Un desahucio en Badalona pone en la picota a la dación en pago

Un mes. Es el plazo que le han dado a Enrique Delfa y a su esposa, Mari, para que dejen el piso de Badalona en el que viven desde hace décadas. La historia de Enrique es la historia del ciudadano que se vio aplastado por la crisis, que terminó arrastrándolo consigo. El jueves 30 de junio, tenía que ser desalojado de su vivienda porque el nuevo propietario no le mantiene el alquiler social que le cobraban. El desahucio se suspendió en el último momento y el juzgado le concedió un mes de plazo para que busque un nuevo alojamiento.

La mayoría de los desahucios se producen debido a que se ha ocupado un inmueble ilegalmente o se ha dejado de pagar el alquiler. Pero en ocasiones hay otras circunstancias que lo provocan y, excepcionalmente, se producen procesos de desahucio después de una dación en pago del piso, como es el caso de Badalona. En un principio, la dación en pago estaba prevista para evitar precisamente los desalojos, puesto que el propietario cedía su vivienda al banco y, a cambio, éste le mantenía un alquiler pactado y se hacía dueño del inmueble.

Nuevo propietario 

“No es una situación extraña, sino que es habitual -explica a Metrópoli un portavoz de la Plataforma de Afectados por la Crisis (PAC) de Badalona-. Situaciones similares nos las encontramos cada día. En esta ocasión, a Enrique el nuevo propietario no le acepta el alquiler y por eso pidió que fuese desahuciado. Pudimos parar el desalojo al acogernos a un artículo del Código Civil, en el que se dice que el desalojo no puede practicarse si la familia no ha sido avisada con la suficiente antelación como para haber tenido tiempo de buscar un alojamiento alternativo”. 

Fuentes del Ayuntamiento consultadas por Metrópoli explican que no tienen constancia del tema. “No nos han avisado. Normalmente, cuando hay un desalojo de un inmueble en el que se ven implicadas familias vulnerables, tomamos nota, intermediamos y nos implicamos, pero de este caso no nos han dicho nada ni hemos recibido petición alguna”, explican fuentes del consistorio. Pero desde la PAC desmienten ese aserto: “Claro que lo saben. De hecho, sus servicios sociales han redactado un informe de vulnerabilidad de la familia de Enrique para presentar en el juzgado. Lo que pasa es que, como todos los Ayuntamientos, no quiere afrontar la realidad y mira hacia otro lado”.

La trampa de la dación en pago

Las plataformas sociales de Badalona dieron la voz de alarma sobre el desahucio el 28 de mayo, alertando de que el desalojo se iba a producir el 30 de ese mes. Según fuentes de estas plataformas, tanto Enrique como Mari “están gravemente enfermos”. La explicación que se da de su situación es que “hace años no pudieron hacer frente a las cuotas de la hipoteca y cayeron en la trampa de la dación en pago. El banco les hizo un alquiler social que han estado pagando hasta el último día, pero los especuladores de Divarian no quieren renovar. Los dejan en la calle con 68 años y los alquileres por las nubes”. Ése es el mensaje que distribuyeron esta semana por las redes.

La fuente citada de la PAC detalla que el matrimonio “se acogió a la dación en pago en 2015. Se acogieron a la ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. El banco les hizo un alquiler de dos o tres años y lo fueron pagando sin problemas”. La ley establece la protección de las personas y las unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial. El problema vino años más tarde, cuando la propiedad pasó al fondo Divarian, que ahora es el que desaloja.

423 expedientes

Desde la PAC se culpa a la inmobiliaria de la situación. Divarian es propiedad del fondo buitre Cerberus (en 2019, el BBVA vendió su parte de la inmobiliaria a dicho fondo) y figura como una de las empresas con más expedientes de sanción abiertos por la Generalitat: un total de 423 durante el año pasado, por no ofrecer alquiler social a personas y familias vulnerables (la apertura de expediente no significa que haya automáticamente sanción). En 2023, las 246 sanciones a grandes tenedores de viviendas supusieron algo más de 6 millones de euros.

“Lo que pedimos es que la Generalitat imponga multas cuantiosas a las empresas que no cumplan con la ley. Los grandes tenedores se toman a cachondeo las normas y a base de recurrir las sanciones acaban no pagando nada. Lo que queremos es que no se puedan ir de rositas y que no se salten las leyes”, explican desde las plataformas de defensa de los inquilinos.

La reflexión de Jodie Foster

El propio Enrique Delfa había alertado por las redes sociales durante los últimos días mensajes que tocaban su problema personal. El último fue una reflexión de la actriz y directora Jodie Foster, que repitió durante varios días: “Atacar a los ricos no es envidia, es autodefensa. La acumulación de riqueza es la causa de la pobreza. Los ricos no son sólo indiferentes a la pobreza, sino que la crean y la mantienen”.

Pero lo cierto es que Badalona se ha visto sacudida los últimos meses por varios casos de alarma social: no fue solo el derrumbe ocurrido a principios de año. Un total de cuatro edificios tuvieron que ser desalojados por amenazar con derrumbarse también. Ello ha dejado a decenas de familias en la calle. “Badalona es una de las ciudades con más familias vulnerables y con más procesos de ejecución hipotecaria -alertan desde la PAC-. Aquí hay focos de pobreza enormes. Al margen de los desahucios, ha habido otros problemas sociales que han provocado un colapso en los servicios sociales del Ayuntamiento y eso lo comprendemos”.