El desalojo de 'El Barco' de Esplugues, necesario para salvar a los vecinos de un posible derrumbe

El futuro del edificio de El Barco continúa siendo un foco de polémica días después de su orden municipal de desalojo. Esta construcción histórica, datada de 1951, fue desalojada el pasado lunes de forma urgente después de que el Ayuntamiento de Esplugues recibiera un informe que advertía de que la posibilidad de un derrumbe podía darse en cualquier momento. Con el reciente recuerdo de la caída de un edificio en Badalona en el que hubo que lamentar víctimas mortales, el consistorio espluguense no perdió el tiempo y decidió actuar de forma inmediata para evitar una eventual tragedia.

Construido en unos terrenos cualificados como zona verde, y con cerca de dos décadas de un proceso judicial entre administraciones, el Ayuntamiento completó la expropiación del edificio en enero de 2023, cuando liquidó el último pago que completó una factura superior a los 3,5 millones de euros. El desalojo para el derrumbe del edificio era obligado, pero el consistorio trató de atar todos los recursos necesarios para que el proceso ocasionara la mínima problemática posible a las 38 familias residentes.

En el último pleno municipal, el Ayuntamiento aprobó una partida de 400.000 euros en indemnizaciones para los inquilinos y otros 110.000 euros para la creación de una oficina de apoyo encargada de reubicar a los afectados, pero la advertencia de un eventual fallo estructural reflejada en informes a los que ha tenido acceso Metrópoli lo precipitó todo, ocasionando críticas vecinales pese a la gravedad del estado del bloque.

Reparación de daños

En abril de 2023, el gobierno municipal aprobó la contratación del servicio de redacción de un dictamen técnico que esclareciera la situación estructural de El Barco. Siete meses más tarde, el informe concluyó que el mantenimiento con el que había contado el edificio había sido prácticamente nulo, necesitando una fuerte inversión para solucionar las patologías detectadas. En plena redacción del proyecto ejecutivo planteado para solucionar estas problemáticas, el pasado 23 de febrero el consistorio recibió una comunicación en la que se informaba de un desprendimiento de techo en el baño de una de las viviendas, lo que hizo saltar las primeras alertas.

Edificio de 'El Barco' AJ ESPLUGUES

Como respuesta, seis días más tarde los Servicios Técnicos Municipales realizaron una inspección visual acompañados de Rafael Pou, un ingeniero especializado en cuestiones estructurales que ha trabajado en proyectos de esta tipología a nivel internacional durante más de tres décadas. A las patologías ya detectadas anteriormente, como numerosas humedades y fisuras, se añadió la necesidad de realizar actuaciones para confirmar la seguridad estructural de los forjados y del propio edificio. En consecuencia, el Ayuntamiento cerró un primer contrato con la empresa de Pou, Synthesis Architecture & Value Engineering, y un segundo acuerdo de mayor desembolso económico con la compañía Construcciones Fertres para la realización de los trabajos necesarios en el edificio.

El pasado lunes, Pou, quien fue contratado por su dilatada experiencia profesional en trabajos de esta tipología, hizo llegar un informe al consistorio de forma urgente en el que advirtió de la "situación de ruina inminente" del bloque, lo que motivó la decisión municipal de desalojar el edificio.

'El Barco', en estado crítico

Al informe elaborado por los técnicos municipales, que señalaron el nefasto estado en el que se encontraba el edificio, se añadió este segundo escrito externo, aún más preocupante. A las deficiencias ya comprobadas en la inspección anterior, se sumaron problemáticas de mayor gravedad que pusieron en evidencia la peligrosidad que supondría para los vecinos su permanencia en las viviendas. En relación al estado de los forjados del bloque, el escrito indicó una "degradación del hormigón en amplias zonas de las viguetas, que se disgrega fácilmente con un punzón" y señaló que las tomas no podían analizarse "al deshacerse el hormigón al perforarlo".

Fisuras en las viguetas de 'El Barco' SYNTHESIS

En su informe, Pou referenció "fisuras en las viguetas descubiertas por oxidación de las armaduras lo que genera una presón interior que rompe el hormigón", así como "fisuración en la capa de compresión entre viguetas", lo que en su conjunto supone una amenaza de "fallo estructural" del edificio. Entre las patologías graves detectadas, el escrito también señaló "fisuras transversales cruzando todo el edificio, degradación de la estructura de madera de la cubierta, pérdida de estanqueidad de la cubierta y degradación de las instalaciones de fontanería y saneamiento".

El ingeniero concluyó que el edificio presenta "daños en elementos estructurales fundamentales que no son reparables por medios normales", y que requerirían la "demolición y reconstrucción" del bloque para solucionarlos. En este aspecto, señaló que actualmente el edificio "no reúne condiciones de seguridad suficientes para ser habitado, representando un riesgo cierto para las personas y bienes, por lo que debe ser considerado en situación de ruina inminente", decisión que adoptó el consistorio.

Los bomberos, a favor del desalojo

La recomendación de desalojar El Barco también recibió el beneplácito de los bomberos. Responsables de la Región de Emergencias Metropolitana Sur se personaron en el edificio el pasado martes, donde comprobaron en primera persona las insalvables deficiencias que presenta el bloque. Ante la gravedad de la situación, y de forma conjunta con Pou, la Policía Local y el arquitecto jefe municipal, acordaron informar piso por piso de las patologías detectadas en la construcción y del potencial riesgo inminente de colapso.

Tras su paso por el edificio, el contacto con los profesionales municipales y la valoración del informe externo, el cuerpo catalán de bomberos recomendó "el desalojo del inmueble con carácter de urgencia" para "garantizar la seguridad y protección de sus inquilinos".

Realojos

Ante la adopción de esta medida urgente, el Ayuntamiento trabaja a contrarreloj para realojar a todos los afectados en el menor tiempo posible. Fuentes municipales apuntan que, aquellos vecinos que no se encuentran en viviendas de amigos y familiares, han dispuesto de alojamientos en un albergue de Barcelona, pisos municipales, hoteles y aparthoteles, y recuerdan que el gobierno municipal está buscando viviendas en todo el área metropolitana para dar respuesta a todos los perjudicados por el desalojo.

Las mismas fuentes explican que, tras la recepción del crítico informe sobre el estado del edificio, se decretó la inhabitabilidad del mismo, lo que dio potestad de actuación a la Policía Local para evitar que los vecinos permanecieran en los pisos ante un posible derrumbe. En la tarde del miércoles, una jueza autorizó el desalojo de los cuatro vecinos que se han negado a abandonar tres viviendas de El Barco, lo que permite la entrada de agentes en los domicilios para su desalojo. Pese a ello, el consistorio quiere evitar esta vía y sigue apostando por la negociación para convencer a los residentes de la peligrosidad que supone permanecer en el bloque.

Apuntalamiento en el edificio de 'El Barco' SYNTHESIS

Eduard Sanz, portavoz del gobierno municipal y primer teniente de alcaldía, ha insistido en los últimos días que estos vecinos "están en riesgo y tienen que abandonar las viviendas". Respecto a su realojo, el gobierno municipal ha asegurado que ya se dispone de tres pisos y se espera contar con otros 11 a corto plazo.

La Generalitat, ausente

La situación aún es más complicada por la falta de colaboración de la Generalitat, tal y como denunció este miércoles la alcaldesa, Pilar Díaz. "Lamentamos la inexistente ayuda por parte de los diferentes departamentos de la Generalitat de Catalunya y, en concreto, de la Agència Catalana de l'Habitatge, que son los competentes en proporcionar viviendas de emergencia a las familias, como hicieron en el reciente caso de Badalona". En este sentido, la edil socialista ha incidido en que "la Generalitat no puede hacer dejadez de funciones por estar en periodo electoral".

Por su parte, la Consejería de Territorio ha asegurado que el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de dar respuesta a los afectados al tratarse de un edificio de su propiedad y asegura que ya ofreció "todas las posibilidades disponibles" a los vecinos afectados. La tensión entre las partes se ha incrementado este miércoles cuando la consejera Ester Capella ha acusado en la red social X al gobierno espluguense de tener una "falta de previsión" ante este desalojo, y ha negado cualquier tipo de "dejadez" por parte de la Generalitat. La alcaldesa ha lamentado que Capella no haya "llamado interesándose por la emergencia habitacional", y ha remarcado que la institución catalana ha ofrecido "cero viviendas" tras estos hechos.

La inacción de la Generalitat ante esta emergencia recuerda, en el municipio, a desdenes anteriores por parte de la administración catalana hacia los vecinos de la localidad con reivindicaciones como la construcción de un nuevo CAP o la eterna promesa de la llegada del metro a Esplugues.