El intendente mayor de la Policía Municipal de Sabadell, Joan Antoni Quesada, denunciado por un presunto fraude en la compra de unas cámaras para multar desde los vehículos policiales.
La Oficina Antifrau de Catalunya ha confirmado a Metrópoli que hace unos meses recibieron una denuncia contra el jefe del cuerpo por un posible "amiguismo" en la "compra irregular" del material de videovigilancia: la licitación del Ayuntamiento de Sabadell se otorgó a la empresa CESECAT, relacionada con un íntimo amigo de Quesada, según el denunciante.
Un coche de la Policía Municipal de Sabadell / TWITTER
"AMISTAD MANIFIESTA"
En la denuncia, a la que ha tenido acceso este medio, se adjuntan las potenciales pruebas que demostrarían la relación existente entre el intendente mayor y Carlos Aros, uno de los altos cargos de la empresa a la que se adjudicó la compra de las cámaras sancionadoras a finales de 2021. Según expone el documento, ambos implicados aparecen juntos en diversas fotografías subidas en sus perfiles de redes: no se ocultan en mostrarse participando en planes sociales con otros amigos y familiares.
Una relación, la de Quesada y Aros, que se fraguó en la Guardia Urbana de L'Hospitalet de Llobregat: Aros comenzó su carrera policial como agente en el cuerpo y, más tarde, ascendió a jefe de la Policía Local de Lloret de Mar.
QUEJAS DEL SINDICATO
Fue el Sindicat de Policies Locals-Cos Mossos d’Esquadra (SPL-CME) el que detectó irregularidades en el proceso de contratación. La sección sindical puso en conocimiento del Ayuntamiento, el interventor municipal y Recursos Humanos la, según ellos, contradicción del código ético "por un conflicto de intereses entre las partes": ellos constataron la relación de amistad entre la jefatura del cuerpo y el representante de la empresa adjudicataria del contrato.
Además, en la denuncia se asegura que cuando pidió información al respecto, se le aseguró que el intendente mayor había intervenido "directamente" en la compra del producto.
El intendente mayor Joan Antoni Quesada, en el medio, con Carlos Aros a la derecha / RRSS
SIN FUNCIONAR DURANTE MESES
Algo que tabién hizo saltar las alarmas fue que la empresa CESECAT solo tiene una experiencia de dos años en el mundo de la seguridad privada y la tecnología. En el documento se detalla que el consistorio no consultó ningún otro negocio para la instalación de las cámaras y tampoco pidió más presupuestos.
Una vez adjudicado el contrato, que ascendió a los casi 18.000 euros, los problemas continuaron: el sistema de videovigilancia estuvo meses sin funcionar. Debía empezar a sancionar en la primavera del 2022 y no se puso en marcha hasta octubre.
ANTIFRAUDE, DETRÁS
Preguntada por este medio, la Oficina Antifrau de Catalunya ha aclarado que recibió una denuncia contra Joan Antoni Quesada y que esta se encuentra en "fase de evaluación previa de verosimilitud". ¿Qué significa? Que la institución realiza, en estos momentos, las actuaciones pertinentes para llegar a una resolución que podría derivar (o no) en una investigación.
MULTAS DE ENTRE 80 Y 200 EUROS
El objeto de la disputa es un nuevo sistema para sancionar a los vehículos que cometan infracciones: coches mal aparcados, mal uso de zonas de carga y descarga, circulación por carriles bici o autobús... Todo ello identificable por estas nuevas cámaras que detectan matrículas y las geolocalizan en cuestión de segundos. El sistema, además, podrá detectar vehículos con la ITV caducada o coches que hayan sido robados.
Preguntado por este medio, el Ayuntamiento de Sabadell ha afirmado que el proceso de licitación se ha desarrollado en todo momento con normalidad.