El Ayuntamiento de El Prat de Llobregat vuelve a situarse en el foco de la polémica. El consistorio liderado por Alba Bou prorrogó a la empresa de viajes Snow Travel S.A. —un operador turístico sin especialización en servicios sociales— el contrato de alojamiento de urgencia para familias vulnerables, pese al informe desfavorable del técnico municipal y a la suspensión del interventor.
En total, la adjudicataria ha recibido 1.308.415 euros públicos por seis años de servicio, un periodo muy superior al previsto inicialmente en la licitación.
El contrato, firmado en noviembre de 2020, tenía una duración inicial de dos años prorrogables a dos anualidades más, pero acabó encadenando dos prórrogas excepcionales y una continuidad forzosa aprobada en agosto de 2025 sin respaldo técnico.
Servicio externalizado
La operadora, perteneciente al grupo AVASA, asumió durante estos años la gestión del servicio municipal de alojamiento temporal en pisos, hoteles u hostales para personas desahuciadas o en situación grave de vulnerabilidad.
Los últimos datos muestran que el servicio atendía a 18 familias y 39 personas, entre ellas 21 menores, varias con reconocimiento de exclusión residencial grave por parte de los servicios sociales locales.
Una persona en el interior de una vivienda social en una imagen de archivo
La última prórroga ordinaria había expirado el 12 de agosto de 2025, dejando al Ayuntamiento sin margen legal dentro del régimen de contratación pública. A pesar de ello, el consistorio prorrogó nuevamente el servicio —ya sin cobertura contractual— apelando a razones de urgencia social.
El consistorio ha trabajado este último año en poner en marcha el Servei d’Acolliment Temporal (SAT) La Bunyola, el equipamiento municipal llamado a sustituir precisamente el sistema provisional externalizado al operador turístico.
El centro, que entrará en funcionamiento este noviembre, está ubicado en un edificio de titularidad municipal rehabilitado con fondos europeos Next Generation, en la confluencia de la avenida Onze de Setembre y la carretera de La Bunyola. Se trata del primer espacio estable que el Prat destina exclusivamente a la atención de familias en emergencia residencial, después de años recurriendo a alojamientos dispersos en hoteles y pensiones en manos de esta operadora turística.
Prórroga excepcional
El primer movimiento extraordinario tuvo lugar en noviembre de 2024, cuando la Junta de Gobierno Local aprobó una prórroga excepcional máxima de nueve meses, hasta agosto de 2025. El informe del responsable de la sección de Acogida y Prestaciones Sociales apoyó su petición por "razones de interés público" atendiendo el contexto en materia de vivienda y "las dificultades de acceso y mantenimiento".
El Ayuntamiento argumentó que el nuevo modelo de servicio —el Servei d’Acolliment Residencial d’Urgència (SARU)— estaba en tramitación y que la interrupción habría dejado sin techo a numerosas familias.
El Ayuntamiento del Prat de Llobregat, en una imagen de archivo / AYUNTAMIENTO PRAT DE LLOBREGAT
Suspensión del interventor
El 29 de julio de 2025, la Sección de Acogida y Prestaciones Sociales volvió a advertir que el nuevo SARU aún no estaba listo y que mantener el servicio era “urgente y extraordinario”. Mediante decreto de alcaldía, el gobierno municipal autorizó la utilización de 57.200 euros para prestar el servicio durante los meses de septiembre y octubre. Pero esta vez, los órganos de control interno coincidieron en bloquear la operación.
El técnico municipal concluyó en su informe que la continuidad del servicio no se ajustaba a derecho, teniendo el contrato todas sus prórrogas agotadas. Prolongarlo supondría actuar fuera del marco legal.
El interventor municipal reforzó esa posición con un reparo suspensivo, la figura más grave de oposición técnica que implica la suspensión provisional del procedimiento. El interventor recordó que no existía cobertura contractual y alertó de una posible vulneración del régimen de contratación pública, remitiéndose expresamente al informe jurídico.
La alcaldesa de El Prat, Alba Bou, en una imagen de archivo
Alcaldía levanta el veto
Pese a la oposición técnica, la alcaldesa Alba Bou firmó el 5 de agosto de 2025 un decreto levantando el reparo suspensivo y autorizando la continuidad del servicio desde el 12 de agosto hasta que se adjudicara la nueva gestión delegada, tal como había reclamado el jefe de la sección de Interseccionalidad y Planificación, alegando "la obligatoriedad del servicio" y para "evitar poner en riesgo" a las personas atendidas.
La alcaldesa asumió directamente las competencias de la Junta de Gobierno —que no se reunía en agosto— y autorizó un gasto máximo de 57.200 euros para mantener a Snow Travel como prestadora temporal del servicio.
La resolución alegaba la obligación legal de garantizar los servicios sociales esenciales y recurría al artículo 235 del ROAS, que permite exigir al contratista que siga prestando el servicio hasta que otro operador pueda asumirlo. "Se trata de un proceso largo y complejo, que desborda la normativa contractual y que ha impedido asignar a tiempo la gestión delegada del SARU al proveedor", justifica la resolución municipal.
Ayuntamiento de El Prat de Llobregat
Desde el consistorio han alertado que dejar sin efecto el servicio hubiera supuesto un "riesgo grave" para las personas a las que se presta servicio ante la necesidad "urgente y extraordinaria" de un alojamiento temporal para no quedarse sin techo.
Fin del contrato
El 23 de octubre, un nuevo informe municipal recomendó finalizar la continuidad excepcional ante la inminente adjudicación del nuevo servicio —rebautizado como SAT La Bunyola—.
La Junta de Gobierno Local aprobó el 27 de octubre la finalización definitiva del contrato con Snow Travel el 31 de octubre, una vez agotado el presupuesto extraordinario habilitado.