Un nuevo contratiempo, y con consecuencias económicas. El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) deberá pagar alrededor de 15 millones de euros a Aigües de Barcelona y a Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. por incumplir el contrato concesional por la actividad de saneamiento que ofrece la compañía. Es lo que indica la sentencia del 8 de octubre del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Barcelona, después de una disputa que había tenido su último capítulo en 2018, cuando el consejo metropolitano rechazó las peticiones de la Aigües de Barcelona.
La decisión judicial deja en evidencia a los responsables de la AMB, Ada Colau y Eloi Badia, porque deja constancia de que el AMB incumple sus obligaciones legales en cuanto al servicio público del saneamiento. Se considera que el rechazo de la entidad supramunicipal a realizar las aportaciones correspondientes pone en riesgo la sostenibilidad del propio servicio, al impedir a la operadora acometer una gestión correcta.
DEUDA DE 30 MILLONES DE EUROS
La sentencia, que es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), es el resultado de un tira y afloja entre las dos partes. La operadora consideró que AMB incumplía el compromiso contractual ya desde 2014, un año después de la constitución de la empresa mixta entre el AMB y Agbar, que iba a gestionar, a partir de esa momento, el ciclo integral del agua en la veintena de municipios de la zona, y que iba a estar participada en un 85% por la compañía y en un 15% por el ente metropolitano.
Antonio Balmón y Ada Colau, en un acto del AMB
En 2018, y según la compañía con la reiteración de los incumplimientos, se instó a que se pusiera fin con la reclamación del importe correspondiente al periodo entre 2014 y 2017. Y, posteriormente, los ejercicios de 2018, 2019 y 2020. La deuda total del AMB asciende a cerca de 30 millones de euros.
LA DECISIÓN DE BALMÓN
La entidad metropolitana rechazó esas supuestas deudas, a través del consejo metropolitano del 26 de junio de 2018. La presidenta del AMB es Ada Colau, mientras que el vicepresidente ejecutivo es el socialista Antonio Balmón, alcalde de Cornellà, y el vicepresidente de Ecología es Eloi Badia, que, como Colau, es dirigente de los comunes.
Lo que hace ahora el juzgado de lo Contencioso-Administrativo es revocar la decisión del AMB y señala que es exigible el cumplimiento contractual y, por tanto, las obligaciones económicas que derivan de ese contrato. Pese a todo, el AMB puede ahora recurrir ante el TSJC.