Arranca el juicio penal por la actividad de la cementera de Montcada i Reixac

Arranca el juicio por la vía penal por la actividad de la cementera de Montcada i Reixac. A lo largo de la mañana de este jueves, vecinos de la asociación de vecinos de Can Sant Joan se han concentrado frente a las puertas de la Ciutat de la Justícia mientras declaraban, en calidad de imputados, la representante de la empresa Lafarge-Holcim y el exdirector del servicio de Prevención y Evaluación Ambiental de Actividades de la Generalitat, Emili Dragone.

Según ha explicado el abogado de la asociación vecinal, Albert Calduch, los dos investigados se han acogido a su derecho de no responder a las preguntas de la acusación y solo han contestado a las cuestiones formuladas por la Fiscalía y de su propio abogado.

40 años de luchas

La del cierre de la también incineradora por la emisión de gases contaminantes es una lucha que los vecinos han mantenido por más de 40 años --cuando se produjeron las primeras manifestaciones--y casi 20 años en manos de los tribunales.

Concretamente, en 2008 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) declaró la nulidad de la autorización ambiental que el Govern concedió a la empresa, algo que ratificó en 2011 el Tribunal Supremo. Desde entonces, todos los recursos presentados por la compañía y todas las sentencias han fallado a favor de los vecinos. El Ejecutivo autonómico, por otro lado, ha seguido concediendo autorizaciones.

Vecinos de Montcada i Reixac y el abogado de la acusación, Albert Calduch, frente a la Ciutat de la Justícia METRÓPOLI

Indicios de delito

"En cualquier caso, es público y notorio que una parte del suelo de la planta está contaminado y que la empresa no ha hecho nada --ni parece que lo hará-- pese a estar en juego la salud de los trabajadores", explica Calduch.

La Generalitat, por su parte, se ha escudado en que todas las autorizaciones y licencias de actividad se han emitido con base informes técnicos "que no han presentado", matiza el letrado de la acusación. El juez, así las cosas, ha pedido que se presenten dichos informes.

Vecinos de Montcada i Reixac, frente a la Ciutat de la Justícia METRÓPOLI

El próximo 30 de abril, se espera la declaración de varios altos y exaltos cargos de la Generalitat en calidad de testigos. "El Supremo aprecia indicios de delito, la Fiscalía aprecia indicios de delito", ha aseverado Calduch.

Por el momento, "el TSJC ha dado un plazo para clausura de Lafarge, pero todavía se puede presentar un recurso", comenta.

Con todo, la entrada por la vía penal de la actividad de la planta montcadense ha reavivado la lucha del municipio. Casi la mitad de los ciudadanos del municipio metropolitano viven en un radio de un kilómetro de la incineradora. La planta se instaló en 1907. El inicio de este juicio podría, 117 años después, marcar el principio del fin de este coloso de hormigón que se alza imponente a las faldas del cerro de Montcada.