El Tribunal Supremo avaló la semana pasada la constitución de la empresa público-privada Aigües de Barcelona para gestionar el agua de la ciudad y su área metropolitana. Los magistrados decidieron por unanimidad revocar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de 2016 que enmendaba su creación por fallos administrativos.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y su equipo recibieron la noticia como un jarro de agua fría. Eloi Badia, vicepresidente de Ecología del AMB y concejal de Gràcia, por su parte, quiso tomar cartas en el asunto pero, por contra, dio portazo a la nueva Asociación de Profesionales de Agbar, según ha avanzado Crónica Global.
REUNIÓN CON BADIA
La organización de trabajadores liderada por Marina Arnaldos, responsable de actividad de I+D en el hub tecnológico Cetaqua, exigió a finales de octubre una reunión con algún miembro del equipo de Eloi Badia para transmitirles las “preocupaciones y propuestas” que tienen.
En concreto, la inquietud que reconocen que existe entre los empleados de la gestora de agua por la actitud tanto de la presidencia metropolitana como del consistorio de la ciudad ante la actividad de la empresa.
ASEDIO ADMINISTRATIVO
En su día los empleados denunciaron el “asedio administrativo” que los Comunes tenían sometida a Aigües de Barcelona desde las instituciones que controlan. Los empleados de la asociación criticaron que se estaba impulsando desde todos estos ámbitos una estrategia que tiene como objetivo final “eliminar la presencia de nuestro grupo en Barcelona” por una cuestión puramente ideológica, sin ninguna base empírica que corrobore que la gestión pública del agua es mejor que la colaboración público privada.
Sede central de Aigües de Barcelona / Aigües de Barcelona
Sede central de Aigües de Barcelona / Aigües de Barcelona
FUERZA DE AGBAR
Por este motivo buscaban una reunión en la que pensaban reivindicar la fuerza del grupo Agbar en cuestiones como el impulso de la innovación en el sector, su vertiente más social y la garantía de un servicio tan básico como el agua con calidad y sin problemas de continuidad.
Haciendo hincapié en lo local, han recordado que en Barcelona está radicada la sede social y los servicios corporativos de un grupo que trabaja en todo el Estado y en Latinoamérica.
La petición de encuentro fue cursada por los canales habituales y el Área Metropolitana de Barcelona hizo acuse del recibo. Además, se empezó a buscar fecha para concretar una reunión con la directora de Ecología de la institución, Imma Mayol.
VIGENCIA DE LA CONCESIÓN
El Gobierno metropolitano aceptó de esta forma dar la cara y defender sus actuaciones ante los trabajadores de Agbar. Aunque esta decisión cambió el pasado 20 de noviembre, fecha en que el Supremo avaló el futuro de Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua –Agbar 70%, Criteria CaixaCorp 15% y AMB 15%– y la permanencia de la concesión del servicio hasta 2047.
PORTAZO DE BADIA
Ha sido Eloi Badia el que ha corroborado el anuncio inicial y se ha negado a sentarse con los profesionales. Lo ha hecho a través de una carta en que se limita a afirmar que el AMB ejerce el papel de “regulador del servicio en busca de la gestión más eficiente y eficaz del agua por encima de cualquier perjuicio ideológico”.
Además también declara que la institución tiene la “voluntad de contar” con todos los empleados de Aigües de Barcelona “en el futuro”. Mantiene su decisión de cambiar el modelo de gestión del servicio sin definir cuál será el camino que quieren emprender.