Tres ex altos cargos de la Generalitat de Catalunya han declarado en calidad de testigos en el juicio por la vía penal por las presuntas irregularidades de la actividad de la cementera de Montcada i Reixac (Lafarge Holcim).
En sus declaraciones, Josep Enric Llebot y Marta Subirà, ambos exsecretarios de Medi ambient i Sostenibilitat, han asegurado que desconocían por completo todo lo relacionado con la actividad industrial de la empresa y sus licencias ambientales, anuladas en 2008 y 2011 tanto por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y el Tribunal Supremo en repetidas ocasiones y que el Govern continuó renovando hasta 2023.
Gestión "sorprendente"
Según ha explicado el abogado de la acusación particular que ejerce la asociación de vecinos de Can Sant Joan, Albert Calduch, los dos testigos han asegurado que "firmaban todo lo que les ponían delante" y en el caso de Subirà, ha reconocido que "sin leerlo" y sin "conocimiento" porque "no daba tiempo y confiaba en su equipo".
La exdirectora de Qualitat Ambiental, Assumpta Farran, ha asegurado, por su parte, que, la tramitación y como se había gestionado el expediente de Lafarge Holcim era "sorprendente".
Vecinos de Montcada i Reixac, frente a la Ciutat de la Justícia
Ha añadido que juristas como el exdirector del servicio de Prevención y Evaluación Ambiental de Actividades de la Generalitat, Emili Dragone, el gabinete jurídico central y la asesoría jurídica de Medi Ambient, daban su visto bueno, algo que, de nuevo, "le sorprendía", debido a que se apoyaban en informes de 2006 --documentos caducados usados para la licencia ambiental de 2008 que fue anulada-- para elaborar la de 2015. Esta segunda era una "réplica exacta" a la primera, define Calduch.
Contaminación en el suelo
Farran se ha amparado también en unos informes jurídicos, elaborados para justificar la actividad de la cementera en materia ambiental, que el Govern todavía no ha aportado porque, siempre según la acusación, "se están buscando". Asimismo, acerca de la contaminación del suelo de la también incineradora, asegura que ella solo era responsable de la posible contaminación "atmosférica" y no del suelo.
Ruido
El Ayuntamiento de Montcada i Reixac, competente en cuestiones relacionadas con el ruido, emitió un informe anterior a 2015 en el que aseguraba que los decibelios emitidos por la empresa podían ser nocivos para la salud de los ciudadanos. La Generalitat, en aquella ocasión, solicitó un informe paralelo elaborado por el mismo Govern que arrojó que el ruido era "tolerable".
La cementera Lafarge, a pies de la autopista
Con todo, dos de los testigos han asegurado desconocer por completo los pormenores del periplo burocrático y que se limitaban a "firmar" y, la tercera, que aunque le parecía "sorprendente", la propia Generalitat respaldaba todas las licencias a través de sus gabinetes jurídicos.
A raíz de lo expuesto este martes, se ha citado a declarar, también en calidad de testigos, a otros dos exaltos cargos del Govern. Tras ello, la acusación procurará que se pase a nuevas fases de instrucción tardías.