Rubén Pacheco Carlotta Zamoro

Esplugues de Llobregat ha comenzado este lunes, 26 de agosto, el derribo del edificio de El Barco, tras el desalojo urgente de las 38 familias que lo habitaban el pasado 25 de marzo. El Ayuntamiento tomó la decisión después de recibir un informe técnico que alertaba sobre el riesgo inminente de derrumbe, lo que ponía en riesgo la seguridad de los residentes. 

Esta construcción histórica, datada en 1951, se levantó en terrenos calificados como zona verde. Tras casi dos décadas de disputas judiciales entre administraciones, el Ayuntamiento completó la expropiación del edificio en enero de 2023, liquidando el último pago de una factura que superó los 3,5 millones de euros. Aunque el desalojo para el derrumbe era inevitable, el consistorio se esforzó por garantizar todos los recursos necesarios para minimizar el impacto en las 38 familias residentes.

En pleno municipal, el Ayuntamiento aprobó una partida de 400.000 euros en indemnizaciones para los inquilinos y otros 110.000 euros para la creación de una oficina de apoyo encargada de reubicar a los afectados, pero la advertencia de un eventual fallo estructural reflejada en informes a los que ha tenido acceso Metrópoli lo precipitó todo, ocasionando críticas vecinales pese a la gravedad del estado del bloque.

Este lunes, 26 de agosto, ha comenzado el derribo de El Barco Metrópoli

Reparación de daños

En abril de 2023, el gobierno municipal aprobó la contratación del servicio de redacción de un dictamen técnico que esclareciera la situación estructural de El Barco. Siete meses más tarde, el informe concluyó que el mantenimiento con el que había contado el edificio había sido prácticamente nulo, necesitando una fuerte inversión para solucionar las patologías detectadas. En plena redacción del proyecto ejecutivo planteado para solucionar estas problemáticas, el pasado 23 de febrero el consistorio recibió una comunicación en la que se informaba de un desprendimiento de techo en el baño de una de las viviendas, lo que hizo saltar las primeras alertas.

Como respuesta, seis días más tarde los Servicios Técnicos Municipales realizaron una inspección visual acompañados de Rafael Pou, un ingeniero especializado en cuestiones estructurales que ha trabajado en proyectos de esta tipología a nivel internacional durante más de tres décadas. A las patologías ya detectadas anteriormente, como numerosas humedades y fisuras, se añadió la necesidad de realizar actuaciones para confirmar la seguridad estructural de los forjados y del propio edificio. En consecuencia, el Ayuntamiento cerró un primer contrato con la empresa de Pou, Synthesis Architecture & Value Engineering, y un segundo acuerdo de mayor desembolso económico con la compañía Construcciones Fertres para la realización de los trabajos necesarios en el edificio.

Pou, quien fue contratado por su dilatada experiencia profesional en trabajos de esta tipología, hizo llegar un informe al consistorio de forma urgente en el que advirtió de la "situación de ruina inminente" del bloque, lo que motivó la decisión municipal de desalojar el edificio.

Este lunes, 26 de agosto, ha comenzado el derribo de El Barco Metrópoli

'El Barco', en estado crítico

Al informe elaborado por los técnicos municipales, que señalaron el nefasto estado en el que se encontraba el edificio, se añadió este segundo escrito externo, aún más preocupante. A las deficiencias ya comprobadas en la inspección anterior, se sumaron problemáticas de mayor gravedad que pusieron en evidencia la peligrosidad que supondría para los vecinos su permanencia en las viviendas. En relación con el estado de los forjados del bloque, el escrito indicó una "degradación del hormigón en amplias zonas de las viguetas, que se disgrega fácilmente con un punzón" y señaló que las tomas no podían analizarse "al deshacerse el hormigón al perforarlo".

En su informe, Pou referenció "fisuras en las viguetas descubiertas por oxidación de las armaduras lo que genera una presión interior que rompe el hormigón", así como "fisuración en la capa de compresión entre viguetas", lo que en su conjunto supone una amenaza de "fallo estructural" del edificio. Entre las patologías graves detectadas, el escrito también señaló "fisuras transversales cruzando todo el edificio, degradación de la estructura de madera de la cubierta, pérdida de estanqueidad de la cubierta y degradación de las instalaciones de fontanería y saneamiento".

El ingeniero concluyó que el edificio presentaba "daños en elementos estructurales fundamentales que no son reparables por medios normales", y que requerirían la "demolición y reconstrucción" del bloque para solucionarlos. En este aspecto, señaló que actualmente el edificio "no reúne condiciones de seguridad suficientes para ser habitado, representando un riesgo cierto para las personas y bienes, por lo que debe ser considerado en situación de ruina inminente", decisión que adoptó el consistorio.

Realojos

Tras la adopción de esta medida urgente, el Ayuntamiento realojó a todos los afectados lo más rápido posible. En la actualidad, algunos residentes se encuentran ubicados en pisos temporales hasta que se trasladen a las viviendas definitvas, mientras que otros han sido indemnizados.