Pere Navarro y Lourdes Borrell

Pere Navarro y Lourdes Borrell EUROPA PRESS

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El Consorci de la Zona Franca y Sant Feliu firman un protocolo para municipalizar el Centre de Serveis El Pla

La operación, de carácter no vinculante, prevé su culminación antes de finales de 2027, según informan ambas entidades en un comunicado este lunes, 15 de junio

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El presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Pere Navarro, y la alcaldesa de Sant Feliu de Llobregat, Lourdes Borrell, han firmado un protocolo de intenciones que establece la hoja de ruta para la futura transmisión de la participación del Consorci en la comunidad de bienes del Centre de Serveis El Pla.

En esta línea, el acuerdo contempla la posible adquisición por parte del Ayuntamiento del 53,91% de la participación que actualmente ostenta el CZFB en este equipamiento, ubicado en el polígono industrial El Pla.

La operación, de carácter no vinculante, prevé su culminación antes de finales de 2027, según informan ambas entidades en un comunicado este lunes, 15 de junio.

Pere Navarro, delegado del Gobierno del Consorci de la Zona Franca, en la entrevista con la Cadena Cope y Metrópoli / MA

Pere Navarro, delegado del Gobierno del Consorci de la Zona Franca, en la entrevista con la Cadena Cope y Metrópoli / MA

Trabajo compartido

"Lo que hacemos hoy es el resultado de un trabajo compartido que hemos desarrollado desde hace tiempo y que expresa una idea clara: las ciudades evolucionan, las necesidades cambian y las instituciones debemos saber adaptarnos para seguir generando valor público", ha explicado Navarro.

Por su parte, Borrell ha asegurado que "el futuro Distrito de Innovación Empresarial es una apuesta de ciudad que mira al futuro, pero que también da respuesta a los retos del presente" y que sienta las bases para que Sant Feliu se convierta en un polo de talento, innovación y oportunidades.

Protocolo

El protocolo define el marco de actuaciones necesarias para llevar a cabo la operación, incluyendo la realización de valoraciones económicas mediante tasaciones independientes del inmueble y el análisis de los fondos propios de la comunidad de bienes.

Asimismo, establece la necesidad de completar los correspondientes estudios jurídicos y de obtener las autorizaciones administrativas y acuerdos internos preceptivos por ambas partes antes de formalizar la transmisión.