La Generalitat pone en juego la concesión de ayudas europeas por su gestión del Delta del Llobregat

Nuevo revés para la Generalitat en materia medioambiental. Tras el requerimiento en el que la Comisión Europea pide a la administración catalana mejorar la gestión de la Zona Especial de Protección de Aves (ZEPA), la Fiscalía provincial de Barcelona ha remitido ahora un informe a la Generalitat –y a otras entidades públicas como el Port de Barcelona o el Aeropuerto de Barcelona– en el que alerta del "grave deterioro" del Delta del Llobregat. En la detallada lista de agravios que señala en este informe el fiscal delegado de Medio Ambiente de Barcelona, Toni Pelegrín, destaca que algunos de los proyectos de infraestructuras que han sido amparados por las instituciones públicas se han llevado a cabo "sin una correcta ejecución". Tanto el requerimiento europeo como el aviso de la Fiscalía tienen un denominador común: ambas advertencias han nacido a raíz de las denuncias de la entidad ecologista DEPANA. 

José García, vicepresidente de esta asociación, considera en declaraciones a Metrópoli que el nuevo informe de la Fiscalía es muy importante porque "corrobora las agresiones que sufre el Delta del Llobregat". Con este último aviso por parte del Ministerio Público, la Generalitat tiene ahora dos procesos pendientes de resolver. Si no consigue dar una respuesta adecuada a Europa en los plazos estipulados, la problemática escalará a los tribunales europeos, lo que podría derivar en una sentencia condenatoria poniendo en juego la concesión de ayudas europeas a nivel estatal tal como confirma a este periódico el director técnico de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre, Ignasi Sans: "Europa ya ha actuado así en otras ocasiones. La comisión no anuncia una multa, se la cobra reduciendo su partida al Estado". 

"GRAVE DETERIORO"

El informe del fiscal, al que ha tenido acceso este digital, alerta al organismo competente –en este caso a la Generalitat– del "grave deterioro" del Delta del Llobregat. Pelegrín asegura en el documento que, además de que se hayan materializado proyectos de infraestructuras "sin la correcta ejecución y seguimiento de las medidas correctoras o compensatorias previstas", se ha actuado "con desconocimiento" sobre la protección de este espacio natural. El fiscal considera que la situación actual "no es nada halagüeña" y que las transformaciones que se han realizado "han afectado negativamente a la biodiversidad". 

Imagen de archivo del Delta del Llobregat / EUROPA PRESS

Sin embargo, el Ministerio Público falla que no se ha cometido delito y, en consecuencia, archiva las diligencias abiertas tras la denuncia de DEPANA. Para el vicepresidente de esta entidad es un aviso a navegantes: "Aunque no sea delito penal el informe reitera que la normativa medioambiental es de obligado cumplimiento, están avisados". El fiscal ha remitido este informe a la Generalitat, al Aeropuerto de El Prat –por la construcción de cuatro aparcamientos en zonas teóricamente protegidas–, al Puerto de Barcelona, al fiscal de la sala de Medio Ambiente, Antonio Vercher, para trasladar su comunicación al Ministerio de Transición Ecológica (MITECO) y al comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea. Las administraciones competentes ya han sido notificadas con la intención de que adopten las medidas necesarias para evitar, según el documento, "repercusiones negativas ambientales". 

EL TRAMPOLÍN A EUROPA

La entidad ecologista DEPANA ha sido el trampolín para que estos avisos lleguen a las altas instituciones europeas. En 2012 la asociación elevó a la Comisión Europea la denuncia que ha acabado transformándose en un requerimiento para la Generalitat. Se trata del primer paso antes de que se formalice un expediente sancionador contra España por el deterioro del espacio natural del Delta del Llobregat. Europa exige al organismo competente que se ocupe de proteger la biodiversidad de la zona ya que "no ha recibido el seguimiento suficiente y se debe evitar su deterioro". Mediante diferentes estudios ornitológicos, DEPANA comprobó que se había reducido considerablemente el número de aves –de obligada protección por parte de la Comisión Europea– que realizaban su ruta migratoria en la ZEPA del Delta del Llobregat. Diez años después de presentar esta denuncia, consiguieron que Europa emitiese este requerimiento al organismo competente.

En paralelo a esta denuncia, DEPANA también se ha dirigido a la Fiscalía Provincial de Barcelona para reforzar su teoría ante Europa. A la espera de que la administración catalana resuelva las alegaciones que cerca de 200 entidades han presentado contra su gestión de la ZEPA, el fiscal Toni Pelegrín ha emitido un nuevo aviso al ente público para revertir el deterioro que se ha generado en el Delta especialmente por proyectos que han aprobado organismos como la Generalitat, el Port de Barcelona o el Aeropuerto –en este último caso con la construcción de un antiguo aparcamiento de autobuses, una antigua plataforma de taxis, un parking de visitantes de los espacios naturales y otro VIP–. De estas cuatro infraestructuras, sólo una de ellas se encuentra en fase de renaturalización como pide el informe del fiscal. 

DENUNCIAN FALTA DE GESTIÓN

El vicepresidente de la entidad ecologista, José García, se muestra contundente en este periódico: "La gestión ha brillado por su ausencia, adjuntaremos este informe para volver a acudir a Europa. Estamos convencidos de que sólo una sentencia condenatoria de este nivel puede tratar de solucionar esto". Una condena, que según García, iría mucho más allá de las consecuencias medioambientales. El director técnico del IACSI, Ignasi Sans, asegura a este medio que la Generalitat "no ha hecho la gestión que tenía que hacer por dejadez y falta de interés". Sans lamenta que a día de hoy la administración no haya perfilado un plan de gestión para abordar esta problemática: "No se trata de proteger toda la zona como quiere hacer la Generalitat, se trata de gestionar las zonas deterioradas para que sean aceptables, eso es lo que pide Europa", sentencia. 

Lo cierto es que la repercusión que puede generar esta problemática excede las consecuencias medioambientales. La "falta de gestión" de la Generalitat puede derivar en una limitación de los recursos europeos a nivel estatal. Así lo asegura el director técnico del IACSI: "De momento Europa pide una gestión pero la Generalitat no ha aumentado el presupuesto ni ha hecho un plan de medidas. Si esto acaba en una sanción europea, la comisión acabará restringiendo los fondos que lleguen de Europa. Las altas instituciones no te dicen que tienes que pagar una multa, directamente se lo cobran antes, ya veremos si lo hacen reduciendo las ayudas o limitando los fondos estructurales", lamenta el director. 

"MIEDO A TOMAR DECISIONES"

Fuentes del Departament d'Acció Climàtica consultadas por este digital aseguran que la Generalitat se encuentra en vías de resolver estas advertencias que "requieren tiempo" para ser solventadas. En el marco del aviso europeo, la Generalitat afirma a Metrópoli que se encuentra en fase de estudiar las alegaciones que aproximadamente 200 entidades –entre ayuntamientos, agricultores y ecologistas– han presentado contra su respuesta de ampliación de la ZEPA. Una burocracia que para el vicepresidente de DEPANA está demorándose demasiado: "Las alegaciones ya tendrían que estar resueltas. Hay miedo a tomar decisiones en momentos complejos, ¿qué han hecho en dos años que no sea papeleo?", se pregunta García. Dos años después de emitirse el aviso de Europa y ahora, coincidiendo con el del fiscal, el Departament d'Acció Climàtica ha empezado a movilizarse. En unas jornadas organizadas en el municipio de El Prat, el departamento encabezado por la consellera Teresa Jordà anunció la creación del "plan de protección del Delta".

Un informe que busca definir los usos internos del Delta del Llobregat para recoger qué zonas pueden destinarse a uso agrícola y a uso ambiental, entre otros. El director técnico del IACSI critica la falta de consenso: "Han empezado a hablar de una problemática sin contar con los que sufren el problema. Es un anuncio para cubrirse las espaldas, deberían contar también con ayuntamientos afectados y las cooperativas agrarias que hemos presentado alegaciones". Las entidades ecologistas, por su parte, han recibido el anuncio con satisfacción pero sin vislumbrar ninguna esperanza al respecto: "Van a paso de caracol. Actos así ha habido muchos, si no hay solución real –que es lo que intentamos hacer ver– acabaremos en los tribunales europeos, es la única solución", sentencia el vicepresidente de Depana. "Estar en un proceso de estas características afecta a las ayudas europeas y nadie quiere llegar a esa fase", remacha.