El AMB castiga al operador de bus Avanza por el caos de su servicio en el Baix Llobregat

El director de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), Joan Maria Bigas, ha asegurado este jueves que han comenzado a aplicar las primeras sanciones económicas al operador de buses Avanza "por no cumplir el nivel de calidad que pide el contrato".

Bigas ha lamentado la "mala gestión" de la compañía que cubre el servicio en municipios del Baix Llobregat Sur, y ha explicado en declaraciones a TV3 que también están aplicando sanciones al antiguo operador, Baixbus, por el déficit en los vehículos.

El director ha mostrado su solidaridad a los usuarios y ayuntamientos que están padeciendo la situación, y ha destacado que el AMB aplicará "todos los recursos a su alcance para poder revertir esta situación".

NUEVOS VEHÍCULOS

El AMB incorporará ocho nuevos autobuses previstos para otros servicios desde la próxima semana y otros 136 vehículos a partir de diciembre. Bigas ha detallado que la empresa debería complementar los recursos con otros buses, y ha añadido que se seguirán aplicando penalizaciones si no cambia la situación, con cantidades que pueden llegar a los 2,5 millones de euros anuales.

Este martes los ayuntamientos de Gavà, Castelldefels, Sant Boi de Llobregat y Viladecans alertaron al AMB del "deterioro" de este servicio de bus, y un día más tarde Avanza se disculpó con los usuarios.

En una nota de prensa conjunta, estos ayuntamientos se han dirigido al AMB para que "aumente los recursos personales para realizar el mantenimiento que requieren los vehículos, incremente los recursos materiales para que los vehículos averiados o retirados del servicio se repongan inmediatamente, garantice la accesibilidad de todos los vehículos a personas con movilidad reducida, informe con rapidez y en todo momento a las personas usuarias de los posibles cambios de horario o anulaciones y amplíe las expediciones de las líneas L94 y L95 los fines de semana y festivos.

CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Los consistorios también han reclamado al ente metropolitano que explore todas las herramientas legales que contempla la concesión para garantizar el cumplimiento del contrato.

Los trabajadores de Avanza denunciaron públicamente a principios de año las presiones recibidas tras el recorte del servicio, según informó Crónica Global. Los sindicatos UGT y CCOO aseguraron que se habían producido agresiones verbales a la plantilla por parte de los usuarios, una situación que la empresa negó.