Gragera (Cs): "El enchufismo en el gobierno de Parlón está al orden del día"

Santa Coloma de Gramenet, como la mayoría de las grandes poblaciones del área metropolitana, es socialista. Y Núria Parlón, su alcaldesa, gestiona esta ciudad del Barcelonès Nord desde 2009. Los problemas se multiplican para Parlón, que minimiza sus apariciones en público a medida que crece la inseguridad y el malestar de muchos ciudadanos. Una de las voces más críticas con su gestión es la de Dimas Gragera, concejal y parlamentario de Ciutadans. En una entrevista concedida a Metrópoli Abierta, denuncia la inacción de la primera edil y su gobierno en plena crisis del coronavirus.

¿Qué balance hace de la gestión de la alcaldesa Parlón y el PSC?

Es un gobierno agotado y, en muchos momentos, superado. No atiende la gestión del día a día pero tampoco tiene un proyecto de ciudad a medio ni largo plazo. Lo vemos con la falta de limpieza de las calles, el abandono de muebles en la vía pública, en temas de movilidad... Son muy reactivos. Un gran problema que tiene Santa Coloma es la inseguridad. Yo le doy mucha importancia, porque todos tenemos el derecho a vivir tranquilos en nuestros barrios, igual que el derecho a vivienda digna y educación. El tema se arrastra desde hace años. Lo más preocupante es que la alcaldesa lo iba negando y nos tachaba de alarmistas cuando ha habido una planificación malísima de las políticas de seguridad y de las plantillas de policías locales. Ahora estamos viendo como los datos de seguridad y la propia percepción dejan bastante que desear. Los delitos, ya sean robos en domicilios, robos con violencia o tráfico de drogas, han aumentado de forma considerable, y ante esto la única capacidad de reacción que vemos es marketing. Hacen falta cámaras de videovigilancia, aumentar efectivos de policía, reclamar a la Generalitat una dotación de Mossos d'Esquadra... Hay que tomar medidas para mostrar a la gente y a los delincuentes que hay un ayuntamiento que actúa. Todo esto no se está haciendo.

¿Cuáles han sido las prioridades de Parlón?

Las prioridades del PSC eran tapar el caso Pretoria y proyectar la figura de la alcaldesa más allá de la ciudad. Hay una política nefasta de vivienda. Después del Pretoria prácticamente no se ha construido vivienda social. Hemos visto muchísimo dinero público para cubrir las deficiencias de la promotora inmobiliaria pública, que ha acumulado grandes deudas. Respecto a la gestión económica, consideramos que la recaudación en Santa Coloma no cubre ni el capítulo uno del presupuesto. Se puede tener un proyecto de ciudad más ambicioso, se puede apostar más por el comercio local, pero no con medidas populistas como la moneda local, que nos cuesta 200.000 euros al año y no aporta beneficio directo. Y, sobre todo, es importante la atracción de negocio de la ciudad. Tenemos una gran ventaja competitiva, que es la cercanía a Barcelona. Se escudan en que no hay espacio físico en la ciudad para instalar grandes empresas, pero el mundo está cambiando. Dijimos que había la oportunidad de impulsar un proyecto de Smart Cities, aprovechar que Barcelona es uno de los hubs más importantes de las nuevas tecnologías y apostar. Da la sensación de que hay buenas ideas pero no se saca el partido que se podría sacar. Hay que ser más ambicioso. Siempre respeto el legado de todos los alcaldes democráticos que no han metido la mano en la jarra. El señor Bartomeu Muñoz avergonzó a los colomenses saliendo esposado por la puerta del Ayuntamiento, pero Luis Hernández o Manuela de Madre fueron buenos alcaldes a pesar de no compartir las siglas conmigo. Pilotaron la era que le tocaba gobernar. Parlón reacciona de forma improvisada a las problemáticas que hay, no se adivina un plan de ciudad y destina ciertas políticas a nichos de voto que le hacen mantener la mayoría. Creemos que es un proyecto que no defiende la igualdad. El enchufismo está al orden del día. En plena pandemia se subía el sueldo a asesores del partido socialista y en la legislatura anterior recibieron una denuncia de la Abogacía del Estado porque había cargos colocados a dedo en los puestos directivos.

Núria Parlón dimitió de la Ejecutiva del PSOE tras el anuncio del 155, después del referéndum ilegal. ¿Cree que la alcaldesa tiene tintes independentistas?

Siempre que ha tenido que elegir, Parlón se ha posicionado al lado de los separatistas. Se ha colocado en las antípodas de lo que piensa la mayoría de los colomenses y de lo que opinan sus propios votantes. Parlón ha colgado pancartas en el Ayuntamiento a favor del referéndum, ha visitado a los golpistas en la cárcel, ha votado contra la aplicación del 155, ha pedido la excarcelación de los presos separatistas. Cuando nosotros nos manifestábamos junto a socialistas y votantes del Partido Popular, Parlón se quedaba en casa. Flaco favor se hace en Cataluña al constitucionalismo cuando en muchos ayuntamientos del PSC se apoyan tesis de partidos separatistas. A veces yo me siento más próximo a sus votantes de lo que ella manifiesta con sus votos.

Siempre que ha tenido que elegir, Parlón se ha posicionado al lado de los separatistas

Miguel Padilla, concejal de Cs en Santa Coloma, ha denunciado que el tiempo de espera para gestiones como un empadronamiento o una mudanza puede a llegar a ser de cinco semanas. ¿Santa Coloma sufre un colapso administrativo?

La situación de pandemia afecta en la vida cotidiana y en las gestiones de la administración. En un primer momento, fuimos comprensivos. Un ayuntamiento ante una situación de pandemia tiene que adaptar rápidamente muchos procesos. Es la administración más cercana al ciudadano. Nos hemos puesto totalmente al lado del gobierno local desde el primer día, pero para que actúe. El ayuntamiento no está preparado para realizar trámites sencillos o un empadronamiento. Llevamos en nuestro ADN la defensa de la administración próxima y digital. Se podrían hacer trámites mucho más rápidos. Se ha lanzado algún proyecto de app, pero creo que era más propagandístico que útil. Si apostamos por la ciudad del futuro, la administración digital debe ser una de las prioridades.

Igual que en Barcelona o en L'Hospitalet de Llobregat, el barrio de Singuerlín ya cuenta con una patrulla vecinal. ¿La ciudad sufre un incremento de la inseguridad?

Desde luego. Lo dicen los datos y la percepción. Viendo los datos de enero a junio de 2020, hay delitos como los robos con violencia e intimidación que han aumentado en una situación de confinamiento.  También ha crecido el índice de victimización. Tengo la costumbre de ir por los barrios y hablar con la gente, y hay una sensación de que han aumentado los delitos, que ha cambiado la tipología y la alcaldesa parece no querer ver la realidad. Hubo una manifestación en julio con cientos de personas en la calle reclamando más seguridad y creo que la alcaldesa debería haber estado allí. Que haya delitos en una ciudad no es culpa exclusiva de una alcaldesa, pero sí tiene que haber una implicación y un mensaje. Parlón ha dicho en un pleno que la seguridad no era competencia local, que era de los Mossos d'Esquadra. Las patrullas ciudadanas son la constatación del fracaso de las políticas de seguridad del ayuntamiento. No se ha incrementado la cifra de agentes de policía local.

Las patrullas ciudadanas son la constatación del fracaso de las políticas de seguridad del ayuntamiento

Barcelona y su área metropolitana ha sufrido un aumento de las okupaciones en los últimos meses. ¿Esta situación se ha dado también en Santa Coloma? ¿Cuáles son los barrios más afectados?

Sí. La okupación preocupa a los vecinos, causa problemas de convivencia en los barrios y muchas veces va asociada a otras prácticas delictivas, como los narcopisos o la prostitución. Hay que garantizar la vivienda digna, pero tenemos que blindar el derecho a la propiedad privada. En Santa Coloma hay barrios afectados, como el Singuerlín. Tuvieron que tirar abajo la puerta de un piso okupado porque los okupas no estaban y habían dejado un perro allí. Como el animal estaba dentro, pudieron entrar y rescatar al animal. También sucede en pisos del Raval y de Fondo. La plaza de la Vila está okupada. Había un proyecto urbanístico que el ayuntamiento anunció, que era el derrumbamiento de unos edificios emblemáticos debido a la unión de dos vías. Un grupo los okupó como protesta, y hasta ahora. ¿Qué mensaje estamos lanzando a la ciudadanía si hasta los okupas en nuestra ciudad están parando proyectos urbanísticos y no hay una opción directa del ayuntamiento para el desalojo? 

El coronavirus es sinónimo de crisis económica. ¿Cree que desde el ayuntamiento se está ayudando a los sectores más afectados, como el pequeño comercio o la restauración?

Ciudadanos se puso a disposición del equipo de gobierno desde el primer momento. Después, surgió la idea de trazar un pacto local con propuestas de apoyo para la actividad económica que suscribimos las cuatro fuerzas políticas que formamos el ayuntamiento con bastante consenso. Mi mayor exigencia va dirigida a la Generalitat.La urgencia está ya en la calle y muchas empresas se juegan la supervivencia. Es lamentable que el Govern tome medidas sanitarias pero que no entienda que esas medidas tienen un impacto económico y se deben acompañar. Hemos registrado en el Parlament un plan para muchos sectores. En Santa Coloma llevamos una moción para instar al gobierno de la Generalitat a apoyar al ocio nocturno, al pequeño comercio y a la hostelería.

¿Cuáles son los principales problemas de movilidad de Santa Coloma?

Algunos vienen dados por la orografía de la ciudad. Hay muchas cuestas, es algo que nos viene dado por el terreno, por lo que creo que hay que hacer un plan para conectar barrios como el de Can Franquesa. Creo que los principales problemas de movilidad los está provocando el ayuntamiento por las actuaciones que está realizando. Los cortes de calles, los cambios de sentido... Está bien que los centros de ciudad puedan tener zonas peatonales, pero si las tienes y luego no hay tránsito de gente, como pasa en el entorno del mercado Sagarra, dificultas la vida de comerciantes y vecinos sin aportar un paisaje urbano atractivo para el paseo o la compra. En todos los proyectos urbanísticos que ha impulsado el ayuntamiento ha acabado tropezando por mala gestión o por no consultar a los vecinos. Hay un proyecto que llevábamos en el programa, que era la reforma del paseo de la Alameda, y el ayuntamiento lanzó un proyecto en el que querían hacer la parte ancha de la acera enfrente de las terrazas. La vida en el paseo se produce al lado de las casas, pero trataron de imponer el modelo. Es una gestión reactiva, de prueba y error. Han aprovechado la pandemia para replantear el modelo de movilidad a largo plazo. No estoy de acuerdo con las actuaciones que se están realizando, provocan mucho tráfico. Los colomenses solemos ir andando a los sitios. Hay problemas de aparcamiento, quien utiliza el coche es porque realmente lo necesita. Si modificas los tramos urbanos de tal forma que los vehículos tarden 15 minutos en llegar a su destino en lugar de tres, es más contaminante. La gente coge el vehículos porque trabaja en los polígonos del Vallès o porque tienen que ir al otro lado de Barcelona.

La ZBE ya se ha implantado en municipios vecinos, como Sant Adrià de Besòs y la propia Barcelona. ¿Cómo afecta a los vecinos de Santa Coloma? El contexto de crisis actual, ¿era el mejor momento para implantar esta medida?

Muchos modelos que se implantan en las políticas públicas no persiguen una utilidad, tienen más ideología detrás. Puede tener algo de sentido, pero familias humildes han tenido que cambiar su vehículo en un momento duro por necesidad. No ha habido unas ayudas significativas para el cambio de vehículos. Hay que hacer una transición hacia medios de transporte menos contaminantes, pero creo que tenemos que hacerlo de forma progresiva, junto a los ciudadanos, sin imposiciones, con adaptación, tiempo suficiente... Y creo que no ha sido así en el caso de la ZBE.

¿El futuro de la movilidad en la ciudad pasa por un absolutismo del transporte público y la bicicleta o deberían convivir todos los agentes implicados?

Es una torpeza política absoluta lo que han realizado algunos líderes políticos metropolitanos al criminalizar el sector del automóvil, como ha hecho Janet Sanz en un momento complicado para la industria. El caso de Nissan es un ejemplo. La política del señalamiento y el enfrentamiento nunca funcionan. En cambio, podríamos tener un debate sano y sensato sobre tener ciudades más saludables, limpias y transitables. Creo que se puede llegar a ese punto sin complicarle excesivamente la vida a los ciudadanos. Hay que evitar las imposiciones.

Es una torpeza absoluta lo que han realizado algunos líderes políticos al criminalizar el sector del automóvil, como ha hecho Janet Sanz

El Parlament ha aprobado la Ley de Medidas Urgentes para la contención de los alquileres con el propósito de regular los precios. Si el constitucional da luz verde a la medida, ¿cree que ayudará a propietarios e inquilinos o jugará en su contra?

Es un debate que se tiene que plantear, el debate de la vivienda en el área metropolitana. Hay precios muy elevados y conlleva un desembolso importante de la renta familiar. Es uno de los grandes problemas del AMB. A partir de aquí, se deben plantear medidas. Mi grupo votó en contra, entre otras cosas por todo lo que le acompaña. Garantías del Parlament se pronunció en contra y mostró reservas por la inconstitucionalidad de algunos decretos, hay partidos que lo iban a llevar al Constitucional, había líderes de partidos independentistas que parecía que estaban apoyando eso a sabiendas de que no iba a tener recorrido. Si se presenta algo, que tenga una consistencia jurídica, y después está el legítimo debate más o menos intervencionista de mercado, así como las experiencias. Otras ciudades de Europa optaron por estas medidas y están tirando para atrás. Si se tiene una propiedad en alquiler y se te regula el precio a un valor en que quizá compensa más vender ese inmueble, estaríamos reduciendo el parque de alquiler. Aquí, la gran crítica es que esto viene de ERC, Podemos... De los partidos separatistas de Cataluña. Hay que ver qué se ha hecho en política de vivienda. En Cataluña estamos muy lejos del porcentaje de vivienda pública que hay en otras ciudades de Europa. En Cataluña se destina más a TV3 que a vivienda. Es un ejemplo, pero podemos ver muchas partidas presupuestarias en chiringuitos políticos, embajadas, altos cargos, enchufados varios, vividores del procés... Primero, vamos a invertir en política pública de vivienda en condiciones.

El presidente del PSC en Badalona, Rubén Guijarro, señaló que el Barcelonès Nord ha tenido menos habilidad para trabajar las inversiones que el Baix Llobregat como comarca. ¿Comparte este punto de vista?

Le tendrá que preguntar a los alcaldes socialistas, que están en el AMB cobrando dietas y que no sabemos qué hacen a nivel supramunicipal ocupando puestos de responsabilidad porque no vemos como las inversiones repercuten en nuestra ciudad. Yo soy diputado de la oposición en el Parlament de Catalunya y concejal de la oposición en Santa Coloma de Gramenet. En todo este tiempo, he defendido en el Parlament políticas de seguridad en forma de incremento de más Mossos d'Esquadra, que haya una dotación de bomberos más amplia, reformas en las escuelas, que se acaben las infraestructuras que están por hacer, que se impulse el proyecto de conexión de la L1 con Badalona... Y no veo cual es el papel que juegan los responsables públicos de Santa Coloma que tienen responsabilidad en otras instituciones. Mi grupo parlamentario, sabe que siempre que hay un debate de la ciudad yo estaré allí para defenderlo.

Dimas Gragera, en Santa Coloma de Gramenet

La alcaldesa ha renunciado al sueldo del ayuntamiento y cobra de la Diputación. ¿Qué le parece que ella cobre más como alcaldesa de Santa Coloma que el presidente del Gobierno?

Puedo entender la indignación ciudadana que hay sobre estos sueldos, pero creo que hay otros debates que venían primero, como la racionalización de la administración. Nosotros impulsamos la supresión del Consell Comarcal del Barcelonès Nord, queremos que se supriman las diputaciones. Entre un ciudadano del área metropolitana y el Gobierno central, teníamos el Consell Comarcal, la Diputación, el AMB, el Parlament de Cataluña y el Gobierno. Que haya seis estamentos administrativos... el debate tiene que ir por ahí. También hay que contar con el despilfarro, los enchufismos en la contratación pública que vemos desde muchos ayuntamientos y los entes satélite que viven en el ecosistema de un ayuntamiento. El sueldo que Parlón cobra de la Diputación viene de un pacto de la alcaldesa con los separatistas. El PSC está gobernando en la Diputación con el partido de Torra y Puigdemont, y no está por políticas públicas, está gobernando por cargos y sillas. Además, la alcaldesa tenía la vicepresidencia en la anterior legislatura donde el gobierno era de ERC con CiU. Entiendo la indignación de la ciudadanía con los sueldos de los políticos, bienvenidos sean los debates pero creo que éste tiene que ser más profundo.