El AMB niega un conflicto entre legislaciones por la regulación del Parc Agrari del Baix Llobregat

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) desmiente que se estén produciendo contradicciones entre el reglamento del Parc Agrari y las normas de carácter estatal o autonómico, tal como denunció Foment del Treball, a través del Institut Agrícola. Desde la patronal solicitaron a los alcaldes del Baix Llobregat una moratoria para reformar el marco regulador. Esta normativa se conoce como Plan Especial y pidieron una modificación por "falta de adecuación de esta normativa" con condiciones que establecen otras normas de carácter superior.

CONTRADICCIONES LEGISLATIVAS

Entre las contradicciones de las normativas, la patronal del Institut Agrari apuntó que el espacio rechaza las instalaciones destinadas a la higiene, seguridad y adecuado registro y control en el trabajo, un "requisito impuesto por la normativa general". También mencionó que no contempla la existencia de edificaciones para almacenaje de productos fitosanitarios.

Sobre este punto, el AMB se defiende de las acusaciones asegurando que no se producen tales contradicciones entre el reglamento del Parc Agrari y las normas de carácter estatal o autonómico alegando que, de la misma forma que cualquier otro plan urbanístico aprobado definitivamente, el Plan Especial "no puede ir contra el marco normativo general".

Desde la entidad ponen como ejemplo la altura de las vallas de protección. Desde Foment del Treball afirmaron que el Plan Especial las ha reducido a 1,5 metros cuando el reglamento superior exige que sea mayor. No obstante, AMB expone que la altura pasó de 2 a 1,5 metros debido una prescripción introducida por la Comisión de Urbanismo de la Generalitat.

MULTAS

A raíz de estas contradicciones legislativas, el Institut Agrícola denunció que el AMB interpuso multas a los agricultores del Baix Llobregat por el incumplimiento del Plan Especial. No obstante, fuentes de la entidad aseguran a Metrópoli que es "falso" que se hayan emitido 1.200 sanciones económicas y aclaran que solamente se han abierto 99 expedientes, 32 de los cuales se han resuelto y 67 continúan abiertos. Únicamente tres, por el momento, se han terminado convirtiendo en multas efectivas. El motivo de las sanciones es que dos de ellas tendrían que ver con huertos lúdicos, un aspecto del reglamento en el que las propias empresas agrarias habrían insistido para garantizar la promoción de la explotación profesional.

Pero, ¿cómo se explican los 1.200 expedientes económicos de los que habla la patronal si no corresponden a incumplimientos del Plan Especial? Según el AMB, estos estarían relacionados con el incumplimiento de otros reglamentos que no se encuentran dentro de las competencias de la entidad barcelonesa. 

MORATORIA DEL PLAN ESPECIAL

Las fuentes de la entidad niegan a este digital que desde los ayuntamientos se haya registrado alguna petición formal de revisión del contenido de la normativa y declaran que "en legislación urbanística no existen las moratorias", en referencia a la petición que hizo el Institut Agrícola.