El Ayuntamiento de Badalona ha reactivado el proceso de selección de 19 plazas para la Guardia Urbana, que cubrirá con agentes de otros cuerpos policiales. Son plazas sobrantes de una convocatoria de 56 plazas realizada por el anterior gobierno del PSC.

El proceso de selección quedó paralizado en marzo del año pasado durante del estado de alarma por la pandemia y posteriormente se tuvieron que modificar las bases para adaptarlas a los requerimientos establecidos por el Departamento de Interior. Ello obligó a reabrir los plazos para la presentación de instancias, que finalizaron el pasado 20 de noviembre, según las mismas fuentes.

EL SFP-FEPOL, 'VETADO'

El sindicato mayoritario del cuerpo SFP-Fepol denuncia este miércoles que dos de sus delegados que pretendían observar las pruebas han sido vetados. En un comunicado, asegura que la responsable del departamento de Recursos Humanos los ha expulsado del recinto en el que se celebraban las pruebas a pesar de que le habían notificado previamente su intención de acudir a las mismas para comprobar que el proceso se llevaba a cabo con garantías.

Fuentes del sindicato muestran su sorpresa por esta decisión y explican que en el pasado han acudido en muchos procesos selectivos sin problemas. Explican que si bien las bases de la convocatoria indican que los representantes sindicales no pueden formar parte del tribunal de selección, la normativa no les prohíbe acudir para supervisar y "velar por que las pruebas se realicen de la mejor forma", del mismo modo que han hecho en otras ocasiones.

'MUY GRAVE'

La organización de trabajadores tacha lo sucedido de "muy grave" y han acusado al ayuntamiento de "querer esconder algo" por impedir el acceso de la delegación sindical al Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Sant Cugat (Barcelona), donde se han llevado a cabo las pruebas de selección.



El Ayuntamiento sostiene que no se ha permitido participar al sindicato para dar cumplimiento al requerimiento de la Subdirección General de la Coordinación de la Policía de Cataluña, que establece que, como el órgano selectivo "está dotado de capacidad técnica suficiente para resolver el procedimiento", no tiene sentido que concurran al proceso organización políticas o sindicales.

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