El desalojo del B9 de Badalona, inminente: 15 días para la desokupación de los 400 migrantes

La Justicia autoriza el desalojo del B9. La jueza ha dado luz verde al Ayuntamiento de Badalona para ejecutar el desalojo del antiguo instituto, convertido durante más de dos años y medio en el mayor asentamiento informal de migrantes en Catalunya. La medida afectará a unas 400 personas, en su mayoría subsaharianos, y establece un plazo de 15 días para que el consistorio lleve a cabo la acción, según ha adelantado El País.

La decisión se sustenta en “riesgos para la seguridad colectiva y la salud pública”, derivados de incidentes ocurridos en el edificio entre agosto y octubre de este año, incluido un homicidio registrado entre residentes. Más recientemente, dos periodistas fueron agredidos cuando intentaban tomar imágenes del instituto okupado. 

La magistrada considera que la entrada al inmueble es “necesaria y proporcionada” para proteger tanto a quienes viven allí como a los vecinos, y autoriza, si fuera necesario, la intervención de fuerzas de orden público.

Sin alternativa habitacional

El desalojo llega pese a que el Ayuntamiento admite que no tiene capacidad para ofrecer alternativas residenciales a los ocupantes. Actualmente, los servicios sociales municipales mantienen 166 expedientes abiertos sobre personas adultas que reciben seguimiento, pero no existen registros de menores de edad en el centro.

La administración prevé ofrecer algún tipo de alojamiento temporal a un grupo reducido de las personas más vulnerables, pero la gran mayoría quedará sin techo, según apunta el mismo medio. 

El consistorio ha detallado que, tras el desalojo, desplegará un equipo formado por técnicos, educadores, psicólogos y trabajadores sociales para identificar situaciones de necesidad, brindar orientación y asesoramiento social, y proponer planes de formación y empleo. Sin embargo, el propio Ayuntamiento subraya que estas medidas no incluyen alojamiento.

Condición de Fiscalía

La Fiscalía, que no se opuso al desalojo, condicionó su aprobación a que se garantice “la atención adecuada a las personas que ocupan el inmueble” y que se permita a los ocupantes recoger sus pertenencias. Asimismo, recomendó que la medida se ejecute de forma escalonada para evitar concentraciones peligrosas y minimizar los riesgos asociados al desalojo.

El alcalde Xavier García Albiol (PP) siempre ha defendido la medida como una necesidad para mantener el orden en la ciudad. Ha vinculado la ocupación del B9 con problemas de convivencia y seguridad, y ha insistido en que la administración local no cuenta con recursos para albergar a los ocupantes, aunque reconoce que la expulsión de 400 personas podría trasladar el problema a otras zonas. 

“Hay ayuntamientos donde los alcaldes son más solidarios que yo, y probablemente esos okupas estarán mejor allí”, afirmó en declaraciones a este digital con ironía, en alusión a municipios vecinos.

“El objetivo es recuperar la normalidad de este espacio, que es municipal, y convertirlo en una comisaría de la Guardia Urbana y, si quieren, también de Mossos”, detalló el dirigente a Metrópoli. 

Condiciones precarias

El B9, antiguo instituto público de Badalona, se ha convertido desde hace más de dos años en refugio de personas migrantes que no contaban con alternativas habitacionales. Durante este tiempo, los ocupantes han vivido en condiciones precarias, con acceso limitado a servicios básicos y expuestos a riesgos tanto internos como externos. Organizaciones sociales han denunciado en numerosas ocasiones la vulnerabilidad de estas personas y han reclamado soluciones habitacionales antes de proceder al desalojo.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya había avalado el desalojo en septiembre de 2025, y desde entonces el Ayuntamiento había presionado para que se emitiera la autorización definitiva, argumentando que el contrato con la empresa encargada de inhabilitar los tejados del instituto estaba próximo a caducar. La resolución de este jueves da cumplimiento a esa petición. 

Los residentes piden una "alternativa habitacional"

Por su parte, los residentes del B9 se han pronunciado en una rueda de prensa este viernes en el Parlament para pedir "regularización y alternativa habitacional" para las más de 400 personas que viven en el asentamiento.

Además, la abogada Mireia Salazar ha anunciado que han pedido una "tregua invernal" ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para posponer el marcodesalojo hasta la primavera.

"Agotaremos todas las instancias disponibles para evitar la perpetración tan evidente de esta vulneración de derechos fundamentales", ha avisado.