Jugador frente a una tragaperras
El Prat lleva al Supremo su guerra contra los locales de juegos de azar y marcará el futuro de los salones en toda España
El alto tribunal admite a trámite el recurso del Ayuntamiento del municipio tras la anulación de su veto urbanístico a las actividades bingos, casinos y casas de apuestas y sentará doctrina sobre las competencias municipales
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El Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que tumba su veto urbanístico a la proliferación de bingos, casinos y casas de apuestas.
El origen del recurso judicial se remonta a la etapa posterior a la pandemia, cuando El Prat --al igual que otros municipios como Barcelona o L'Hospitalet-- decidió utilizar su planeamiento urbanístico para blindarse y restringir al máximo la instalación de nuevos locales de juego de azar.
El objetivo principal era proteger a la población más vulnerable, especialmente a los jóvenes, ante el riesgo de adicción.
Máquinas tragaperras en una imagen de archivo
Sin embargo, la Patronal del Joc Privat de Catalunya (Patrojoc) llevó esta normativa a los tribunales argumentando que los ayuntamientos se estaban extralimitando. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) dio la razón al sector privado y anuló el plan de El Prat y de la capital catalana, alegando que la competencia para regular el juego pertenece exclusivamente a la Generalitat.
Lejos de rendirse, el consistorio pratense ha elevado el pulso hasta el Supremo.
Lo que el Tribunal Supremo deberá aclarar ahora a partir de este precedente pratense es si la autonomía local y las competencias de urbanismo son suficientes para imponer distancias mínimas, zonas de exclusión o condiciones de emplazamiento a las casas de apuestas, o si bien, corresponde a la administración superior, en este caso, el gobierno autonómico. La decisión del Alto Tribunal sentará jurisprudencia en los casos de otros municipios de toda España.
La paradoja de El Prat: una cruzada sin locales en el centro
La firmeza del Ayuntamiento de El Prat en esta batalla judicial esconde una llamativa paradoja.
Fichas de casino
Actualmente, el municipio no cuenta con ningún bingo ni casino en su núcleo urbano. De hecho, la única licencia activa para un salón de juego en su territorio municipal corresponde a un establecimiento situado en el centro comercial Splau, un complejo que, a efectos prácticos y geográficos, forma parte del continuo urbano de la vecina localidad de Cornellà de Llobregat.
Esta realidad ha sido utilizada por la patronal Patrojoc para restar valor a la iniciativa municipal. Desde el sector del juego privado aseguran estar sorprendidos por la admisión a trámite en el Supremo, ya que el tribunal ya se había pronunciado en un caso similar de Barcelona.
El sector en Catalunya
Mientras llega la resolución, el sector recuerda que Catalunya ya cuenta con una de las normativas autonómicas más estrictas de España. La Generalitat prohíbe abrir nuevos salones a menos de 1.000 metros de uno existente o a menos de 100 metros de centros educativos.
Además, existe un límite máximo de autorizaciones en todo el territorio catalán: 126 salones de juego, 75 bingos y cuatro casinos. Gracias a estas restricciones, Catalunya es la comunidad con menor densidad de estos negocios del país, con apenas 2,4 locales por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de la media española de 8,8.
Un casino en una imagen de archivo
La radiografía del sector elaborada por la Generalitat muestra que el crecimiento de los juegos de azar en Catalunya ha sido mucho más contenido que en el resto del Estado. Entre los años 2015 y 2024, el número de establecimientos catalanes creció apenas un 13,3%, impulsado principalmente por las salas de bingo que aún tenían margen legal para abrir, una cifra que contrasta fuertemente con la escalada media española, que se disparó hasta un 43,9% en el mismo periodo.
No obstante, las cifras de adicción siguen preocupando a las administraciones, ya que el informe del Plan Nacional de Drogas apunta a que uno de cada cinco estudiantes de secundaria españoles ha participado en juegos de azar presenciales pese a ser menores de edad.
