Plaza del Ayuntamiento de Viladecans
Viladecans adjudica siete contratos por más de 2,4 millones de euros a la filial de un grupo investigado por corrupción
La empresa Iqembu S.L., administrada por las responsables de Iniciatives i Programes, encadena en menos de un año los contratos públicos en el municipio, mientras la matriz se prepara para sentarse en el banquillo en octubre por el desvío de fondos al PSC en Tarragona en el conocido 'caso Inipro'
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El Ayuntamiento de Viladecans ha vuelto a abrir las arcas públicas al conglomerado empresarial protagonista de uno de los mayores escándalos de presunta corrupción municipal en Catalunya.
El consistorio ha adjudicado en menos de un año siete contratos públicos, por un valor superior a dos millones de euros.
La beneficiaria es la empresa Iqembu S.L., una mercantil administrada por Judit Feixa y Amparo Padilla, dos nombres que aparecen como responsables de un enorme conglomerado de sociedades beneficiadas con suculentos acuerdos públicos durante las últimas décadas.
Se trata del conocido como grupo IP, cuyas siglas corresponden con las de su buque insignia empresarial: Iniciatives i Programes S.L.
Fachada del Ayuntamiento de Viladecans / AJ VILADECANS
Esta compañía lleva operando desde la década de los noventa, pero desde entonces ha ido poniendo en el mercado diversas marcas o sociedades satélite para optar a una mayor variedad de contrataciones y difuminar su rastro.
Junto a la empresa inicial, el tándem directivo desarrolló diferentes líneas de actuación mediante firmas como GiS S.L., Servicios Educativos S.L., Educare XXI S.L., Itínere Serveis Educatius S.L., Futur i Compromís amb l’Educació S.L., ARV Cultura i Comunitat S.L., y Utopíes Concretes S.L., administrada esta última únicamente por Padilla.
Contrataciones en Viladecans
Iqembu S.L. se ha hecho con el control de buena parte de la red vecinal del municipio. Entre los meses de mayo y diciembre de 2025, la empresa se ha hecho con siete contratos de 2.406.870 euros, sin contar las posibles prórrogas que contemplan las distintas adjudicaciones.
El mayor volumen de facturación se concentra en la gestión y dinamización de los centros comunitarios de proximidad para los próximos dos años.
A través de tres adjudicaciones distintas, la mercantil se asegura unos ingresos de 439.005, 326.124 y 287.877 euros, superando en su conjunto el millón de euros por la gestión del Centro de Recursos para jóvenes de Can Xic, el Ateneu Entitats Pablo Picasso y el Ateneu Cultura Popular Can Batllori, respectivamente.
Can Xic, uno de los centros que gestiona Iqembu en Viladecans
A esta inyección económica hay que sumarle otro gran contrato de más de 648.000 euros destinado específicamente a la coordinación y dinamización de la Xarxa de Casals de Barri.
Mediación ciudadana y atención a la tercera edad
El desembarco de la compañía en los servicios sociales de la ciudad se completa con la externalización del soporte a la convivencia.
En este ámbito, el consistorio otorgó dos adjudicaciones mediante procedimiento abierto para proveer agentes cívicos y servicios de mediación ciudadana. Ambos acuerdos aseguran a la empresa un montante conjunto cercano a los 639.000 euros --divididos en dos partidas de 596.275 euros para el servicio de agentes cívicos y 106.605 euros para el apoyo técnico al servicio de convivencia y civismo--.
Finalmente, Iqembu alcanza incluso a la tercera edad a través de un contrato menor de 2.660 euros para realizar talleres de estimulación cognitiva en las residencias de ancianos de la localidad.
Esta inyección de capital público se produce mientras la matriz del grupo-- Iniciatives i Programes S.L.-- se prepara para enfrentarse a un macrojuicio el próximo mes de octubre en Tarragona por su presunta implicación en el desvío de fondos públicos, pago de sobornos, tráfico de influencias y la manipulación de contratos.
El caso Inipro en Viladecans
La adjudicación de estos 2,4 millones resulta especialmente llamativa por el historial reciente del municipio con el Grupo IP.
Fachada del Ayuntamiento de Viladecans
La controversia que rodea a esta red de empresas no es nueva en los pasillos del consistorio.
En mayo de 2016, agentes de la Guardia Civil irrumpieron en el Ayuntamiento de Viladecans para efectuar un registro en el marco de la 'Operación Anfiteatro', una fase policial derivada precisamente de las investigaciones del 'caso Inipro' en Tarragona.
Aquella jornada culminó con la detención del entonces primer teniente de alcalde y hombre fuerte del gobierno municipal socialista, Joaquín Guerrero, quien acabó presentando su dimisión pocos días después.
Durante la intervención, las autoridades requisaron documentación sobre los contratos adjudicados a la mercantil entre 2007 y 2008.
Salvados por la prescripción
En julio de 2024, el Juzgado de Instrucción número 8 de Gavà cerró la pieza separada bautizada como 'caso Inipro Viladecans', en la que se investigaba a 12 personas por los contratos adjudicados por el consistorio a la empresa.
La jueza instructora no exculpó los hechos, sino que dictaminó su prescripción. Los contratos bajo sospecha, que apuntaban a una alteración de precios en concursos públicos, databan de 2008.
El juzgado de instrucción número 8 de Gavà
Dado que las diligencias del caso Inipro no comenzaron hasta 2015, el plazo de prescripción de cinco años ya se había agotado en septiembre de 2013, blindando legalmente las adjudicaciones previas en el municipio barcelonés.
El juicio de Tarragona en el horizonte
Paralelamente, la empresa Iniciatives i Programes se enfrentará a la justicia el próximo mes de octubre.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Tarragona acogerá la vista oral tras 13 años de instrucción.
En el banquillo se sentarán nueve personas físicas y tres jurídicas, acusadas de hasta ocho delitos, entre ellos prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias.
Josep Fèlix Ballesteros, exalcalde de Tarragona en una imagen de archivo
Entre los acusados destacan el exalcalde socialista Josep Fèlix Ballesteros, exconcejalas y directivos del Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS).
La investigación sostiene que la empresa cobró 276.157 euros de dinero público por unos trabajos de integración de población inmigrante que, presuntamente, nunca se realizaron.
Según el juez instructor, esos fondos acabaron sufragando actividades en beneficio exclusivo del PSC, partido personado como partícipe a título lucrativo junto a la propia empresa.
