El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de casación del Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya (CONGIAC) y el Ayuntamiento de Collbató contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) que consideraba que hay fraude de ley en su sistema de adjudicaciones, por lo que confirma el fallo de septiembre de 2020 y ya es firme.
El CONGIAC es un ente público que agrupa a varios ayuntamientos para la gestión del ciclo de agua potable a través de la empresa GIACSA. Entre los que forman parte del mismo se encuentran municipios del área de Barcelona con una notable cantidad de población como Mataró o El Prat de Llobregat. Pero tras la aprobación, por parte del Ayuntamiento de Collbató, de adherirse al CONGIAC y encargar la administración del servicio a GIACSA, la compañía Sorea –del grupo Aigües de Barcelona– interpuso recurso.
El TSJC sentenció finalmente que no es una modalidad válida de gestión asociada y que se trata realmente de un instrumento fraudulento para que las localidades con empresa pública de agua extiendan sus servicios más allá de su propio ámbito como proveedores de municipios más pequeños.
Asimismo, el TSJC dictaminó –y el TS sostiene de nuevo– que GIACSA "no puede considerarse un medio propio" de los municipios que están adheridos al CONGIAC porque no forman parte del accionariado ni da servicio a todos sus miembros. Afirmaba el juez que la empresa no tiene los medios humanos y técnicos para prestar los servicios, por lo que se acaban subcontratando a las empresas municipales que sí pueden hacerlo. Algo que normalmente ocurre con las localidades de mayor tamaño. En el caso concreto de Collbató, con la gestión a manos de Aigües de Vilafranca.
LA REACCIÓN DE AIGÜES DE BARCELONA
Desde Aigües de Barcelona señalan que, a raíz de la sentencia, Collbató y otros 11 municipios intentaron de enmendar las "graves ilegalidades" constatadas por el juez, aunque "a pesar de los esfuerzos" las medidas se han demostrado "insuficientes".
Por todo esto, y porque hacer lo contrario supondría "burlar la sentencia del TSJC", Aigües de Barcelona pide al Ayuntamiento de Collbató que ejecute la sentencia y opte por un modelo de gestión de del servicio "que cumpla con el ordenamiento jurídico y con la normativa de competencia".