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La Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia Judicial ha comenzado a desplegarse en Barcelona, introduciendo cambios significativos en la organización de la Administración de Justicia, así como novedades en materia tributaria, laboral, mercantil y civil.

El conseller de Justicia, Ramon Espadaler, y la presidenta del Tribunal de Instancia de Barcelona, Cristina Ferrando, destacaron que la aplicación se ha desarrollado con “lealtad entre instituciones”, aunque marcada por la escasez de funcionarios.

Fases de implementación

La reforma se ha ejecutado en tres fases: la primera, en julio de 2025, afectó a 33 partidos judiciales; la segunda, en octubre, se aplicó en Badalona y L’Hospitalet de Llobregat; y la tercera, el 31 de diciembre, en 14 partidos judiciales, incluyendo Barcelona, que concentra el 35% de la actividad judicial de Catalunya.

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Ferrando destacó que la última fase ha sido especialmente compleja debido a que los jueces, asuntos y normas de reparto se mantienen, sumado a bajas y jubilaciones del personal, así como a la falta de formación específica de los funcionarios reubicados.

Movimiento masivo de personal

En total, 7.543 funcionarios se han visto afectados por la implementación de la ley, de los cuales 5.437 corresponden a la tercera fase y 2.800 trabajan en la Ciutat de la Justicia de Barcelona.

El 80% de ellos continúa realizando tareas similares a las previas, mientras que el 20% concursó a nuevas plazas, generando que en algunas secciones solo unos pocos tengan experiencia en la materia, un problema que el departamento busca subsanar.

Vacantes y nuevos ingresos

En Barcelona, existían aproximadamente 200 vacantes al inicio de la tercera fase; a estas se sumaron 77 funcionarios incorporados el 15 de enero y 107 más que se integrarán en febrero, mitigando parcialmente la falta de personal.

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Actualmente, ya funcionan como Tribunales de Instancia la sección contencioso-administrativa, con 17 magistrados, y la mercantil, con 12 jueces, trabajando de forma colegiada y coordinada.

La siguiente jurisdicción será familia, seguida por civil, social y penal, esta última abarcando un tercio de la actividad judicial y sin expediente digital, lo que representa un desafío adicional.

Adecuaciones de espacios y tecnología

La reforma ha requerido reorganización de espacios, señalización y equipamiento, con 1.623 metros cuadrados reformados, más de 2.000 rótulos instalados y 53 km de documentación reubicada.

Además, se han realizado adecuaciones TIC, incluyendo la instalación de 207 portátiles, 39 ordenadores de mesa y 170 dockstations, y la destrucción de 344.748 kilos de papel, un 28,3% más que en 2024.

Formación y divulgación

Se han realizado 145 actividades de formación y divulgación, con un total de 9.401 participantes, incluyendo seminarios web sobre las novedades procesales y jornadas sobre el impacto organizativo de la ley.

Aunque es pronto para cifras definitivas, Espadaler indicó que la productividad sufrió una leve caída al inicio, pero se recupera rápidamente y luego aumenta.

El conseller subrayó que la prioridad fue que la migración de tribunales no afectara al ciudadano, asegurando que “la Justicia no se ha parado” durante todos estos cambios.

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