Ayuntamientos y payeses del Baix Llobregat cierran filas para salvar el pulmón agrario de Catalunya

El sector agroalimentario y los Ayuntamientos de Sant Boi, Gavà y Viladecans se unen contra la ampliación de la Zona Especial de Protección de las Aves (ZEPA) del delta del Llobregat. La agroindustria, junto con los consistorios del Baix Llobregat, el Área Metropolitana de Barcelona y numerosas entidades como Foment del Treball o la patronal AEBALL, cargan contra la Generalitat y rechazan frontalmente el proyecto que contempla ampliar de las 900 hectáreas que ocupa la ZEPA actualmente a las 2.400. Esta modificación, que supondría una inversión de 49 millones de euros hasta 2026 para la Generalitat, pondría en peligro la actividad agrícola del parc agrari del Baix Llobregat y, en consecuencia, el futuro de la economía de esta comarca. Así lo aseguran las cerca de 200 empresas agroalimentarias, coordinadas por l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, que han presentado alegaciones para frenar el proyecto.

Este proyecto, trazado de forma unilateral por la Generalitat, trata de responder a la carta de emplazamiento enviada por la Comisión Europea en la que pide a la administración catalana mejorar la gestión de la zona ZEPA. Se trata del primer paso antes de que se formalice un expediente sancionador contra el país por el deterioro del espacio natural del delta del Llobregat. O lo que es lo mismo, dejadez medioambiental. En esta misiva, Europa exige al organismo competente que se ocupe de proteger la biodiversidad de la zona ya que "no ha recibido el seguimiento suficiente y se debe evitar su deterioro". Europa mira con atención a uno de los pulmones agrarios de Catalunya mientras el tiempo corre. La disparidad de interpretaciones acerca del requerimiento europeo no arroja luz al problema ni mucho menos aporta soluciones. Los Ayuntamientos y el campesinado lo tienen claro, no hay que ampliar; hay que gestionar mejor lo que ya existe. Sin embargo, la Generalitat discrepa y defiende que la ampliación de esta zona puede convivir perfectamente con la actividad agrícola.

¿PORQUÉ LA ZEPA ES TAN ESTRATÉGICA?

El delta del Llobregat ha sido objeto de discrepancias y presiones durante años por dos factores: lo que representa a nivel productivo y por su ubicación estratégica. En cuanto a nivel productivo, la ampliación de la zona ZEPA abarca un 70% de la huerta del Parc Agrari, un 30% de la superficie agrícola de Catalunya. Según datos aportados por el IACSI, el Parc Agrari garantiza a día de hoy el abastecimiento de frutas y verduras del Área Metropolitana. Esta zona aporta el 40% del producto que recibe Mercabarna y provee a diversas cadenas de kilómetro 0.

A nivel estratégico, entran en juego varios factores. Bruselas reitera que, a pesar de ser una de las regiones más pobladas de la península, "los frágiles ecosistemas del delta acogen una espectacular biodiversidad y juegan un papel crucial en las rutas migratorias de muchas aves europeas". De esta forma, contribuyen a preservar la coherencia general de la red Natura 2000, un conjunto de espacios ecológicos de competencia europea de áreas de conservación. Así consta en el comunicado emitido por la Comisión Europea. Entre otros motivos, la proximidad de esta zona del delta al Port de Barcelona y al Aeropuerto también la sitúan en un foco de interés y sobre todo, de privilegio. 

EL CAMPESINADO, EL PRINCIPAL AFECTADO

Los empresarios, coordinados por el IACSI, se reunieron el lunes 21 de noviembre con la cooperativa de Gavà y han presentado cerca de 200 alegaciones en las que señalan carencias técnicas, científicas, económicas y sociales en el proyecto de la Generalitat. Los empresarios agroalimentarios critican que falta un plan de gestión de las actuales superficies protegidas. El presidente de IACSI, Baldiri Ros, explica a Metrópoli que "se prevé invadir propiedades privadas sin garantías científicas". El también vicepresidente de Foment del Treball asegura: "La gran mayoría de hectáreas que quiere proteger la Generalitat no son zonas húmedas y, por tanto, tampoco son hábitat de ningún ave amenazada con condiciones aptas para su desarrollo". Desde la patronal consideran que este proyecto de la Generalitat no resuelve el problema expuesto por Europa y lamentan que no haya un estudio por parte de la administración que evalúe las zonas más dañadas. 

Carles Faura, presidente de la cooperativa de agricultores de Viladecans, se pregunta a sí mismo mientras mira hacia los campos que le han visto crecer: "¿De verdad esto va a acabar así?". Carles lo tiene claro: "Una ampliación de la zona ZEPA tendría unas consecuencias terribles para nosotros los payeses y para el desarrollo de la agricultura del siglo XXI". El presidente de la cooperativa de esta ciudad del Baix Llobregat reivindica el poder del campo para la ecología: "Nosotros también somos un equilibrio, todas nuestras plantaciones son oxígeno y equilibran el medio ambiente, también nos hace falta la comida y lo que producimos para sobrevivir". Faura añade: "En Viladecans no sólo hay agricultores, también hay muchas propiedades. Además somos los número uno en producción de tomates y pepinos, no hay más... ¿cómo van a destrozar todo esto?".

Uno de los múltiples sindicatos afectados, Joves Agricultors i ramaders de Catalunya (JARC), considera que la falta de colaboración entre administraciones ha derivado en un conflicto de intereses. Mauri Bosch, responsable de la sectorial de la huerta de JARC explica a este medio: "Está comprobado que la manera que tienen de ver la realidad el mundo rural y la gran ciudad son muy diferentes. Nuestra postura se ciñe a la carta de Europa, no hay que ampliar, hablamos de gestionar todo lo que no se ha gestionado". Bosch critica la falta de un estudio técnico de calidad por parte de la Generalitat para conocer la realidad de la zona y asegura que el campesinado ya se está movilizando: "En la fase de alegaciones hemos presentado dos estudios, uno técnico y otro ornitológico. Necesitamos tumbar esta propuesta que no tiene ningún tipo de fundamento". Al igual que todo el sector, Bosch también critica la falta de transparencia de la Generalitat y que no haya tenido en cuenta a los agentes afectados para decidir sobre esta cuestión. 

LOS AYUNTAMIENTOS EXIGEN COGOBERNANZA

"La gravedad que supone esta ampliación es indescriptible, se limitaría la actividad agraria en la zona y eso no puede permitirse. Entre los municipios de Gavà, Viladecans y Sant Boi se llega a la producción que se necesita en Catalunya". Así de contundente se expresa la alcaldesa de Gavà, Gemma Badia, quien se muestra decidida en conversación con Metrópoli: "Lo que estamos haciendo es reproducir los mismos errores del pasado, ya se estaba haciendo mal antes. No le veo lógica porque además no se está haciendo ningún aumento de inversiones", critica Badia. En el caso de esta localidad, el aumento de la ZEPA limitaría en un 30% la actividad agraria. La alcaldesa lamenta que su municipio, igual que las otras localidades de la comarca, ha tenido que sufragar los costes derivados de "la dejadez" de la Generalitat: "En el consorci ya somos los que más ponemos, en un foro donde la competencia es claramente de ellos, su ingreso no llega ni al 15%. Amanecer con una ampliación de este estilo me parece una chapuza."

La administración local coincide en un objetivo claro: buscan solventar el problema, en ningún caso alzar una guerra contra el Govern. Sin embargo, el alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, se muestra decepcionado con la gestión de la administración catalana: "Justo unas semanas antes de que hicieran público el proyecto les habíamos presentado un proyecto de innovación en el sector agrícola para tener más capacidad productiva. Gran parte de la verdura que consume Barcelona es de fuera y nos gustaría que fuera de aquí". En declaraciones a Metrópoli, Ruiz asegura que "el Baix es una tercera parte de todo lo que se produce en Catalunya". Y añade: "Salimos muy contentos de nuestro primer encuentro con la consellera de Acción Climática, Teresa Jordà, pero luego no contaron con nosotros para tomar la decisión". Esta falta de lealtad institucional se agrava también, en parte, por la inacción de la Generalitat de solventar problemas históricos en esta zona como la inundabilidad: "El tema más urgente es el del agua, necesitamos inversiones e infraestructuras que desalojen las aguas hacia el mar, hay que revertir la inundabilidad". 

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) es un organismo de la Generalitat que tiene pendientes varias inversiones en la zona para solventar problemáticas como esta. "Tenemos un sistema de riego del entorno agrario pero para que eso funcione hay que invertir. Las infraestructuras no están actualizadas, ni conservadas ni bien mantenidas. Cuando hay tormentas estas zonas se inundan y los que sufren son los payeses, son un tesoro que tenemos que cuidar". Estas palabras son de la alcaldesa de Sant Boi, Lluisa Moret.  De los tres municipios más afectados del Baix Llobregat, Sant Boi es el que se llevaría la peor parte. "Casi el 50% del suelo agrario estará afectado por la ZEPA" denuncia la alcaldesa. "Como alternativa exigimos lo mismo que siempre, planificar juntos este proyecto, que haya transparencia y una cogobernanza entre instituciones". Moret lamenta que estas reivindicaciones "no son nuevas" y que la "unilateralidad" de la consellera Jordà no les ha dejado más remedio que "presentar alegaciones en contra del proyecto". 

Un contexto de amenaza para el sector agrícola que ha llevado a los tres consistorios a lanzar un grito unánime en contra de la propuesta de ampliación. Reiteran conjuntamente que la protección de la biodiversidad y el campesinado son perfectamente compatibles. 

LA GENERALITAT CONFÍA EN SU PROPUESTA

Ante el reclamo de los ayuntamientos de formar parte de una mesa conjunta para tomar decisiones, la Generalitat se muestra contundente. El director general de políticas ambientales y acción climática, Marc Vilahur, contactado por Metrópoli: "El delta del Llobregat es mucho más que estos tres ayuntamientos, podemos colaborar con ellos pero no vamos a trabajar de forma sectorializada, hay que hacerlo de forma conjunta y transversal con todos los implicados". Además, el dirigente de este departamento se muestra confiado con la viabilidad de su propuesta: "Hemos dado respuesta a Europa, no vamos a hablar de si ampliamos o no porque esa afirmación ya la confirma Bruselas. Haremos un plan de gestión desde el minuto 0 hablando con todos los agentes del territorio, poniendo de relieve el futuro del delta". Vilahur asegura que el tiempo es un enemigo para tomar decisiones en este ámbito: "Nos hemos basado en la mejor información disponible porque en seis meses no nos da para más. Estamos en proceso de regular la ZEPA y ahora es el momento de las alegaciones, estamos dentro de los plazos".

El director niega categóricamente que su proyecto ponga en peligro el campesinado: "La afectación prevista no pone en juego su viabilidad. Además, planteamos medidas para articular un modelo que sea compatible, la agricultura debe continuar en la ZEPA capaz de dar respuesta a las necesidades del delta". Una de las principales quejas tanto de consistorios como mundo rural es sobre la dejadez medioambiental de la Generalitat en este espacio. Vilahur se escuda de esta problemática señalando al pasado: "El delta es una zona que ha sufrido muchas presiones, a menudo antagónicas. Esto ha provocado incertidumbre porque siempre ha hecho falta una estrategia. Tenemos previsto invertir 50 millones de euros para promover una agricultura sostenible y fomentar la conservación de la biodiversidad". 

El proceso de respuesta a Europa se encuentra en fase de alegaciones. A menos que el sector agrario presente informes técnicos consistentes que demuestren errores en los de la Generalitat, la ampliación de la ZEPA tirará para adelante. Asegura Vilahur que la administración actúa con transparencia: "Los procesos administrativos son los que son, este proyecto se somete a consulta pública y, por tanto, los ayuntamientos pueden presentar alegaciones como cualquier otra administración". 

EL FUTURO DE LA ZEPA, EN EL AIRE

Dejando a un lado las diferencias entre los agentes implicados, lo que sí es cierto es que el tiempo corre para el Delta del Llobregat. A día de hoy se desconoce el futuro de este espacio protegido y, por tanto, qué va a pasar con la ampliación de la ZEPA, con el mundo agrícola o con cuestiones como la inundabilidad. Una incógnita que lejos de ser despejada a corto plazo, augura un camino de larga burocracia. A la espera de concreciones y convicciones, la zona sufre las consecuencias de la inacción y se deteriora cada vez más.

¿Qué pasará con el futuro del campesinado? ¿Cómo afectará a la producción agroalimentaria de la zona? ¿Está en peligro el abastecimiento productivo en el Área Metropolitana? ¿Tienen los invernaderos del Baix Llobregat los días contados? La única certeza es que la movilización de los todos los agentes implicados trata de poner solución a una problemática real que, de gestionarse equívocamente, puede acabar con una sanción europea irreversible para uno de los pulmones agrarios más importantes de Catalunya.