Impugnan la licitación del AMB de un bus público en el Puerto

La Autoridad Catalana de la Competencia (Acco) ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del Consell Metropolità del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) del 1 de octubre de 2019 por el que se aprobó el expediente de contratación del servicio público de transporte colectivo urbano de viajeros en autobús en el área portuaria de Barcelona y en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) con un presupuesto máximo de 1,7 millones de euros.

La Acco considera que los pliegos de cláusulas administrativas y económicas particulares y de prescripciones técnicas que rigen esta contratación contienen "previsiones altamente restrictivas de la competencia, que limitan de manera grave la concurrencia y la competencia por el mercado conformado por esta licitación", ha informado en un comunicado este lunes.

LA ARGUMENTACIÓN DE COMPETENCIA

En concreto, ha argumentado que la licitación no se divide en lotes ni se justifica adecuadamente por qué no se hace, y critica que se exija un nivel de experiencia previa en número de kilómetros recorridos anuales en transporte urbano "muy elevado que limita injustificadamente el número de operadores que pueden participar en las licitaciones".

Además, en caso de presentarse en forma de UTE, se exige que, como mínimo, una de las empresas que la conforman disponga de la totalidad de la referida solvencia técnica, "de manera que la posibilidad de concurrir en UTE deja de configurarse como una figura procompetitiva, pues no permite presentarse a la licitación a empresas de reducidas dimensiones que conjuntamente ostenten la solvencia exigida".

También ha expresado su contrariedad respecto a que en la licitación se prevea otorgar una determinada puntuación en función de la disponibilidad de terrenos donde ubicar una cochera dentro de un radio territorial, lo que dificulta que empresas no implantadas previamente en el territorio consigan esta puntuación.

LA OFERTA ECONÓMICA, EN DUDA

La Acco ha esgrimido que "la competencia en términos de precio se encuentra fuertemente diluida", ya que únicamente 32 puntos sobre 100 hacen referencia específica a la oferta económica y la fórmula que se aplica para distribuir estos 32 puntos es muy poco sensible a las bajas presentadas por los licitadores.

Así, "las diferencias de puntos asignadas entre los diferentes licitadores en relación con este factor serán muy reducidas, circunstancia que comporta que la importancia del criterio precio sea, en la práctica, todavía más residual".

Ha destacado que la falta de concurrencia y competencia en una licitación pública no sólo perjudica el funcionamiento competitivo del mercado, sino también la propia administración licitadora y, por tanto, los contribuyentes, "que con mucha probabilidad pagarán un precio más elevado, y los usuarios, que recibirán un servicio de peor calidad".