Sobrecarga emocional y miedo a agresiones: el día a día de las trabajadoras del SAD en Sant Just

Jornadas partidas con baja o nula conciliación, necesidad de pluriempleo para poder llegar a final de mes y riesgo por lesiones y agresiones, esa es la compleja realidad que denuncian los trabajadores del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) de Sant Just Desvern.

Los trabajadores del servicio municipal denuncian un abandono y dejadez por parte de la empresa a la hora de velar por la integridad física y psicológica de la plantilla. Según ha explicado CGT a Metrópoli, tanto el Ayuntamiento de Sant Just como la adjudicataria, Accent Social, realizan una primera visita a cada usuario antes de comenzar a proveer el servicio de asistencia especial para personas con dependencia.

INSEGURIDAD

"No entendemos cómo nos mandan solas a según qué domicilios. Casi todas las trabajadoras nos hemos tenido que enfrentar a peligros", explican. Se trata de riesgos de todo tipo, pues la ausencia de máquinas o compañeros para levantar peso puede provocar -- y provoca -- lesiones, pero también se han dado caso de agresiones a empleados.

"Si un usuario con una enfermedad neuronal o neurodegenerativa se pone violento, somos la pared donde caen los golpes. Esto nos ha pasado a varias compañeras". En estos casos, afean, la empresa se limita a "mandarnos a la mutua". ¿El resultado? "Algunas de nosotras sufrimos lesiones permanentes, ya sea por lesiones del trabajo como por agresiones", claman. Preguntados por Metrópoli, la empresa asegura que "cumple estrictamente con la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, aportando a los profesionales los Equipos de Protección Individual (EPI) que estipula dicha normativa".

Accent Social lleva prestando el servicio "de manera satisfactoria desde el 1 de enero de 2020, tal y como indican las encuestas de satisfacción realizadas a los usuarios del servicio de manera anual", añaden.

EL ENEMIGO INVISIBLE

Además, las fuentes consultadas apuntan a un gran enemigo invisible: la carga psicológica. Y es que trabajar en el SAD no es algo emocionalmente sencillo. Los empleados lidian, día a día, con personas que no se pueden mover, que no se pueden valer por sí mismas y que sufren enfermedades mentales o neurodegenerativas. Aunque algunos son mayores, también hay niños y adolescentes.

"Es inevitable establecer un vínculo con ellos", consideran, pero la profesionalidad del servicio implica que "hay emociones que tenemos que contener". Precisamente, en ese último caso -- cuando se trabaja con niños o adolescentes -- "se genera un gran estrés, pues están a nuestro cargo y somos sus responsables".

PRECARIEDAD

Dicha responsabilidad choca, según detallan las fuentes consultadas, con las propias dinámicas del trabajo. "Salimos de un servicio y vamos a otro corriendo. La empresa cuenta el tiempo de trayecto utilizando Google Maps. Sin embargo, la aplicación hace el cálculo sobre plano" y Sant Just se encuentra en las faldas de la sierra de Collserola. Así, el cálculo no es realista porque no se tiene en cuenta la inclinación. "Donde Google Maps te dice que son 10 minutos, en la práctica pueden ser 15 o 20". Todo ese tiempo, o se lo echa a la espalda el trabajador, o se le resta al usuario, que no puede disfrutar del servicio completo, una hora de compañía "que a veces es la única socialización que tienen en toda la semana", lamentan.

Sant Just, como tantas otras localidades, da este servicio municipal. La plantilla está compuesta por algo más de 30 profesionales con una jornada a 37 horas semanales por 1.250 euros brutos mensuales. Sin embargo, se trata de un empleo sin pluses por antigüedad ni posibilidad de conciliación laboral, una tónica que se repite en todo el sector. Por ello, trabajadores de toda Catalunya se manifestaron hace casi un mes por un nuevo convenio, que actualmente se encuentra en negociación, según apunta la empresa. Entre las principales reclamaciones están un aumento salarial, la instauración de turnos fijos de mañana y de tarde y la eliminación de la bolsa de horas de deuda.

INTERVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO

Así las cosas, demandan al ayuntamiento que interceda y vele para que el servicio se lleve a cabo en mejores condiciones. Sin embargo, afean que la actitud del consistorio metropolitano siempre ha sido la de desentenderse del conflicto.

Preguntados por este digital, la primera teniente de alcalde, Gina Pol, matiza que la empresa debe cumplir con tanto con el convenio colectivo del sector como con lo estipulado en el contrato municipal. "Se hacen reuniones entre los Servicios Sociales del ayuntamiento y la empresa para hacer un seguimiento del contrato y garantizar un servicio óptimo de calidad y eficacia en la prestación del servicio", apuntan.

Respecto a las reclamaciones de la plantilla, "se recogen las quejas y se trasladan a la empresa para que dé respuesta y las gestione. Es la empresa la responsable de la gestión de contratos y de garantizar un buen clima laboral", añade.

No obstante, anuncian también que el Plan de Acción Municipal 2023 - 2027 "contempla hacer un estudio para analizar la potencial municipalización de algunos de los servicios que presta el ayuntamiento a través de empresas externas".

"A pesar de todo, hacemos nuestro trabajo con ilusión, la ayuda es algo vocacional. Esas personas en su día cuidaron a otras personas. Si no las cuidamos nosotros, ¿quién lo hará? Aquí nos tenemos que volcar todos, tanto empleados como empresa y administraciones, para darle el mejor servicio a las personas", concluyen desde el sindicato.