Defender una posición política es legítimo, pero esta defensa, si se está en una institución, debe conllevar respeto a la legalidad vigente y, si cabe más importante, el cumplimiento de las obligaciones para no perjudicar a los ciudadanos. Esto parece que no se lo sabe Eloi Badia, ni Ada Colau, y en el caso que vamos a explicar tampoco Antonio Balmón.

El juzgado del Contencioso Administrativo número 8 de Barcelona ha dado un rapapolvo a la dirección del Àrea Metropolitana de Barcelona. El enésimo. El PSC se puso al lado de la ideología que comandan el binomio Colau-Badia para incumplir el contrato concesional que firmó con Aigües de Barcelona sobre la actividad de saneamiento en alta prestado por la compañía. El juzgado ha condenado al AMB a pagar 15 millones de euros para cumplir su parte del contrato y cumplir con los ciudadanos para garantizar el servicio de saneamiento. O sea, que el prejuicio a este servicio recae directamente sobre los ciudadanos del área de Barcelona y encima les toca pagar. Qué fácil es parapetarse en el activismo si las responsabilidades económicas recaen sobre otros, las responsabilidades del servicio no pasan cuentas y las responsabilidades políticas no existen por la inanición de la oposición.

Ahora el tridente Badia-Colau-Balmón pagará el desaguisado y preparará el bolsillo para pagar por los años que el tribunal está ahora juzgando. El juzgado les ha dado un nuevo revolcón. El enésimo, y no parece que esto afecte al concejal Badia. Ni dimite ni es cesado, aunque acapara el mayor porcentaje de fracasos en su gestión porque su activismo le impide ver la realidad. Desde cementerios hasta el agua, pasando por la pifia de la recogida de basuras puerta a puerta en Sant Andreu. Quizás Colau debería hacer una reflexión sobre su gestión. La amplitud de las críticas está juntando desde asociaciones de vecinos a gremios económicos, porque Barcelona no pasa por dificultades, está en decadencia. Y el PSC debería hacérselo mirar porque no salirse del cauce cuando toca puede acarrear que cuando llega la avenida se te lleve por delante.

Lo peor de esta condena no es que los barceloneses paguemos 15 millones de euros sino que lo peor es que la gestión de la salubridad ha quedado al pairo porque no se ha invertido esta cantidad. ¿Ha afectado al saneamiento? No tengo esa información, pero no hace falta ser un Einstein para entender que si se dejan de invertir 15 millones se ha puesto en riesgo el servicio que es nada más y nada menos que canalizar y tratar las aguas residuales de los 36 municipios que componen el área metropolitana. No hacerlo perjudica notablemente al medio ambiente. ¡Qué curioso! En este tema, con la defensa del entorno medioambiental la alcaldesa se llena la boca a diario. La última vez fue para poner trabas a la ampliación aeroportuaria. Dijo que nos engañaban y que era un atentado ecológico. ¿Y esto qué es? Pues eso, un atentado ecológico que afecta al entorno, a las personas, y a su bolsillo.

Si hubiera un pódium de setas, el de los políticos que cometen errores de envergadura justificados por su activismo, radical, político e ideológico, con resultado de dolo para la ciudad y sus habitantes, Eloi Badia sería la seta del año. Su gestión es manifiestamente mejorable, pero si encima la hemos de asumir todos me parece insultante. Colau no quiere soltar lastre, a no ser que Badia sea el chivo expiatorio que oculta la mediocridad de la alcaldesa. Una pena, pero un soplo de ánimo. Queda menos de dos años para las elecciones.