La Audiencia de Barcelona ha condenado a ocho miembros de los Latin Kings del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) a penas de entre uno y tres años de prisión por un delito de lesiones y contra la salud pública. El tribunal ha absuelto a otras 22 personas, acusadas de pertenecer a una organización criminal y de tráfico drogas. Según la Fiscalía, el grupo usaba armas de fuego para defender su territorio en Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Santa Coloma de Gramanet y Barcelona (El Clot), entre otras localidades.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Metrópoli Abierta, supone un varapalo para la Fiscalía, que pedía altas penas de cárcel, en algunos casos de más de 30 años para 32 personas, acusadas de delito de tentativa de homicidio, amenazas, obstrucción a la justicia, revelación de secretos y hurto. La sentencia llega un año y dos meses después de la celebración del juicio, en diciembre de 2018.
DOS CHIVATAZOS, EL ORIGEN DEL CASO
La investigación policial arrancó en 2015 con las declaraciones de dos exintegrantes de la banda –testigos protegidos– ante la policía sobre las actuaciones ilegales del grupo. Uno de ellos, víctima de una presunta paliza en Cornellà de Llobregat con diferentes armas, resultando herido de gravedad, argumentó que fue atacado por intentar abandonar los Latin Kings.
El segundo denunció una agresión en la discoteca Mambo de Cornellà por miembros del Capítulo Gavarra City de la banda. También dijo haber recibido una amenaza de muerte con arma de fuego por un miembro del Capítulo del Clot, en Barcelona. "Eres un puto sapo, la Nación no se abandona. Ya sabes que tenemos órdenes de ejecutarte", relató a los Mossos d'Esquadra. Este hombre dio detalles sobre la organización y como, presuntamente, sus integrantes traían droga desde Latinoamérica. El relato apuntaba a César Andrade como líder del grupo, condenado en 2009 a tres años de prisión por introducir medio kilogramo de cocaína a España viajando en avión.
DESMONTANDO LOS ARGUMENTOS DE LA FISCALIA
La Audiencia de Barcelona desmonta gran parte de los argumentos de la Fiscalía, para quien los acusados "forman parte del colectivo urbano juvenil autodenominado Latin Kings, de la facción A.L.K.Q.N Unión de Culturas, presentando éste como un entramado criminal con objetivos ilícitos". Sin embargo, el tribunal entiende que la acusación "se basa en un relato de los hechos desajustado, utilizando a distintos grupos y personas, a veces de diferentes épocas históricas para, de manera confusa, construir la imagen de la organización criminal por la que acusa [la Fiscalía]".
Agentes de los mossos requisan plantas de marihuana en junio de 2015 / EFE
La sentencia señala que la Fiscalía no es clara en relación a la organización criminal que acusa. ¿"Es el colectivo urbano juvenil Latin Kings?, ¿o es la facción de los mismos mencionada como A.L.K.Q.N Unión de Culturas?, ¿o es una organización distinta a todas las anteriores?", se preguntan los jueces. Para el tribunal, este punto es crucial, pues el principio acusatorio que rige la acusación se basa fundamentalmente en señalar a los acusados como miembros de los Latin Kings.
MACROOPERACIÓN POLICIAL
En junio de 2015, una gran operación policial con varios registros en domicilios de L'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Badalona, Rubí, Terrassa, Caldes d'Estrac y Santa Coloma de Gramanet se saldó con la incautación de diversas cantidades de droga, entre las que había cocaína, plantas de marihuana y hachís, además de dinero en efectivo y básculas para pesar las sustancias.
Las penas de entre uno y tres años de cárcel contrasta con las altas penas de cárcel que pedía la Fiscalía. El tribunal atribuye a ocho personas delitos contra la salud pública y de lesiones, utilización de armas, instrumentos y objetos peligrosos en el caso de la agresión de Cornellà. A pesar de la versión de la víctima y la Fiscalía, en lugar de ver una paliza, los jueces consideran que se trata de una pelea. Tampoco ve acreditado el tribunal la amenaza con una arma de fuego en 2014 en el parque del Clot de Barcelona.
UNA MULTA DE SIETE EUROS
Los jueces condenan a diversas multas por vender pequeñas cantidades de droga. A dos condenados les castiga con tres años de prisión y a 35.000 euros de multa. Para otro condenado, la pena es de un año de cárcel y una multa de seis euros. Los acusados se encontraban en prisión provisional desde hacía tres años y medio por lo que, previsiblemente, saldrán próximamente de la cárcel.
Operativo policial contra los Latin Kings en Barcelona, el 10 de junio de 2015 / EFE
El abogado Daniel Salvador recuerda el duro trabajo durante toda la causa. Durante el juicio, argumentó que sus tres clientes vendían droga para lucrarse ellos mismos, no para subvencionar una organización ilícita. Salvador cree que este punto ha sido clave para que la Audiencia de Barcelona haya descartado el delito de pertenencia a organización criminal.
En 2018, la Audiencia de Barcelona sí condenó de manera severa a 15 dirigentes de la banda latina en Barcelona a penas de entre 11 meses y 15 años de cárcel. Entre los condenados, se encontraba Baby White, el único líder, hasta ahora, nacido en Cataluña. Óscar Peralta coordinaba un grupo criminal jerárquico que traficaba con cocaína y marihuana desde diferentes lugares como Arco de Triunfo y Sants.
SIN RITOS DE INICIACIÓN
Salvador rechaza que ninguno de los acusados, excepto uno, el supuesto líder, constaran como miembros de la Organización Cultural Reyes y Reinas Latinos de Cataluña, la facción legal de los Latin Kings en Barcelona. Además, dice, "no existen ritos de iniciación, ni castigos entre los miembros. En 20 días de juicio lo único que se juzgó fue una pelea", resume.
Otra de las críticas que hacen los jueces hacia la Fiscalía es que la supuesta relación que los acusados pudieran tener con miembros extranjeros de la banda en países latinoamericanos no constituye un "indicio de criminalidad". La sentencia recuerda que, en un inicio, los mossos investigaron a 60 personas, de las que tan solo fueron procesadas 36 y, de estas, 23 acusadas.
PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN CRIMINAL
El texto reprocha al Ministerio Público que centre su actividad probatoria "en la demostración de la pertenencia de los acusados a tal colectivo". En este sentido, el tribunal es claro y contundente: "Ni las declaraciones de los acusados, ni los testigos de antiguos miembros, ni las intervenciones telefónicas [...] ni la información extraída de los terminales telefónicos, ni las vigilancias policiales encuentran ligazón preciso con la concreta organización atribuida a los acusados". Por tanto, concluye, no se puede acreditar la "pertenencia y organigrama de mando propio de la misma".