El Ministerio del Interior publica trimestralmente el balance de criminalidad en el que aparecen las infracciones penales registradas en los municipios con más de 20.000 habitantes. Por lo que se refiere a Santa Coloma de Gramenet las cifras son positivas. En el último informe, el acumulado de enero a junio se registra un descenso global de la actividad delictiva del 3,7%. Esta tendencia a la baja se viene repitiendo en los últimos años. Estas son las estadísticas de infracciones penales registradas, es decir, denunciadas. Estos datos se pueden complementar con la Encuesta de Victimización que realiza el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que mide la percepción que tiene la ciudadanía sobre la seguridad, es decir, tiene en cuenta las percepciones individuales, las cuales pueden estar condicionadas por factores múltiples como la edad, género, recursos económicos, barrio de residencia, calidad de la vivienda, del espacio público y estrés ambiental, entre otros aspectos. Ambos estudios son un barómetro del nivel delincuencial de nuestras ciudades y demuestran de forma distinta dos constantes a mi juicio incontestables: la seguridad es ya el gran reto de las ciudades y lo será en el futuro.
La calidad de vida y el ejercicio de los derechos de ciudadanía requiere una política pública de seguridad integral y multinivel, rigurosa y alejada del sensacionalismo. En el caso de mi ciudad, Santa Coloma de Gramenet, las mejoras relativas, pues siempre hay recorrido de mejora, obedecen a una clara apuesta por hacer de la seguridad una política pública estratégica, integral e innovadora.
La especialización policial con la creación de la Unitat de Suport i Intervenció Ràpida (USIR), enfocada en la misión de seguridad ciudadana en el espacio público y a la intervención ágil y altamente profesionalizada en conflictos que quebrantan el orden público y especialización del GIP (grupo de paisano), la ampliación de la plantilla para reforzar la eficacia de los turnos ordinarios, la dotación de material técnico de última generación, los puntos de información policial para reforzar la estrategia de proximidad con la ciudadanía, la coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad, y el reconocimiento de la autoridad policial pueden estar en el origen del descenso en las estadísticas de criminalidad. Pero también las políticas preventivas están en el núcleo del abordaje de la inseguridad en sus múltiples facetas. En este sentido nos enfrentamos a nuevos retos.
Me preocupan enormemente ciertos fenómenos, como el aumento de las agresiones sexuales o la proliferación de las mafias que controlan el parque de pisos ocupados en Catalunya. Recientemente, hemos añadido a esta lista los altercados producidos por grupos violentos en las fiestas mayores de algunas localidades cercanas. Son nuevos comportamientos delictivos que requieren respuestas efectivas basadas en la coordinación por parte de todas las administraciones implicadas en combatirlas.
Desde las reformas legislativas en el Congreso de los Diputados hasta los operativos a pie de calle de nuestras policías. Creo que deberíamos avanzar hacia una reforma legislativa, disponer de más recursos para las instancias judiciales y reconocimiento de la autoridad y medios a los cuerpos policiales.
La delincuencia cero no existe, pero estoy convencida de que, si abordamos la seguridad con rigor y planificación estratégica, alejándola de la improvisación derivada de las crisis que llevan a la acción-reacción por falta de enfoque preventivo, estaremos en mejores condiciones para hacer frente a los nuevos desafíos.
Detrás de una ocupación problemática suele haber una red de criminales que comercian con las viviendas. Detrás de las agresiones sexuales hay un acceso cada vez más temprano al porno. Detrás de los incidentes en las calles hay organizaciones extremistas que reclutan y manejan a los jóvenes sin futuro.
Más allá de las estadísticas, debemos trabajar por un pacto nacional por la seguridad. La seguridad, como la sanidad, la educación o la atención a la dependencia, es un derecho básico de la ciudadanía. Un derecho en el que pueden descansar el resto de los preceptos y mandatos de una democracia avanzada.