El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) pagará por espiar a los alcaldes y alcaldesas de los 35 municipios, además de la Ciudad Condal. La institución, presidida por Ada Colau, controlará las agendas de los primeros ediles y las clasificará por “género” y partido político.
El objetivo, según el ente supramunicipal, es velar por la “transparencia”, aunque la propia AMB incumple este capítulo, según avanza Crónica Global. Uno de los programas de la institución, titulado Con quién se reúnen los alcaldes metropolitanos y que recibirá cerca de 9.000 euros, no cumple con la normativa y los jefes de la corporación alertan de “deslealtad” de la institución” con sus gobiernos locales, que se ven “intervenidos” y “espiados”.
ESPIONAJE EN EL AMB
Desde el AMB defienden que el proyecto se enmarca en la convocatoria de las subvenciones de la Agencia de Transparencia y afirman que los objetivos son: "Conocer con quién se reúnen los responsables públicos locales de los municipios del AMB y con qué fin" es el primero. ¿No es una injerencia? "Los alcaldes y alcaldesas interactúan produciendo diferentes impactos a escala política y que pueden condicionar las decisiones políticas”.
En esta línea, la administración argumenta que se elaborará un "análisis comparado de las agendas de alcaldes y alcaldesas" de los 36 municipios; "analizará el grado de transparencia en la publicación de reuniones por parte de los ayuntamientos y la relación con los grupos de interés para saber a qué y a quién dedican su tiempo" e "investigará si el género de altos cargos o su adscripción política marcan de algún modo estas reuniones con los lobbies”.
INCUMPLIMIENTOS DEL AMB
Sin embargo, la institución que preside Ada Colau no cumple con lo predica. Cabe recordar que el AMB acumula asesores en la sombra de los que escamotea su remuneración. La Administración supralocal cuenta con una Agencia de Transparencia propia, pero incluso este ente incumple.
En abril de 2019 los trabajadores de la Agencia metropolitana denunciaron excesos de su directora, Gemma Calvet (ERC) en el Parlamento. Los empleados reclamaron su destitución con la nueva legislatura tras las municipales, pero ello no ocurrió. Tras aquel rifirrafe, el AMB anunció la creación de un buzón ético.