Un amplio dispositivo de seguridad formado por la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra ha ejecutado el desalojo de un edificio ocupado en el número 21 del pasaje Alió, en el distrito de Gràcia.
La operación, que comenzó a primera hora de la mañana con la autorización judicial pertinente, ha obligado a cortar el tráfico en la zona.
Tal y como ha explicado El Periódico, el desalojo responde a una orden judicial que se fundamenta en un informe técnico del Ayuntamiento de Barcelona, que había calificado el inmueble como una infravivienda debido a los riesgos que presenta para la seguridad y la integridad de sus ocupantes.
Tras una inspección realizada el pasado 1 de octubre, el consistorio determinó que el estado del edificio no reunía las condiciones mínimas para ser habitado, lo que llevó a las autoridades a notificar a los ocupantes que debían abandonar el lugar antes de la tercera semana de noviembre, bajo amenaza de desalojo forzoso.
A pesar de los plazos otorgados, varios de los residentes no acataron la orden y se mantuvieron en el inmueble, lo que motivó la intervención policial.
En el momento del desalojo, algunos de los ocupantes seguían en el edificio, mientras que otros ya habían abandonado voluntariamente el lugar tras haber aceptado una alternativa de vivienda ofrecida por el Ayuntamiento. De acuerdo con fuentes municipales, una persona ha sido detenida durante la operación al constatar que tenía una orden de detención vigente.
Desde el consistorio se ha destacado que la operación se realizó con el apoyo de los servicios sociales, que derivaron a los ocupantes a centros de emergencia para garantizar su bienestar.
Problemas de convivencia y seguridad en el barrio
La ocupación de la finca había generado numerosas quejas entre los vecinos del barrio de Camp d’en Grassot, quienes denunciaron problemas de convivencia relacionados con los habitantes del inmueble.
Según los testimonios de residentes y comerciantes de la zona, los ocupantes, en su mayoría jóvenes, se habrían visto involucrados en robos en la vía pública y en establecimientos comerciales cercanos, altercados y peleas en plena calle, y disturbios nocturnos que afectaban el descanso de los vecinos.
A raíz de estas quejas, el Ayuntamiento y los servicios municipales habían intensificado su presencia en la zona durante los últimos meses, y se activaron protocolos de seguridad con la Guardia Urbana y los Mossos d’Esquadra.
La situación empeoró cuando se constató que el inmueble no solo representaba un problema de convivencia, sino también de seguridad, lo que llevó a la solicitud de una orden judicial para llevar a cabo el desalojo.
El Ayuntamiento tapiará el inmueble
Una vez finalizado el desalojo, el consistorio tapiará el inmueble para evitar futuros accesos, además de realizar labores de limpieza en las instalaciones.
Aunque el edificio es de propiedad privada, actualmente se encuentra en un limbo legal debido a una disputa sobre la herencia del anterior propietario, lo que ha dificultado la identificación de un responsable a quien se pueda reclamar por el estado del inmueble.
Intentos previos de desalojo
Esta no es la primera vez que se intenta ejecutar el desalojo del inmueble. En verano de este año, el Ayuntamiento y los Mossos d’Esquadra ya habían solicitado la intervención judicial para desalojar la finca, pero el Juzgado de Instrucción número 19 de Barcelona desestimó la petición. Ante esta denegación, el consistorio solicitó un nuevo informe técnico sobre el estado de la finca, que finalmente sirvió de base para la orden de desalojo que se ha ejecutado este martes.