Vertidos ilegales en Sant Esteve Sesrovires
Detenidas cuatro personas por verter 46.000 toneladas de residuos de Francia en Sant Esteve Sesrovires
El Ayuntamiento abrió expedientes sancionadores por volcadas no autorizadas y se personará en la causa contra los implicados
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La Guardia Civil, junto con la Europol y la Gendarmerie francesa, ha detenido a cuatro personas por su presunta implicación en una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de residuos.
La investigación ha acreditado la introducción en Catalunya de al menos 46.000 toneladas de residuos urbanos e industriales procedentes de Francia y que se vertían de forma irregular, principalmente en suelos agrícolas de Sant Esteve Sesrovires y en varios vertederos.
A los detenidos se les imputan delitos contra el medio ambiente, falsedad documental, fraude a la Hacienda Pública, estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Daño ambiental
Los residuos se volcaban sin medidas de seguridad para proteger el medio ambiente y entraban ocultos al país bajo documentación falsa como “producto” o “tierras”-
Las analíticas detectaron hidrocarburos y metales pesados, sustancias tóxicas con capacidad de generar daño ambiental y riesgo para las personas.
Vertidos ilegales en Sant Esteve Sesrovires
Expedientes municipales
A raíz de la noticia, el Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires ha precisado que detectó actuaciones irregulares relacionadas con movimientos de tierras autorizados para una finca rústica y con vertidos de tierras no autorizados en otro terreno.
Por eso, abrió expedientes a los titulares de la licencia y a los propietarios de las fincas.
Paralelamente, puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía y del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Martorell por un presunto delito urbanístico y medioambiental.
Vertidos ilegales en Sant Esteve Sesrovires
Multa de 814.900 euros
Los expedientes administrativos abiertos terminaron en sanciones por vertidos de tierras y tala de árboles, incoadas a aprobación del Pleno municipal, con una propuesta de imposición de una multa de 814.900 euros.
A pesar de la existencia de estos expedientes urbanísticos, el Ayuntamiento ha afirmado que no fue hasta la inspección conjunta con la Guardia Civil, realizada en junio de este año, que tuvo conocimiento de la posible existencia de un delito medioambiental.
El consistorio ha asegurado, que se personará como acusación particular en el procedimiento judicial contra el presunto responsable de los vertidos.
Además, ha requerido al arrendatario de los terrenos que restituya su estado anterior.
Paralelamente, ha contratado a una empresa especializada para llevar a cabo la valoración de los daños ocasionados.
