Los vecinos del casal okupa Tres Lliris: "El Ayuntamiento de Barcelona nos ningunea"

Carles Franco (57 años) relee el montón de hojas que recogen la indignación de un grupo de vecinos del barrio de la Vila de Gràcia. Son una treintena de denuncias presentadas ante el Ayuntamiento de Barcelona en los últimos cinco años y reflejan el enfado de los residentes con el casal okupa Tres Lliris, vinculado a la izquierda independentista. Las fiestas hasta altas horas de la madrugada y los conciertos, también durante la pandemia, han generado un "conflicto de convivencia" en los alrededores de las calles del Torrent de l'Olla, Nil Fabra y la plaza Lesseps.

"Imagínate un grupo de 200 o 300 personas con la música a todo volumen, bebiendo muchísimo y chillando. Es imposible dormir. Lo dejan todo sucio y se mean en la calle", explica Maria del Mar Andreu, de 71 años. Tras años de silencio municipal y sin responder a las quejas, el Ayuntamiento anunció en noviembre que retiraba el permiso de la actividad del casal. La negativa de los okupas de marcharse dibuja un tenso escenario que podría subir de temperatura en las próximas semanas con un intento de desalojo ordenado por el gobierno de Ada Colau, el mismo que en 2017 permitió a los jóvenes quedarse en esta antigua comisaría de la Policía Nacional.

CONCIERTO 

Jordi Bravo (45 años) relata la última fiesta organizada en este gran inmueble de tres plantas. Tuvo lugar durante la tarde del pasado sábado. Bajo el nombre de Diada Blava, decenas de jóvenes –entre 50 y 100 según los vecinos– se reunieron en el local. Muchos jóvenes, sentados en grupos o formando corrillos, no llevaban mascarilla o la tenían bajada. Tras varias llamadas apareció un coche de la Guardia Urbana sobre las 21:20 horas, cuando la música estaba ya apagada.

Los vecinos acusan al Ayuntamiento de tolerar la actividad de esta casa okupada, mientras realiza, por otro lado, duras inspecciones a terrazas de bares de la zona. "De 10 veces que llamamos la Urbana viene una", suelta molesto Bravo. Los agentes les comentan que no pueden entrar en el interior del edificio, que es propiedad del Patronato de la Vivienda Municipal. El vecindario cree que en el interior no vive nadie y que solo se usa para organizar fiestas y actos lúdicos.

Fuentes de la Guardia Urbana explican que este fin de semana los agentes denunciaron a varias personas que estaban en el casal por no llevar mascarilla, no respetar las distancias de seguridad y por celebrar una fiesta ilegal. También se denunció por ruido por la vía administrativa. No es la primera vez que se ponen denuncias de este tipo durante la pandemia, aseguran desde la policía.

DENUNCIA COLECTIVA

"Nos hemos sentido indefensos por parte del Ayuntamiento, ninguneados. Solo van a favor de ellos. Invito a cualquier político que venga una noche a dormir a casa. No podrán", desafía Andreu. El 9 de marzo, 63 vecinos firmaron una denuncia conjunta tras otra noche de juerga y con latas, plásticos y suciedad esparcida por la calle. El 24 de julio un grupo de cinco vecinos decidió reunir todas las quejas registradas en el buzón del consistorio y presentar una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Barcelona.

Varios vídeos grabados en 2018 por los vecinos muestran los botellones y el ambiente de fiesta de un centenar de jóvenes. La plazoleta del lateral del edificio se convierte en un punto habitual de encuentro de los chicos, que dejan un rastro de plásticos y suciedad en la fuente. Las primeras quejas se remontan a 2016, poco después de la okupación, en noviembre de 2015. Los inquilinos de la antigua comisaría encargan palés enteros de bebida y bidones de cerveza, que venden sin licencia, un hecho denunciado en numerosas ocasiones.

Los residentes están convencidos que el gobierno de Ada Colau solo ha reaccionado tras la queja al Ministerio Público. "Parece que a partir de este momento empezaron a hacer algo", comenta Andreu. Fue entonces cuando el consistorio abrió dos expedientes a los okupas: uno por no tener licencia de actividad y otra por los ruidos. En la denuncia se refleja que el consistorio tuvo conocimiento de las decenas de quejas y que no actuó. "Puede tener consecuencias penales", avisa Franco.

LAS ACTIVIDADES DE TRES LLIRIS

Desde Tres Lliris explican a Metrópoli Abierta que el gobierno municipal no pidió la licencia hasta ahora. Aseguran que no figuraba en el contrato de cesión de uso y que "nunca" se ha exigido durante estos tres años y medio. "De golpe, han decidido que era una necesidad imprescindible para la continuidad del proyecto. El Ayuntamiento quiere lavarse las manos delante de las vecinas que han expresado quejas. Nosotros, como casal de jóvenes autogestionado no toleraremos tutelas paternalistas ni intentos de institucionalización", indican fuentes del casal.

Los okupas defienden su "aportación" al barrio. Argumentan que son un espacio de "autoorganización política antifascista, ecologista, feminista y anticapitalista, de ocio y de cultura alternativos" y que acogen actividades de más de 30 colectivos. Hacen talleres de yoga, salsa, de autodefensa y dan formaciones y charlas políticas. Durante el punto álgido de la pandemia el edificio funcionó como punto de recogida de alimentos.

INCUMPLIMIENTO DEL CASAL

El Ayuntamiento justifica la retirada de la cesión del espacio señalando que los okupas incumplieron los acuerdos a los que llegaron en 2017: garantizar la convivencia, que exista un "retorno social" para el barrio, regular la actividad y solicitar la licencia. Los tres vecinos consultados coinciden en afirmar que los jóvenes no realizan actividades. "No hacen reuniones ni nada. Vienen a pasarlo bien, a encontrase con los amigos", lanza Maria del Mar.

Esta mujer explica que recogió sin éxito firmas para hacer un casal destinado a gente mayor y también joven, pero que el consistorio lo tumbó porque el tercer piso no cumplía la altura permitida. "¿Pero para ellos sí que da? Se gastaron 100.000 euros en reformas y ahora iban a arreglar la puerta y las ventanas. Todo ha quedado paralizado", afirma. "El único retorno social que hemos recibido han sido conflictos de convivencia. No son capaces ni de recoger la porquería que dejan tras una fiesta", se queja Franco.

"HEMOS SIDO EJEMPLARES"

Los jóvenes niegan su supuesto incivismo y defienden que desde el inicio de la desescalada las medidas "han sido ejemplares y se han seguido en todo momento las restricciones impuestas dada la excepcionalidad del momento". Aseguran que usan mascarilla, que las personas se sientan en mesas de cuatro o seis personas y que el aforo es limitado. "El conflicto con los vecinos viene de lejos y aunque hemos intentado acercarnos y tejer una relación sana, los hechos nos han llevado a la situación actual".

Manifestación a favor del casal de la Vila de Gràcia en noviembre / TRES LLIRIS

Cuando Colau les retiró la cesión del edificio, Tres Lliris reaccionó con contundencia con una protesta de unas 500 personas y un lema: "Primer aviso, el casal no se para", un mensaje que cuelga del edificio okupado. Desde hace semanas, decenas de pintadas de azul en bancos, mobiliario urbano y rejas reivindican la actividad del casal.

EL CASAL Y EL BARRIO

Se trata de una "campaña" que busca visibilizar el colectivo. "El casal es fundamental para que los jóvenes se puedan formar y tener poder político como individuo. Hemos demostrado que la Vila de Gràcia necesita este espacio", explicaban este fin de semana integrantes de la okupación en una charla publicada en sus redes sociales.