Viladecans estudia implantar controles de alcoholemia y drogas a sus trabajadores municipales

El Ayuntamiento de Viladecans estudia implantar pruebas de alcoholemia y de detección de drogas para todos sus trabajadores municipales.

El gobierno municipal, liderado por Olga Morales, solicitará un informe jurídico que analice la viabilidad y posibilidades legales para aplicar un protocolo interno específico ante posibles situaciones de consumo de alguna de sustancia estupefaciente o embriaguez. 

Según ha podido saber Metrópoli, el consistorio ha planteado esta medida tanto para su personal funcionario como para el laboral. El Ayuntamiento se ampara en su "deber -como ocupador público- de garantizar la seguridad y salud del personal al servicio de la Administración" en cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

"Las administraciones públicas están obligadas a promover la mejora de las condiciones de trabajo y a implantar medidas de prevención y vigilancia de la salud que permitan reducir los riesgos derivados de la actividad laboral", reza el documento de licitación para contratar la empresa que debe redactar el informe jurídico. 

Protocolo de actuación

"Es un trabajo conjunto de los delegados de prevención de riesgos laborales que forman el comité, que es paritario, formado por comité de empresa y empresa. Buscan la seguridad de todos los trabajadores municipales, garantizando que las actuaciones que se recojan en el protocolo se aprueben respetando la normativa jurídica", apuntan fuentes municipales consultadas por Metrópoli. 

Desde el consistorio aseguran que determinados puestos de trabajo o actividades municipales requieren "plantear la necesidad de disponer de un protocolo específico de actuación" ante posibles situaciones de "consumo de alcohol o sustancias tóxicas o estupefacientes", especialmente en aquellos que plantean "riesgos para la seguridad propia o de terceros". 

El texto aclara que el protocolo se ha pensado para puestos de trabajo que requieran la conducción de vehículos municipales, de uso de maquinaria o de tareas de mantenimiento y vigilancia, entre otros, aunque deja la puerta abierta a otros trabajadores. 

Régimen disciplinario

El gobierno municipal, desde el Área de Govern Intern y de Gestión de Recursos Municipales, ha licitado un contrato menor para que una empresa especializada elabore el informe que estudie la viabilidad jurídica de la implantación de las medidas para detectar el consumo de drogas y alcohol entre sus empleados.

El contrato está valorado en 1.200 euros. La empresa seleccionada deberá entregar al consistorio un análisis que tenga en cuenta la ley de prevención de riesgos laborales, la legislación vigente sobre protección de datos personales, la norma aplicable al personal de las administraciones públicas y la jurisprudencia previa o los criterios emitidos por órganos competentes como Inspección de Trabajo.  

Asimismo, el texto deberá señalar los supuestos en los que se puede aplicar las pruebas de detección, ya sea de carácter preventivo, aleatorio o ante una sospecha o accidente. 

El informe solicitado por el gobierno local deberá recoger todas aquellas medidas que se puedan incluir dentro del futuro protocolo interno, que tendrá que cumplir, señalan, con "la legalidad vigente" y señale las condiciones y "límites legales" para aplicar el "eventual" reglamento. 

La propuesta deberá recoger también un examen del régimen disciplinario aplicable y las consecuencias legales derivadas de un resultado positivo en alguna de las posibles pruebas que se puedan realizar. 

Instrumento jurídico

Desde el consistorio han señalado que no se trata de una medida definitiva, sino que se quiere "dotar al Ayuntamiento de un instrumento jurídico riguroso y completo" sobre el que se pueda actuar de forma "fundamentada" en cuestiones relacionadas con "la vigilancia de la salud y prevención del consumo de alcohol y drogas en el ámbito municipal". Además, han remarcado que se quiere respetar los derechos del personal municipal. 

Una vez adjudicado el contrato, el informe deberá entregarse antes del 28 de noviembre de 2025, y se espera que el Ayuntamiento pueda entonces decidir si implanta o no los controles en función de las conclusiones jurídicas.