las viviendas no fue de Badia sino del exalcalde Xavier Trias. Lo confirman fuentes de JuntsxCat y lo ha reconocido el propio Badia en comisión municipal. En 2017, el distrito tuvo constancia del proyecto que pretendía demoler las dos casas. Badia, entonces, argumentó que el consistorio, aunque no le gustara la idea, no se podía oponer. Trias, en cambio, lo vio de forma distinta y sostenía que los comunes se podían haber adelantado y haber comprado las casitas. La idea de Trias era que en ellas se hicieran equipamientos. El año pasado, el Ayuntamiento aprobó un planeamiento para ubicar en las casitas una guardería. Pero lo que valía hace un año ahora ya no sirve.
Este martes por la tarde, la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento ha dado el visto bueno a dos nuevos cambios con los votos a favor del gobierno municipal, ERC, JuntsxCat y Barcelona pel Canvi, mientras que PP y Ciutadans se han posicionado en contra. Por un lado, el consistorio desiste de construir en el emplazamiento una guardería, así como de la inclusión de las casitas en el "Plan especial del patrimonio arquitectónico histórico artístico de Barcelona". Por otro, lleva a cabo la aprobación inicial de la modificación puntual del Plan General Metropolitano (PGM) para la implantación de un equipamiento y viviendas dotacionales en las citadas fincas.
SIN CALENDARIO NI PRESUPUESTO
Concretamente, se construirán entre 15 y 17 viviendas públicas y un espacio sociocomunitario en los bajos. La guardería prevista se trasladará a otro edificio de la misma Vila de Gràcia. En la nota de prensa difundida por el Ayuntamiento no se especifica ningún calendario de obras, ni de entrega de llaves de los pisos, ni de apertura de la guardería. La edificación podría comportar la necesidad de un Plan de mejora urbano, lo que podría retrasar más la propuesta. Las fuentes municipales consultadas tampoco han aclarado el coste del proyecto.
A pesar de que ambos puntos han salido adelante, el varapalo de la oposición a Badia y a Janet Sanz ha sido de órdago. Para el concejal de ERC, Max Zañartu, el precio del acuerdo con la propiedad es "muy elevado" y ha pedido que el Ayuntamiento no tenga que afrontar nunca más una inversión similar. Francina Vila, de JuntsxCat, ha calificado la operación de "chapuza", una más en las políticas urbanísticas del gobierno de Colau, según Vila. Y Óscar Ramírez, del PP, ha subrayado la "improvisación" municipal.
DERROCHE Y FALTA DE RIGUROSIDAD
Celestino Corbacho, de Ciutadans, ha ido más allá y ha hablado de "derroche" y de "falta de rigurosidad y austeridad". "Hace un año nos presentaron un proyecto para hacer una guardería a precio de oro. Ahora vienen y nos proponen modificar de nuevo el planeamiento. Ya no sé si ustedes planifican o actúan por capricho". Para el edil de Ciutadans, con el precio que se paga por la operación se podrían haber levantado entre 40 y 50 viviendas en suelo municipal.
Badia se ha defendido justificando que todos los grupos apoyaron en el pleno la catalogación de la encina y el pago de la indemnización. "No la votó solo el gobierno". Para el concejal de Gràcia, el cambio ahora introducido, con la construcción de vivienda pública, comportará un retorno social mayor que si se hubiera hecho únicamente una guardería. Según Badia, "Intervención del Ayuntamiento ha valorado que el precio de mercado de la compra es razonable". Para Badia, es falso que con este dinero se haría el doble de pisos en la Vila de Gràcia.